Cinco disparos acabaron con la vida de Freddy Chavarro, personero del municipio de Puerto Rico, en Caquetá, mientras celebraba en compañía de su familia la llegada de la noche de Navidad. De esta manera, Chavarro se sumó a la lista de líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año en Colombia.

Hace unos días, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, había dicho que el homicidio de líderes sociales en Colombia se debía a problemas de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas, además destacó que estos hechos no obedecen a un asunto que deba considerarse como sistemático.

Sin embargo, el asesinato del personero de Puerto Rico, según expertos, sí demuestra que no existe una reacción lo suficientemente oportuna y adecuada por parte de todas las autoridades frente a estas muertes.

Así lo considera Rafael Rincón Patiño, expersonero de Medellín quien está convencido de la importancia de que se coordine una reacción con los diferentes órganos de control y las autoridades administrativas y judiciales en relación con lo que viene ocurriendo con las sucesivas muertes de líderes sociales y de derechos humanos.

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“La muerte del personero Freddy Chavarro nos recuerda un punto bastante difícil de la década pasada, cuando fueron asesinados muchos personeros tanto en el departamento de Antioquia como en otros departamentos de Colombia, por eso es importante que esta reacción se dé no solamente por lo ocurrido sino por la importancia que tiene el garantizar la protección a quienes se encuentran amenazados y a los más vulnerables frente a los actores criminales”, manifestó.

Además, espera que esto no tenga que ver con el debilitamiento de los órganos de control y de los problemas relacionados a la defensa de la legalidad y la independencia de la administración pública.

“Hay que entender la gravedad de que personas y ciudadanos calificados que trabajan en pro de las comunidades estén siendo asesinados. No se puede estar descalificando, soslayando, ni mucho menos sacar hipótesis sin investigaciones bien trabajadas. Tampoco se puede salir a atribuirles causas sin importancia o banales a estas muertes debido a que lo único que se gana con eso es legitimar lo que está ocurriendo y, quienes están efectuando estos homicidios, creerán que cuentan con el visto bueno de las autoridades”, aseveró Rincón.

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Por último, el expersonero reconoció que a aunque en todas partes se hace cada vez más complicada la tarea para los defensores de derechos humanos, en Colombia esta labor es aún más difícil, “pues cuando ocurren este tipo de tragedias se quedan en la impunidad sumado a que existe una especie de guerra contra los defensores y líderes sociales”.

Medidas insuficientes

De acuerdo con la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), el asesinato del personero de Puerto Rico, el atentado contra el personero de Hacarí, en Norte de Santander, las recientes amenazas contra la personera de Suárez, Cauca, y el atentado contra el personero de Florencia, también en Cauca, son algunos de los hechos registrado durante el 2017 que evidencian el inminente riesgo  al que se enfrentan los personeros municipales en el ejercicio de sus funciones como garantes de los derechos humanos y al realizar control disciplinario en sus municipios.  

De acuerdo con la organización, entre 2016 y 2017  la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido 400 solicitudes por parte de los personeros manifestando algún tipo de amenaza o riesgo, y tan solo se han asignado diez vehículos blindados,  tres vehículos convencionales, 18 hombres de protección, 50 chalecos blindados, 36 medios de comunicación (teléfonos celulares) y 16 botones de apoyo. 

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Este año la UNP ha realizado 81 estudios de seguridad para evaluar los riesgos de los personeros que han denunciado amenazas o riesgos, de los cuales 50 han sido calificados como ordinarios, entre ellos el caso del personero asesinado, y 31 como extraordinarios. 

“Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos las medidas de seguridad que están recibiendo los personeros son los chalecos blindados, los medios de comunicación y los botones de apoyo, medidas que Fenalper considera insuficientes para garantizar la seguridad y vida de una persona que por el ejercicio de sus funciones está expuesta constantemente”, aseguró Camilo Fonseca, director ejecutivo de la Federación. 

Asimismo, aseguró que las medidas de protección asignadas a los personeros que se encuentran amenazados son precarias e insuficientes para garantizarles su vida, por lo cual instó a que se tomen medidas diferenciales acordes a las realidades territoriales.

“Los personeros del país están siendo amenazados de manera recurrente por desarrollar sus funciones misionales como defensores de derechos humanos en los 1.102 municipios del territorio nacional”, expresó.

Es importante señalar que los personeros han denunciado el incremento significativo de la violencia en algunas zonas del país, ello a raíz de la implementación de los acuerdos de paz, proceso el cual desde la perspectiva de las personerías ha tenido como efectos adversos el incremento en los cultivos ilícitos, la gestación de nuevos grupos armados, el surgimiento de grupos disidentes de las Farc, entre otros fenómenos  que continúan generando violencia y temor en las comunidades dificultando la construcción de la paz en los territorios.

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Por su parte, Sandra Lorena Cárdenas, presidenta de Fenalper, manifestó que son muchos los personeros que no realizan las denuncias de amenazas en su contra por temor o porque los procedimientos ante la UNP son muy desgastantes y es constante que reciban respuestas negativas, como sucedió con el personero de Puerto Rico, quien fue calificado con riesgo ordinario y no se le asignó ningún tipo de medida para protegerlo. 

Frente a este hecho, la Federación solicitó que el caso no quede en la impunidad y se dé celeridad en las investigaciones para que los autores intelectuales y materiales del hecho asuman las consecuencias legales. 

Por último, Cárdenas pidió que se haga un pronunciamiento por parte de la UNP y su director Diego Mora con el fin de que asuman su responsabilidad, teniendo en cuenta que el personero Freddy Chavarro había elevado la solicitud por amenazas durante el segundo trimestre del 2017, la cual fue analizada y evaluada por esta entidad y por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) que posterior al análisis calificó el pasado 21 de junio el riesgo como ordinario.

Rechazo total

La Asociación de Personerías de Antioquia (APA), rechazó públicamente el "cobarde asesinato" de Freddy Chavarro, asegurando que es una verdadera lástima que en tiempos de reconciliación este tipo de atentados en contra de servidores públicos sigan ocurriendo, por lo cual exigieron a las autoridades competentes celeridad y vehemencia en las investigaciones pertinentes para dar rápidamente con los autores de este crimen.

"Los personeros somos servidores públicos de carácter municipal que vigilamos la conducta oficial y trabajamos en la guarda, protección y promoción de los Derechos Humanos, labor que Fredy Chavarro cumplía a cabalidad y lo destacó por denunciar de manera reiterativa irregularidades cometidas por funcionarios en temas de contratación en su municipio, significando esto sanciones por parte de la Contraloría General de la República, incluso para la Alcaldía de Puerto Rico", se lee en un manifiesto de la Asociación.

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De acuerdo con el organismo, no se puede permitir que sigan asesinando líderes sociales, personeros y funcionarios del Ministerio Público como consecuencia de su buena gestión, por lo cual es inadmisible pensar que quien se atreva a denunciar irregularidades se exponga a amenazas, atentados e incluso la muerte simplemente por hacer su trabajo de la manera en la cual lo exige y lo indica la ley.

"No nos dejaremos amedrentar por quienes cometen ilícitos con dineros del Estado en nuestra Nación, seguiremos en el buen ejercicio de nuestra labor sabiendo que el interés público está por encima del interés individual de cualquier persona, cuidando el erario, vigilando la conducta oficial y defendiendo siempre los derechos humanos en cualquier rincón de nuestro país", concluyo el comunicado de la APA.