Al hacer una radiografía de la situación actual del país, en temas relacionados con el Acuerdo de Paz, el narcotráfico, el Eln y las disidencias de las Farc, con ocasión de la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se cumple en Medellín, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dejó claro que el país está frente a un gran reto, consolidar un proceso que está incompleto y que necesita ajustes.

Lea: Investidura de alias santrich trastorna a Colombia

Comisionado Miguel Ceballos, cuando se firmó el Acuerdo de Paz (2016) se habló de 15.000 desmovilizados de las Farc. ¿Dónde están hoy esas 15.000 personas?

En los listados que entregaron las Farc en ese momento aparecían 15.005 personas. De ellas hoy se encuentran acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado un total de 13.068, y la diferencia se explica así: en el Gobierno anterior hubo una detección de duplicaciones y errores en los listados que en total era de 303 personas; no se acreditaron otras seis personas por aquel fenómeno que llamamos de los colados, es decir que eran personas que no pertenecían a las Farc; el Gobierno de Santos excluyó 371 personas y esta Oficina (Alto Comisionado) excluyó otras seis personas por estar vinculadas con temas del narcotráfico; también se desvincularon 144 menores de edad, que se les da el tratamiento de víctimas y no de excombatientes; actualmente 383 personas están en proceso de observación por parte del Comité Interinstitucional, compuesto por organismos del Estado, y además hay 724 personas que no se han presentado nunca para hacer parte del proceso de transición, son personas que no se han podido ubicar pese a tres planes de búsqueda que se han ejecutado junto a las propias Farc y las Naciones Unidas, y por tanto hoy corren el riesgo de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) les excluya de los beneficios si no se hacen presentes.

¿Qué tratamiento le dan el Gobierno y la justicia a esas 724 personas que no se han presentado?

Por ahora están en un régimen de transición en el cual trabajaremos de la mano con la JEP para identificarlas, pero es muy importante dejar claro que no ha sido posible ubicarlas y que una vez sean excluidas del proceso entrarían en una etapa de ilegalidad.

¿Contemplan la posibilidad de que esas personas sigan delinquiendo?

La verificación de si están delinquiendo o no corresponde a la Fiscalía general de la Nación, pero este es un primer gran paso porque ya las tenemos identificadas en las listas y por eso le hemos pedido a la Fiscalía y a la JEP que den los pasos necesarios para aclarar la situación jurídica de estas personas.

En el país existe la preocupación de que tanto las disidencias de las Farc como los frentes del Eln están creciendo. ¿Cuál es la mirada del Gobierno?

Uno de los temas que más preocupa al Gobierno nacional es que estos grupos, especialmente el Eln, haya continuado con una campaña muy agresiva de reclutamiento. Y lo peor es que esté reclutando menores de edad, lo que se ha detectado en departamentos como Chocó, Norte, Nariño, Caquetá y Putumayo, y en zonas como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.

¿Qué información tienen ustedes de los cabecillas de las Farc que se alejaron del proceso de paz, concretamente de alias iván márquez, romaña y el paisa?

Esas personas tienen una obligación moral con el pueblo colombiano porque ellos hicieron parte de ese proceso. Alias iván márquez fue jefe de la delegación de negociadores y ahora está desconociendo el proceso que él mismo ayudó a construir, está desconociendo la autoridad y está desconociendo la jerarquía de la propia Justicia Especial para la Paz, que fue creada como fruto de esos acuerdos.

El presidente Duque ha dicho que el proceso de paz es débil. ¿Por qué es débil?

El proceso de paz tiene una debilidad intrínseca y es que fue diseñado sin que hubiese el consenso nacional. Hoy ese consenso nacional debe ser construido, debe ser fortalecido por la acción de todos los actores políticos en este país, que deben reconocer que se necesitan ajustes a ese proceso y que necesita pasar por unas mejoras a través del Congreso de la República porque las deficiencias del proceso de paz se ven reflejadas en la no presencia total de la paz. Es decir, en Colombia desafortunadamente no tenemos una paz completa, quedaron grupos que no fueron incluidos en esos acuerdos y el gran reto es que todos los colombianos seamos conscientes de que la paz aún está por construir.

Voces de la oposición venezolana han denunciado la masiva y activa presencia de miembros del Eln en su territorio, actuando de la mano de las fuerzas oficiales. ¿Qué sabe el Gobierno de esta situación?

Las denuncias de los propios habitantes de los estados de Bolívar y Apure indican la presencia activa de miembros del Eln como grupo armado que está siendo tolerado por el régimen dictatorial de Maduro, por lo que el Gobierno colombiano ha exigido desde hace varios meses, a través de la Cancillería, que Venezuela entregue a esos líderes del Eln que supuestamente están allá. Hay dos circulares rojas, una contra alias antonio garcía y otra contra alias pablito, que deben ser respondidas por el Gobierno venezolano.

El narcotráfico somete a Colombia, crecen los cultivos, aumentan los homicidios relacionados con este tema y es la fuente de financiación de las estructuras criminales y grupos al margen de la ley. ¿Qué hay que hacer para parar esta industria del mal?

Ya se está haciendo. El Gobierno desarrolla una estrategia integral que combina los grupos manuales de erradicación de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo y por supuesto la aspersión terrestre con glifosato que hoy está permitida, no aérea. En ese sentido el presidente Duque ha sido claro que hay que utilizar todos los recursos que la Constitución y la Ley permiten para erradicar el combustible real de la violencia y de todos los dolores que sufre el pueblo colombiano, que es el narcotráfico. A más coca menos paz.

El expresidente Santos acaba de proponer la legalización de la droga como salida a esta difícil situación. ¿Cómo mira el Gobierno esta invitación?  

"Informes de Naciones Unidas dan unas cifras aterradoras para Colombia. Durante los años 2013 a 2017, en el Gobierno de Santos, se cuadruplicó la producción de coca en Colombia, un crecimiento exponencial que hace que Colombia sea hoy el responsable del 70% de la producción de coca en el mundo. Entonces no se entiende que el expresidente Santos pretenda ahora convencer al mundo de legalizar la droga, cuando él no la pudo combatir. Se vería muy mal ante el mundo que en este momento Colombia quiera legalizarla”.

Usted le pidió a la Fiscalía activar todos los mecanismos para la extradición de los miembros de la delegación del Eln que están en Cuba. ¿En qué va ese proceso?

La Fiscalía ha dictado órdenes de captura contra cuatro miembros del Eln que hacen parte de la dirección nacional, que como todo el país sabe se atribuyó la responsabilidad del crimen de 22 cadetes inocentes con el ataque a la Escuela de la Policía, y en ese sentido el Gobierno le ha pedido a la Fiscalía que haga efectiva esa orden de captura contra esas personas que según información están en Cuba (Nicolás Rodríguez Bautista, alias gabino; Israel Ramírez Pineda, alias pablo beltrán; Luz Amanda Pallares, alias silvana; y Juan de Dios Lizarazo, alias david piñata). El llamado y la exigencia del derecho internacional es que los tratados se cumplan, y hay un tratado de extradición vigente desde 1936 con Cuba, por lo que esperamos y confiamos que ese gobierno entregue a esas personas después de la solicitud de extradición que haga la justicia colombiana.

Otro tema preocupante para el país hoy es el sucesivo asesinato de líderes sociales. ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a este tema?

El Gobierno viene desarrollando el PAO, que es el Plan de Acción Oportuna, para la protección de líderes y lideresas sociales, del cual hacen parte los ministerios del Interior, Justicia, Defensa y la Fiscalía General de la Nación, que hoy presenta una cifra récord de esclarecimiento de estos casos cercana al 60%. Eso es importante porque allí se han identificado los responsables de esos crímenes, estando en el primer lugar las disidencias de las Farc con 29 casos, en segundo lugar el clan del golfo con 20, y en tercer lugar el Eln con 13, otros grupos armados son responsables de otros 13 casos y el resto está por esclarecer. Pero si bien la protección de los líderes es responsabilidad del Estado, también hay que identificar esos culpables en un contexto de la minería ilegal y la producción ilícita de drogas, porque hay una gran coincidencia, se han identificado entre 50 y 70 municipios en Colombia donde suceden estos crímenes, y uno de los departamentos más afectados es precisamente Antioquia.