La Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín han manifestado su preocupación con respecto a las trabas para conocer uno de los estudios que se han realizado en los últimos meses a la EPS Savia Salud.

Según Aura Marleny Arcila, presidenta del Concejo de Medellín, entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, como accionistas y propietarios de Savia, firmaron un acuerdo de confidencialidad con Proantioquia, quien financió un estudio investigativo sobre las condiciones financieras y operacionales de la EPS más grande del departamento.

La queja radica en que si bien la Junta Directiva y Proantioquia presentaron las conclusiones del estudio realizado en uno tres meses, la información que recibieron los diputados y los concejales se limitó a una interpretación de quien elabora la prueba y no permite un análisis sobre ciertas variables que a ambas corporaciones les servirían para enfocar sus decisiones en este controversial tema de crisis en la salud de los antioqueños.

“Ellos han dado informes, donde hacen un resumen que habla de tarifas, inversiones. Nos dicen y nos muestran las conclusiones pero uno no se conforma con eso, porque pueden ser sus conclusiones, pero uno necesita ver más detalles y datos”, expresó Arcila, quien enfatizó en que la interpretación de este tipo de datos muchas veces es subjetiva y planteó el ejemplo de que un médico podría tener una visión diferente a la de una contadora con los mismos resultados presentados.

La Asamblea y el Concejo han manifestado y requerido la nulidad de ese acuerdo de confidencialidad, toda vez que el asunto se representa en la rama pública y debería estar al conocimiento de los ciudadanos.

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Sin embargo, Rafael Aubad López, presidente Ejecutivo de Proantioquia, expresó que en este tipo de estudios, que no fueron contratados por los socios de Savia, sino que fueron realizados por dos empresas de consultoría privadas: “La clausula de confidencialidad se utiliza siempre en los análisis que hagan compañías expertas. Quiere decir que esas empresas que hacen esos estudios no los reparten a todo el mundo, sino que sólo se lo brindan a los responsables de las organizaciones intervenidas”.

De ahí a que la presentación en un ámbito público no haya sido posible durante la sesión conjunta de Concejo y Asamblea del 10 de abril de 2018, donde los asistentes reclamaron que se presentara la totalidad del informe.

No obstante, la presidenta del Concejo de Medellín manifestó su sinsabor al no haber sido posible que se presentara más información de donde provienen las conclusiones. La corporada comentó que la solución ante la clausula de confidencialidad por parte de Proantioquia y la Junta de Savia fue la de exponer de nuevo el estudio, situación que no la termina de convencer debido a que “en el sector privado es común que haya acuerdos de confidencialidad, pero no en el sector público donde nada debería ser privado”.

Sobre esto, Aubad aseveró que los estudios están en manos de la Junta Directiva de Savia Salud y son ellos quienes dicen qué van a tomar de este análisis y a quiénes le van a compartir parte de él para tomar decisiones, teniendo en cuenta la cláusula.

“Nosotros no estamos escondiendo nada, solamente que los depositarios del estudio deben ser los dueños de Savia y ellos deben utilizar lo que consideren pertinente. Yo no puedo entregarle este estudio a quienes no sean responsables de la compañía por un tema de debida diligencia”, finalizó Aubad.

Los concejales y los diputados han enviado comunicaciones a Comfama, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia con el fin de que les dejen conocer el documento, que para ellos está en la sombra, con el fin de dar un mejor control a las acciones sobre Savia Salud y sus 1.700.000 usuarios.