La legalización de tanto la hoja de coca como de marihuana traería múltiples beneficios para el desarrollo económico del país
Por Daniela Ruiz Zuleta
¿Puede el gobierno incentivar el incremento del PIB nacional a través de la legalización de la dosis mínima, producción y exportación de hoja de coca y de marihuana?
Vamos a empezar por decir que el Gobierno colombiano lleva más de 50 años luchando contra los cultivos ilícitos dentro del país, lo que ha tenido como consecuencia una guerra continua entre gobierno y narcotráfico. Según el diario El Espectador, Colombia produce cerca del 70% de la cocaína internacional (es importante aclarar que las cifras dadas por el medio de comunicación son basadas en estadísticas de la ONU)
A lo largo de la historia del país los grupos guerrilleros han financiado sus organizaciones con la producción, venta y posterior distribución de hoja de coca y de marihuana; por ello el expresidente Juan Manuel Santos propuso combatir la ilegalidad con la legalidad, aprobando el consumo de la dosis mínima y la producción monitoreada, para que de alguna manera las repercusiones negativas que tiene para la economía colombiana que estas organizaciones ilícitas generen este producto se mitiguen y le dé el poder al estado de generar medidas regulatorias para que la sociedad no resulte afectada por esta decisión y a su vez la cartera del país aumente por la generación de impuestos. En este orden de ideas, el narcotráfico dejaría de lucrarse de las actividades antes mencionadas y estas mismas traerían como efecto colateral el lucro del estado para ser nuevamente invertidos en el plan de desarrollo para el país.
Otra de las posibles consecuencias que tendría sería la generación de empleo digno para todos aquellos campesinos que, por el descuido del estado, las condiciones económicas y la falta de medidas proteccionistas han tenido que tomar la decisión de actuar bajo la ilegalidad; al generarse esto el aumento creciente en la tasa de desempleo tendería a disminuir y se esperará que esto aumente la productividad y por ende aumente de manera inversamente proporcional las tasas del Producto interno bruto.
En países como Canadá, Uruguay, Perú, México, Ecuador, Chile y en 39 estados de EE. UU la marihuana y/o la cocaína han sido legalizadas, ya sea para uso recreativo, terapéutico o medicinal; estos cambios en las legislaciones de países de América podría ser una oportunidad de crear e invertir en una nueva industria en Colombia. Incentivar el crecimiento del PIB haría que los inversores se sientan más confiados de financiar esta industria en el país. Sin embargo, la exportación de estos productos, a pesar de los beneficios que traería tanto para la ciudadanía como para el gobierno, por su continua regulación y la imagen social de la industria haría que tenga un crecimiento lento.
Durante el tiempo en el que se han desarrollado estos conflictos con grupos al margen de la ley, el Gobierno ha luchado de manera ferviente para eliminar estos cultivos; para esta labor ha empleado tiempo en planeación y desarrollo, dinero y personas destinadas a cumplir la misión que se les encomendó. El poder desarrollar este mercado le ahorraría al país millones en inteligencia y desarrollo militar.
Por otra parte, está el glifosato y éste es otro factor a tener en cuenta y de gran importancia cuando se habla de cultivos ilícitos, este producto es un herbicida "que ha sido clasificado por la Organización mundial de la salud como posiblemente cancerígeno para los humanos" (Greenpeace) este químico es utilizado en la erradicación de los cultivos, la posibilidad de que este herbicida deje de ser utilizado puede salvar cientos de vidas e incluso evitar la contaminación del agua y los suelos.
Se podría decir que la legalización de tanto la hoja de coca como de marihuana traería múltiples beneficios para el desarrollo económico del país, brindando incluso mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Cabe aclarar que estos beneficios se desencadenarían siempre y cuando sea un proyecto muy bien estructurado y estudiado por personas doctas en los ámbitos pertinentes. Empero, la sociedad en la que vivimos podría evitar que todo esto se desarrolle debido a que las creencias morales y culturales usualmente se confunden con el Derecho y muy probablemente esto evitará que las personas encargadas de estudiarlo para hacerlo ley tomen la decisión de no hacerlo por sus principios personales y su ética.
*Estudiante de derecho, UDEA