Diferentes interpretaciones ha suscitado en el país la participación política de las Farc sin que haya sido aprobada la Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), actualmente en trámite en el Congreso de la República.

Mientras que algunos expertos consideran que no existe impedimento alguno para que los ahora miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ocupen cargos de elección popular sin antes haber pasado por la justicia transicional, otros aseguran que, debido a que aún no tienen unas penas específicas a cumplir por los delitos cometidos, presentan inhabilidad e incompatibilidad para ejercer como servidores públicos.

Así lo manifestó el abogado y columnista Sergio Alzate, quien el próximo martes 7 de noviembre junto a Herbin Hoyos, presidente de la Federación de Víctimas de las Farc, demandarán ante la Corte Penal Internacional (CPI), el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral la participación política que se quiere tener de a. timochenko y de  algunos miembros de la desmovilizada guerrilla.

“Adicional a esto vamos a demandar porque Congreso por cárcel o Presidencia de la República por cárcel no es una pena efectiva ni real, por lo cual pediremos la intervención inmediata de la CPI en Colombia para los casos de las Farc”, apuntó el jurista.

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Debido a su aprobación como partido político, según explicó Alzate, las Farc sí pueden presentar listas de candidatos al Legislativo y al Ejecutivo, pero también demandará a esa colectividad debido a que la condición previa de su existencia es que hubiesen entregado todas las armas, “y está certificado que falta el 20% de las caletas por entregarse”.

“Hubo un fraude al debido proceso por parte del Gobierno cuando certificaron que las Farc hicieron una entrega total de las armas, pues ya Naciones Unidas había dicho que eso no ocurrió, lo que implica que esa aceptación de esa entidad como partido esté viciada y por eso contamos con 20 días para demandar ese acto administrativo”, detalló.

“Hay que cumplir lo pactado”

Ariel Fernando Ávila, abogado, politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación, consideró, por su parte que, más allá de que los colombianos estén de acuerdo o no con la participación en política de las Farc, es un acuerdo que debe respetarse y que “está pactado prácticamente desde mayo de 2016”. 

“Ahora el Gobierno no puede venir a hacer trampa, porque por eso es que le hacen paro los indígenas, los campesinos y todo el mundo, porque todo lo incumplen. Dentro del acuerdo del Tratado de Roma de la CPI no hay absolutamente ninguna contradicción entre participación política y justicia transicional. Es decir, yo creo que esto cumple los mínimos de la justicia internacional”, aseveró. 

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Sin embargo, el avezado aclaró que para hacer política los miembros de las Farc, cuando la JEP entre en función, “tienen que cumplir con el tema de verdad, reparación, garantías de no repetición y pedir perdón”. 

“No es que las Farc vayan a pasar en limpio por la justicia transicional, sino que el que no cumpla con estos requisitos mínimos pues fácil, se irá a la cárcel”, dijo.

Además, como fuerza política y posible intención de voto, según explicó Ávila, las Farc se encontrarían con varios escenarios.

“Yo considero que hay un voto de ellos muy disperso y es que el que obtendrán de viejos comunistas, viejos militantes de la UP quienes están en Bogotá y regados en todo el país. Las Farc van a tener una votación muy pequeña en muchas zonas del país, pero en algunos puntos, como el Meta, el Guaviare y algunas zonas rurales del suroriente del país veremos una votación más fuerte por ese partido político”, manifestó.

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Sin embargo, el jurista piensa que las Farc no obtendrían más de 200.000 votos, contrario a lo que opinan desde esta nueva colectividad asegurando que podrían conseguir más de un millón de sufragios en las urnas.

Además, al ser consultado por la probabilidad de que en su ejercicio político las Farc puedan tener un pie en las disidencias y otro en la legalidad, Ávila catalogó esto como un “cuento”, debido a que es algo que no se ha podido comprobar y, de ser cierto, “el fiscal general de la Nación ya los hubiera puesto tras las rejas”. 

Entretanto, el abogado reiteró que las Farc pueden hacer política sin que esté reglamentada la JEP, proceso que, explicó, se califica como de “simultaneidad”. 

“La JEP va a comenzar a funcionar por allá en mayo o junio de 2018 ya de forma correcta. Es decir, con personal contratado, edificio, computadores, entre otras cosas, porque además estamos en Ley de Garantías, entonces el Estado no puede contratar tan fácil”, precisó. 

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Y continuó: “Ya para ese tiempo un miembro de las Farc pudo haber sido elegido por voto popular para ocupar una curul en el Congreso, pero entonces comienza el proceso de declarar ante la JEP y decir la verdad, pedir perdón, brindar garantías de no repetición y reparar a las víctimas.  Eso tardaría otros seis o siete meses, sumado a otros seis o siete meses en los que la justicia transicional investigue que realmente cumplieron con esto para luego proferir sentencia”.

Lo que quiere decir que, según Ávila, para mayo de 2019, cuando miembros de las Farc lleven más de un año en el Legislativo, la sentencia de la JEP diría si efectivamente dijeron la verdad y cumplieron con todo lo anteriormente mencionado, lo que les permitiría seguir siendo parlamentarios o, por el contrario, perder todo derecho político e ir a prisión. “Eso se llama simultaneidad entre justicia transicional y participación política”, culminó.

Y los menos visibles…

Poco se ha conocido del paradero, desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, de miembros del exsecretariado de las Farc como alias joaquín gómez, alias mauricio jaramillo o el médico y alias pablo catatumbo. Sin embargo, algunos analistas explican que, por seguridad, están manejando un bajo perfil pero se están moviendo dentro del ámbito político.

El coronel (r) del Ejército Nacional, John Marulanda, miembro de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), explicó que la gran mayoría de estos excombatientes están temerosos de su seguridad, “al punto de tenerle que solicitar apoyo al G2 Cubano para que los proteja”.

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“El Estado colombiano ha desplegado también lo que está a su alcance para garantizarles la seguridad a estas personas, pero son tantas las amenazas, es tanto el odio que sembraron, que ellos mismo saben que cualquier medida preventiva no alcanza a cubrir sus necesidades”, dijo el oficial (r).

Manejar un bajo perfil, según Marulanda, es una medida básica de seguridad para personas  que han actuado en la insurgencia, además de estar moviéndose y desplazándose constantemente para no ser ubicados de forma sencilla.

“En el caso de las Farc el bajo perfil les permite, primero estar más seguros, y en segundo lugar continuar con su actividad delincuencial, y yo soy uno de los que creo eso, así muchos digan que se han dedicado a hacer pedagogía de la paz; una paz que, para ellos, es que se cumpla lo que ellos digan”, aseveró el coronel (r).

No obstante, el líder sindical Igor Díaz, de Sintracarbón, aseguró que excabecillas de la desmovilizada guerrilla, como alias joaquín gómez, se mueven en La Guajira con el protocolo de las Naciones Unidas.

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“En el mes de mayo de 2017, aproximadamente, representantes de nuestra organización tuvimos la oportunidad de estar con él en una interlocución de más o menos una hora en la que no sólo hablamos del Proceso de Paz sino del compromiso que, a pesar de los tropiezos, manifiestan tener con el país”, expresó Díaz.

Un encuentro formal que desde Sintracarbón quisieron tener para conocer cómo se gestó el Acuerdo de Paz y la posición de los exguerrilleros frente a los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional.

“De esa reunión también pudimos entender que hasta que no se proclamaron como movimiento político ellos no tenían autorización del Gobierno de hacer presencia en actos públicos, aunque estaban trabajando, con representantes de Naciones Unidas, por alcanzar los acuerdos de La Habana”, concluyó.

“En urnas se vence a las Farc”

Tras la inscripción de las Farc ante el Consejo Electoral para convertirse en partido político  y formalizar su ingreso a la democracia colombiana, el director único de la U, Aurelio Iragorri Valencia, le advirtió a los colombianos que no hay que tener miedo frente al nacimiento de esa colectividad y  pronosticó que  el partido del presidente Juan Manuel  Santos  vencerá en las urnas a esa nueva fuerza política.

“El pueblo colombiano castigará  con sus votos  en las próximas elecciones  a ese partido político”, dijo en manera enfática en su mensaje a los colombianos. 

Iragorri descartó, además, cualquier posibilidad de alianza con las Farc durante las próximas elecciones legislativas de 2018 y reiteró que el único compromiso que existe es derrotarlos en las urnas, aunque prefiere verlos participando en política que matando gente, según sus palabras.  

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“Esa es la esencia del Acuerdo de Paz que se firmó luego de  dejar las armas. No pudimos derrotar a las Farc a través de una guerra que desangró al país durante 52 años, ahora lo haremos en las urnas”, manifestó. 

Además, el director de la U le hizo saber a los demás grupos armados que aún se encuentran en la clandestinidad que es haciendo actividad proselitista con base en políticas claras como se  construye la democracia y no con las armas.

“A los colombianos los invito a que en las elecciones del año próximo no tengamos miedo a la hora de salir a votar. Ese día, con sentido patriótico, vamos a ir en familia  a refrendar nuestros principios democráticos en las urnas”, concluyó. 

El Jefe del partido de la  U también reiteró el compromiso de su colectividad frente a la agenda de paz que se tramita en el Congreso y añadió que tanto senadores como representantes a la Cámara asistirán a las plenarias para seguir aprobando el proyecto  de Ley estatutaria  de Justicia Especial para la Paz y la Reforma Política.