Después de un proceso de resocialización de seis meses, 40 exhabitantes de calle se reincorporan a la sociedad, a través de una ceremonia de graduación en la que recibieron un certificado que da constancia de “su compromiso y  esfuerzo por mejorar su calidad de vida”.

De acuerdo a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, los 40 exhabitantes tuvieron acompañamiento y orientación por parte de un equipo conformado por médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y educadores, lograron restaurar su vida y sus relaciones familiares, y reincorporarse nuevamente a la sociedad.

Así, el equipo interdisciplinario habría evaluado la obtención de los logros de los mismos, bajo criterios como la reducción del daño, el cumplimiento del reglamento del programa y avances en los niveles de autocuidado y autonomía.

“Terminar este proceso de resocialización es un logro que anhelé. Le agradezco a la Alcaldía de Medellín porque con estos proyectos les cambian la vida a las personas que más lo necesitan, como lo hicieron conmigo. Soy una persona nueva, llena de esperanza y metas”, manifestó William Castañeda, exhabitante de calle.

Lo anterior, así como la campaña que se lidera desde esa misma cartera para que los ciudadanos no le den limosna a los habitantes de calle, hace parte del programa Atención e Inclusión para los habitantes de la calle, mientras que la forma como la Administración intenta resocializarlos es el sistema de atención al habitante de calle.

Así, el proceso que vivieron estas 40 personas hacen parte de un modelo de control de daños, mediante el cual “hay todo un enfoque de reducción de daño, donde reciben talleres, todo el tema ocupaciones, recreación y actividad física y se les va preparando para el tema de empleabilidad. Estas personas cuando logran cinco etapas establecidas en seis meses, ya ellos se les deriva a un siguiente componente que es el de seguimiento y preparación para el egreso, con actividades técnicas como la ebanistería y la confección. El tema de jardinería también”, explicó María Adelaida Storti Calderón, profesional encargada de la política pública y social para los habitantes de la calle.

El proceso ocurre desde diferentes ámbitos, primero desde que 18 educadores y la coordinadora del programa salen a las calles a hacer pedagogía con los mismos, mostrarles las posibilidades y persuadirlos sobre la necesidad de buscar otro camino, luego y cuando estos aceptan de manera voluntaria son llevados a Centro Día 1 y 2.

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Algunos con problemas de farmacodependencia y otros que no, la decisión de continuar en el proceso también parte de su decisión. Por ello también existen tres granjas y convenios con tres instituciones para el manejo y tratamiento para los farmacodependientes, y una última fase que es la de resocialización, que implica mayores acciones y compromiso por parte de la persona.

Centro Día 1  tiene una capacidad instalada de 400 usuarios en las horas diurnas y en la noche de 100. Mientras que Centro Día 2 tiene una capacidad de 1.200 en la mañana y tarde y para dormir 400. El componente de resocialización tiene una capacidad de 80.

¿Cómo debe ser la intervención?

En la pasada Administración Municipal, entre 2012 y 2015, se planteó una forma de atención a los habitantes de calle diferente, en la cual partiendo del Código de Policía, estos podían ser considerados como contraversores sociales, con lo que la Alcaldía podía tener un control de tipo represivo, al poder recogerlos de la ciudad y brindarles atención, incluso si no estaban de acuerdo.

De esta manera se involucraron “las secretarías que teníamos que ver con el tema eran Gobierno, Seguridad, Inclusión Social y familia y Salud. Eso evidencia la importancia que tiene la importancia integral de los habitantes de calle desde el abordaje de grupos vulnerables, esto es un problema de salud pública y tiene que tener abordaje como tal, ellos no son delincuentes”, señaló Luis Fernando Suárez Vélez, exvicealcalde de gobernabilidad de Medellín.

Por ende, se creó el Sistema de Protección a la Vida y los centros para este fin, donde eran llevados una vez eran recogidos de las calles de la ciudad, basados en que “le corresponde al Estado protegerlos”, porque si bien pueden hacer uso del espacio público, “también tiene que regularlos, entonces expedimos un decreto que nos permitía recogerlos y llevarlos a los Centros de Protección a la Vida y allí eran intervenidos por médicos, trabajadores sociales y psicólogos”, detalló Suárez.

Cerca de 500 de estos habitantes de calle fueron internados en el Hospital Mental de Antioquia, en proceso de recuperación y rehabilitación, lo cual fue calificado como un hito.

“Desafortunadamente la actual Administración llegó a desmontar esto. Este es una de los reclamos que esta sociedad le debería estar haciendo a la Alcaldía; las consecuencias ya se ven hoy porque yo creo que se les creció la problemática”, opinó el exvicealcalde.

En ese momento se destinaron cerca de 30.000 millones de pesos para financiar el proceso de recuperación de estas personas.

Por su parte, la Secretaría de Inclusión Social señaló que como se aborda en la actualidad es "un modelo basado en la reducción de daños, que quiere decir que nosotros no somos un modelo libre de drogas, que hace una reducción progresiva de consumo hasta conducirlos al corte y suspensión de la sustancia, si así lo desean. En la granja tres tenemos convenio con otra entidad que trabaja el tema de rehabilitación que es Hogares Claret", sostuvo María Adelaida Storti Calderón.

El programa pasó de tener un presupuesto de 13.801.022.970 millones de pesos en 2012 a tener 39.680.270.498 en 2015, incrementando las atención de 4.494 en ese año a 10.936 en 2014. A noviembre de 2015 se registraron 1.330 personas identificadas como tal en las calles, 633 bajo modelos de atención abierta y 961 en atención cerrada o institucional, con un total de 2.924 habitantes de calle como la población total identificada.

Jorge Mario Ruiz, especialista en farmacodependencia, magíster en psicología clínica y coordinador del servicio de patología dual durante las dos Administraciones Municipales anteriores, explicó que el programa consistía en que “los que cumplían el perfil de tener un trastorno por consumo de sustancias y una enfermedad mental, eran remitidos hacia el Hospital mental de Antioquia en donde funcionaba el programa de diagnóstico dual de atención multimodal para personas de calle. Lo que se hace es hacer una intervención integral de las diferentes áreas  del individuo, teniendo en cuenta que hay una parte física, psicológica, social y que estas áreas de funcionamiento en las personas muchas veces están bastante deterioradas”.

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Ruiz recordó que en su momento estos habitantes de calle, “la mayoría de veces llegaban bajo efecto de sustancias o en situaciones en las que no podían comprender y determinar su comportamiento, sus acciones, entonces estaban psicóticos y tenían una alteración de la consciencia, entonces eran ingresados por urgencias y hospitalizados en el servicio de hombres o de mujeres. Duraba entre dos y tres semanas”, momento en el cual se le consultaba a las personas si querían continuar con el proceso.  

Es así como se plantea la discusión sobre si el modelo actual funciona o no, teniendo en cuenta que anteriormente los habitantes de calle que consumían en exceso eran conducidos a centros de atención en contra de su voluntad.

"El consumo crónico de sustancias afecta los procesos cognitivos relacionados con la toma de decisiones. Principalmente altera el proceso de la función ejecutiva, la cual es la encargada de planear, organizar, estructurar y ejecutar las acciones y de verificar si las decisiones son las más adecuadas. Las personas así, según estudios científicos, no tomas decisiones adecuadas”, explicó el psicólogo.

Y es que en la condición en la que se encontraban los mismos, era “poco probable que tomaran la decisión de ingresar a un dispositivo de tratamiento de manera voluntaria, es por eso que se hizo uso de la conducción de las personas hacia el sistema especial de protección a la vida, para que allí con pleno uso de consciencia pudieran decidir si querían o no tratamiento”, relató.

En contraste, el modelo se controvierte porque según la Administración actual no todos necesitan la misma ayuda. “Una cosa es quién necesita tratamiento en farmacodependencia y otra cosa es quién quiere. Nuestra población tiene un porcentaje alto de consumidores de sustancias, más o menos el 90% de consumo, pero eso no quiere decir que todos son abusadores o dependientes (de las drogas), porque hay una gran diversidad de tipos de consumidores”, puntualizó la profesional encargada de la política pública y social para los habitantes de la calle.

“No todos quieren asumir una ayuda y por eso nosotros tenemos una variación de modelos de atención. Desde la mitigación y la superación”, remató Storti Calderón.