Formalizar es el verbo que más se conjuga en la actual Administración Departamental cuando de minería se habla. De hecho, el mandatario seccional, Luis Pérez Gutiérrez, ha buscado aprovechar cada insumo legal para lograr que los mineros artesanales, ancestrales e informales de la región alcancen algún estatus de legalidad.

Pero no ha sido una tarea fácil. Por un lado, la coincidencia en los territorios de grupos al margen de la ley que ejercen por igual la extracción ilegal de minerales y los cultivos ilícitos dificulta los procesos de certificación de los verdaderos mineros y, por otro lado, las normas existentes para lograr la formalización son pocas.

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“El Código de Minas creo que se quedó corto con la figura de formalización minera”, afirmó, en diálogo con ELMUNDO.com, la secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvin Agudelo.

Esta última razón fue la que llevó al gobernador Pérez Gutiérrez, a pedirle al presidente Iván Duque, que le entregue a Antioquia la potestad de declarar Áreas de Reserva Especial para la minería, labor que en la actualidad es potestad de la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que a juicio de Pérez implica para los pequeños mineros “un tortuoso peregrinaje burocrático” para legalizarse.

Para la secretaria Balvin Agudelo, si Antioquia tuviera también la delegación para declarar las AREs, además de hacerlo con la misma responsabilidad que hoy día lo hace la ANM, “podríamos solucionar más fácil las solicitudes a los pequeños mineros” porque “conocemos el territorio”.

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¿Por qué le hizo el Gobernador el pedido al Presidente Duque de que le entreguen a Antioquia la potestad de declarar Áreas de Reserva Especial (AREs) para la minería?

Estamos buscando varios mecanismos para la formalización minera en Antioquia. Realmente la norma da muy poquitos mecanismos. El Código de Minas creo que se quedó corto con la figura de la formalización minera, porque solamente estamos hablando de, primero, subcontratos de formalización que son a voluntad del titular. Nosotros como secretaría de Minas, que trabaja de la mano con el Ministerio, tenemos que esperar que el titular conceda que quiere formalizar a unos mineros que están trabajando dentro de su título; nosotros intermediamos pero no podemos obligar a ninguna de las partes; es un tema entre particulares. Segundo, los contratos de operación, como los que hace Zandor (Gran Colombia Gold) con los mineros que tiene dentro de su título, que son contratos entre las partes. En este momento, ellos tienen 30 contratos de operación. Y tercero, tenemos la cesión de áreas que es una excepción, que fue lo que hizo Mineros S.A. que creo que es un ejemplo. Mineros S.A. cedió 250 hectáreas de su título y entregó tanto la propiedad como el título, y se están beneficiando dos asociaciones, Emijom y Emicut, y estás a su vez benefician a la fecha más o menos a 700 personas divididas en 23 unidades productivas en el municipio de Zaragoza.

¿Y las AREs cómo inciden en la formalización?

Son la otra manera de legalizar, porque no tenemos más herramientas. La Agencia Nacional de Minería tiene la potestad de asignar estas áreas especiales a pequeños mineros o grupos de mineros que están en el territorio antes de 2001. Nosotros no podemos declarar AREs, como Secretaría de Minas solo nos informan. Esta es una necesidad sentida del territorio pero es la ANM la que dice si un Área va o no va.

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¿Por qué debería Antioquia tener el manejo de ese instrumento?

Lo que dice el Gobernador es que si nosotros somos los dueños del territorio, sabemos la situación en que estamos, sabemos la problemática, pues que nos permitan tener este instrumento; no es el único instrumento de  ley, pero hace parte de lo que hay; y aquí tenemos una problemática muy sentida en el Bajo Cauca. De hecho, dentro del Plan de Desarrollo del señor Presidente nosotros presentamos un parágrafo, y también lo presentó el Ministerio, donde dice que se nos deje tener unas AREs donde los pequeños mineros que están allí puedan trabajar con su maquinaria legalmente, con unas licencias ambientales transitorias, porque las AREs todavía no tienen definido instrumento ambiental. El señor Gobernador le dijo al Presidente que este era un trámite tortuoso para el pequeño minero, que tenemos un problema en el territorio de ilegalidad y de informalidad, que los trámites ambientales también son muy demorados, pero que la ley no ha cobijado o no ha reconocido el territorio.

¿Entonces la secretaría de Minas no ha tenido injerencia en las tres AREs que están a punto de firmar contrato de concesión, en Venecia, Tarazá y Tarso?

Nosotros tenemos que seguir con la segunda parte del trabajo, que es el acompañamiento técnico a los pequeños mineros. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un acompañamiento para los permisos ambientales porque no es tan fácil. Ellos tienen que tener por dos años una viabilidad ambiental, una viabilidad de su trabajo para que les entreguen el título. Nosotros los acompañamos pero no les hacemos el trabajo ni los financiamos. Los instrumentos jurídicos para formalizar son muy estrictos. En Antioquia tenemos 42 solicitudes y hay siete en trámite, muchos de ellos desde 2016. Lo ideal sería, mientras se cambia el Código de Minas, que se acepte el parágrafo que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo.

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¿Si ustedes tuvieran el manejo de las AREs sería todo más fácil para el minero?

Si tuviéramos ese manejo sería una gran responsabilidad, porque hay que hacerlo con toda la seriedad, la firma la haría el señor Gobernador como cuando hay una concesión nueva; pero creemos que podemos porque conocemos el territorio y podríamos solucionar más fácil las solicitudes a los pequeños mineros”.

La ANM dice que es rigurosa porque los mineros se excedente en la potestad de ir explotando mientras se legaliza…

Ese es el problema. Por eso son tan reservados en el tema. Ellos dicen que han tenido experiencias poco agradables alrededor del país, primero, porque desde antes de que se aprueben las AREs los mineros trabajan; segundo, porque se vinculan personas de otros sectores a financiar las tareas para volverlos viables; tercero, han encontrado  dificultades en los trámites porque las alcaldías tienen que probar que la gente está desde antes de 2001, y no todo el mundo lo cumple, por eso debe ser tan estricto, ha pasado mucho tiempo y han encontrado que la gente presenta unas certificaciones que luego, cuando se hacen los estudios, encuentran que no son verdaderas. Si el trámite lo tiene Antioquia, lo seguiremos haciendo rigurosamente.

¿Cómo ha impactado las tareas de formalización la suspensión del Decreto 933 por parte del Consejo de Estado?

El Decreto 933 de 2013 solucionaban en Antioquia gran parte de la minería ancestral, es más, había un laboratorio, como lo llamaba el Ministerio, con unas legalizaciones en el Bajo Cauca, específicamente en Cáceres, donde unos mineros que son dueños del territorio ya tenían casi lista la viabilidad ambiental, pero llegó el Consejo de Estado en 2015 y lo suspendió y lo congeló. Esos mineros están en el limbo. Ellos son los que piden al Gobierno Nacional que puedan trabajar. De ahí nació la solicitud para el Plan de Desarrollo para que puedan trabajar con maquinaria.

¿Y es que, al ser pequeños mineros, en las AREs no se permite la maquinaria?

En las AREs no se pueden trabajar con maquinaria según la norma, pero la realidad es otra, ya la gente no arranca la yuca con la mano, todo es tecnificado.