Anunció esta semana el presidente electo, doctor Iván Duque, su intención de promover la realización de un referendo para reformar la constitución y facilitar la imposición de la cadena perpetua a los violadores de menores. Es ya una vieja propuesta que antaño lideró la fallecida dirigente Gilma Jiménez y que posteriormente y por algún tiempo, sostuvo una de sus hijas. Desde esas épocas viene mi oposición a tal decisión, lo que hará que reviva en este artículo ya argumentos esgrimidos.

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He sostenido en mis labores académicas y en artículos de prensa una tesis que plantea el académico Hernando Valencia Villa en su muy difundida obra: Cartas de batalla sobre la manía colombiana de reformar reiteradamente la Constitución, convirtiendo normas que están llamadas a perdurar, en normas de fácil cambio. Sostiene Valencia Villa que esa “reformitis” aguda que mantenemos, se debe al interés de los gobernantes por distraer la atención de los gobernados para no enfrentar los verdaderos problemas que tiene y padece el pueblo colombiano. Verdad incontrastable. Para muestra un botón: el expresidente Álvaro Uribe le planteó al pueblo un referendo el mismo día de su posesión el 7 de agosto del año 2002 y de allí en adelante todos nos dedicamos a opinar si nos gustaba o no la propuesta gubernamental. Concluido ese episodio el primer mandatario nos puso a debatir sobre una nueva reforma constitucional, la de la reelección presidencial. Así nos entretuvimos hasta que en su segundo mandato nos llevaron a discutir sobre la posibilidad de una segunda reelección. Una manera inteligente y muy utilizada de distraer la atención de los ciudadanos. 
El doctor Iván Duque ya nos anunció su reforma distractora: cadena perpetua para violadores de niños, que seguramente será reforzada por las que nos anuncian algunos legisladores del Centro Democrático buscando desmontar los acuerdos de paz. Del siete de agosto en adelante nos dedicaremos a opinar con pasión y ardentía sobre estas propuestas, mientras Gobierno y Congreso deciden sobre otros temas: pensiones, régimen electoral, salarios, reforma tributaria, etc. 
Imponer la cadena perpetua a violadores de niños no pasa de ser lo que nuestros abuelos denominaban “alegrías de gallo capón”. En un país donde la impunidad es tan alta, que incluso para algunos es cercana al 95%, aunque Néstor Humberto Martínez el día de su posesión como fiscal general dijo que era del 99% y donde el Dane dijo hace tres años, tras encuestas realizadas, que el crimen oculto en Colombia era del 76%, es decir, que solamente se denunciaban el 24% de los delitos cometidos y de este porcentaje una buena cantidad de denuncias no concluían con condenas a los responsables, esta propuesta es una ilusión, una quimera. En ese mismo acto, el posesionado fiscal, reconoció que luego de Filipinas y México, ocupábamos un vergonzoso tercer lugar en impunidad en el mundo. 
De manera pues, señor presidente, que la fiebre no está en las sábanas. ¿Para qué cadena perpetua a violadores de niños si nuestro sistema judicial escasamente condena al 5% de los responsables de estos delitos? También es necesario evaluar las equivocadas decisiones de nuestra justicia que en veces, por razón de los testigos falsos, lleva a la cárcel a personas inocentes. Basta recordar el caso de Luis Alfredo Garavito que cuando fue capturado y confesó sus terribles delitos, ya nuestra justicia tenía nueve inocentes en la cárcel.

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Penas altas, efectividad en la justicia, seriedad en las investigaciones, prohibición de rebajas y tratamientos benévolos a los inculpados, deben ser las preocupaciones del primer mandatario electo y no este populismo punitivo que a nada conducirá.