Con la decisión del cabildo que sesionaba en Quibdó se ordenó el levantamiento de la inmovilización que vivía el Chocó desde hace 18 días, con lo cual el Gobierno logra desactivar uno de los tres grandes paros que afectan al país. Quedan por resolverse las situaciones de Buenaventura y del magisterio.

Al cierre de esta edición delegados del Gobierno e integrantes del Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó acordaron una inversión adicional a la que ejecuta el Ejecutivo por $440.000 millones para avanzar en la pavimentación de las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín hasta 2022. Los recursos restantes para su culminación están estimados en $280.000 millones, los cuales se priorizarán en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018.

En salud, el Gobierno nacional invertirá $84.726 millones en diferentes proyectos de infraestructura médica mientras que la Gobernación aportará $12.000 millones. De igual forma, el 12 de junio se entregará el mapa de Belén de Bajirá a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, decisión que generó un fuerte rechazo en Antioquia.

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Este paro se inició el 10 de mayo cuando manifestantes de diferentes municipios de Chocó se congregaron en Quibdó para una acción que fue la segunda en menos de un año, logrando reunir hasta 100.000 habitantes que reclamaban por la falta de institucionalidad que ha afectado a este territorio.

Dilón Martínez, secretario ejecutivo del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, aseguró desde un inicio que el objetivo fundamental del paro era poderle expresar abiertamente al presidente Juan Manuel Santos Calderón su agotamiento.

Sin embargo, para los chocoanos el Gobierno seguía incumpliendo con los diez puntos que acordaron en agosto de 2016, ya que solamente se logró un avance del 5% después de cumplirse nueve meses. Estas peticiones tienen que ver con salud, infraestructura, educación, interconexión eléctrica, deportes, cultura, saneamiento básico, derechos humanos, política pública, seguridad y fortalecimiento institucional.

En Buenaventura se mantiene
Buenaventura, Distrito Especial del Valle del Cauca, que cuenta con 450.000 habitantes, y donde está ubicado el principal puerto de Colombia en el Pacífico, se ha visto convulsionado por un paro cívico que inició desde el pasado 16 de mayo y en el que ha tenido que intervenir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para frenar las acciones de violencia y los saqueos a los comercios. Cabe señalar que el 20 de mayo fueron detenidas por las autoridades cerca de 80 personas.

Los bonaverenses exigen fundamentalmente mejoría en agua potable, salud, educación, seguridad y empleabilidad. Durante los dos últimos años se han generado cerca de 215 interrupciones por falta de agua. Debido a ello, el secretario general de la Presidencia de la República, Alfonso Prada Gil, anunció que se está consolidando una inversión por $37.000 millones para el mejoramiento de las plantas Loma Alta y Venecia.

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Gracias a esta gestión se lograría poner en marcha la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Venecia, que debía estar lista a finales de mayo, pero que debido al paro está paralizada. De igual forma, la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Escalerete debería entregarse en agosto. El secretario general de la Presidencia también dio a conocer que tienen apalancadas las “inversiones para el plan maestro por cerca de $170.000 millones”.

No obstante, el Comité de Paro Cívico de Buenaventura señala que no tienen garantías del Gobierno en que las promesas se vayan a cumplir. Además, piden que se declare la emergencia social, económica y ambiental de la localidad, lo que el Ejecutivo nacional considera imposible. La Cámara de Comercio del Puerto de Buenaventura calcula que por cada día de paro se pierden alrededor de $12.000 millones.

Magisterio y sector público
El paro nacional del Magisterio, mientras tanto, sigue vigente en todo el país. Miles de educadores y educadoras realizan caravanas, ciclorrutas, movilizaciones, concentraciones, marchas de antorchas y jornadas deportivas, entre otros. Cabe recordar que empezó desde el pasado 11 de mayo y el cese de actividades ha afectado a más de 8’000.000 de estudiantes de colegios públicos a nivel nacional.

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Rafael Cuello Ramírez, secretario general de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) dijo que la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico han dejado de recibir desde 2001 hasta la fecha alrededor de $132 billones “de los cuales $72 billones eran para educación”, por lo que los educadores recalcaron que debería haber un incremento en la inversión pública para este sector en el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), las peticiones de los maestros se relacionan con política educativa, la carrera docente, el aspecto económico, la salud, las prestaciones y el bienestar institucional.

En el aspecto salarial, Fecode hasta el momento ha propuesto que el aumento debería ser de un 35% para quienes ganen más de $1’500.000, mientras que el Ministerio de Educación propuso un 6%. En contraste, para quienes ganen menos de $1’500.000, el Gobierno planteó de bonificación un 12% y el gremio un 50%. Los profesores buscan nivelarse económicamente al resto de empleados estatales.

Por su parte, la jefe de la cartera de Educación, Yaneth Giha Tovar, había dicho que la nivelación salarial “implica doce puntos por encima del incremento de los demás trabajadores públicos del país. Ya hemos hecho el aumento en seis puntos y está pactado que terminemos ese incremento en 2019”.

En las negociaciones de Fecode con el Ministerio de Educación, durante los días miércoles y jueves de la semana pasada se desarrolló un trabajo con comisiones, en donde se abordaron temas como las relaciones técnicas alumno-docente y la financiación de la educación pública. No obstante, el sindicato educativo argumentó que el Gobierno no convocó a Fecode a la mesa de negociación principal. “Por ello, no hay avance alguno en el proceso”.

De igual forma, en conjunto con los maestros se encuentran en paro los empleados públicos por el congelamiento de salarios, quienes también le propusieron al Gobierno un aumento salarial de 0,65%. No obstante, las Centrales Obreras y las Federaciones plantearon que no era aceptable un incremento inferior al 4,25%.

El pasado viernes al término del segundo día tras el reinicio de la Negociación Colectiva del Sector Público, la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, afirmó que el martes 30 continuarán las conversaciones con las distintas centrales obreras. Por último, el presidente Santos Calderón invitó a todos los gremios y comités que se encuentran en paro “a persistir en los diálogos para llegar a un acuerdo”.