Lleva cinco días el paro cívico convocado en Buenaventura con el fin de que el Estado atienda las necesidades de tipo social y económico de este territorio. A pesar de que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta, rechaza los actos vandálicos que se han presentado y de igual manera señaló que habrá mano firme para garantizar que la delincuencia no se tome este puerto.

El secretario general de la Presidencia de la República, Alfonso Prada, en compañía del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, declaró que tras la asonada ocurrida en la ciudad vallecaucana, se realizó este sábado un Consejo de Seguridad encabezado por el Comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y dio un parte de tranquilidad en Buenaventura.

El secretario de la Presidencia recordó que hace diez días llevaba un proceso de diálogo con el comité y promotores del paro “tuve la oportunidad de acompañar una delegación que estuvo especialmente escuchando a la comunidad”, explicó Prada y agregó que también se les entregó un informe sobre las inversiones en materia de salud. De igual forma analizaron las inversiones en vivienda, en agua, en educación y en otras áreas.

Además expuso que “hay una inversión que precisamente va a conectar el agua continuamente. Se van a hacer unas pruebas para invertir cerca de $37.000 millones en dos plantas de agua, la de Loma Alta y la de Venecia, que nos permitirían superar parte de los traumatismos que tiene el municipio, como lo es la interrupción”.

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En los dos últimos años se han presentado cerca de 215 interrupciones por la falta de agua “tenemos además apalancadas las inversiones para el plan maestro por cerca de $170.000 millones”, sostuvo.

Por eso el Gobierno Nacional lamentó que se levantaran de la mesa intempestivamente los promotores del paro, ya que hay voluntad de diálogo “y lamentamos que además la protesta termine sin control, en una asonada que perjudica a todos los habitantes del Distrito de Buenaventura", añadió Prada.

También señaló que el presidente Juan Manuel Santos ha encomendado garantizar el derecho a la protesta, sin embargo, a su vez lograr prevalecer el resto de derechos de la población para que vivan dignamente y en paz.

“Hay cerca de 80 personas capturadas, entre ellas varias que tenían en su poder material que fue hurtado el día de ayer y se trabaja no sólo para recuperar la tranquilidad, sino también para que haya garantías de trabajo, de desarrollo, de vida digna”, comentó el funcionario.

Por su parte, el jefe de cartera de Ambiente, Gilberto Murillo confirmó que ya han tenido diálogo permanente con la comunidad del Pacífico “les hemos escuchado en múltiples oportunidades, les hemos presentado informes técnicos de los avances de los programas que estamos desarrollando en Buenaventura y hemos participado en múltiples escenarios donde hemos construido soluciones de manera conjunta, pero así mismo mantenemos esa disposición de dialogo para que podamos avanzar con programas sociales”, esto con el objetivo de disminuir la brecha que tiene Buenaventura con el resto del país.

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“Se trata que construyamos estos diálogos en el marco del respeto y de la civilidad para que estas soluciones le lleguen a la población como efectivamente lo estamos haciendo y para que juntos con los líderes de Buenaventura, la institucionalidad, la Gobernación, los empresarios y entre todos podamos sacar a Buenaventura adelante”, concluyó Murillo.

Por su parte, Dairon Gómez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) dijo que desde este gremio avalan la protesta social, sin embargo rechazan “todo acto de vandalismo y de violencia de cualquiera de las partes, tanto de los bonaerenses como de las autoridades, ya que esto desfigura el derecho a la debida manifestación de la comunidad”.

Para la ATC, es equivocada la decisión del Gobierno de atender esta situación por medio del Esmad, “porque esta es una muestra de la falta de capacidad del Estado y del presidente Juan Manual Santos, a brindar soluciones de fondo a los problemas sociales del país, por lo que rechazamos su intervención en la ciudad, ya que esto, fue lo que generó los brotes de violencia entre la comunidad”, indicó Gómez y recomendó a los transportadores no prestar servicio hacia el puerto de Buenaventura, hasta tanto no vuelva la situación a su completa normalidad, “ya que no se muestran garantías de seguridad para los conductores, e incluso se han presentado casos de ataques a caravanas que han salido o entrado a la ciudad”.

Según las cifras finales registradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), en 2016 por el puerto de Buenaventura se importaron 12’709.988 y se exportaron 3’115.224 toneladas de carga, lo que corresponde al 26,1% y al 2,1% de las importaciones y exportaciones realizadas por el país desde todos los puertos.

Lo que significaría que con la paralización del puerto de Buenaventura se estaría viendo afectada de forma diaria en promedio 34.822 toneladas de carga proveniente de importaciones y 8.536 toneladas para las exportaciones, aspecto que en la medida que la parálisis se extienda en el tiempo afectaría de manera significativa la economía del país.

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Para estos cinco días de paro en el puerto se han visto afectadas 174.109 toneladas de carga de importaciones y 42.680 toneladas en carga represada que no ha podido llegar al puerto para las exportaciones.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Buenaventura informó que durante el primer día de paro, esta ciudad dejó pérdidas económicas por más de $10.000 millones. Los principales establecimientos afectados han sido los de tipo comercial y alrededor de 2.600 tractomulas ingresan diariamente a este Puerto. En total, 15'825.212 toneladas movió este terminal en 2016.