Tras recibir, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la queja de los gobernadores indígenas de Bojayá, sobre la muerte por desnutrición de 53 niños, durante seis meses, en solo ocho resguardos de ese municipio, llevamos a cabo, el año pasado, una importante serie de brigadas de salud y nutrición en los municipios más afectados del Chocó y varias audiencias públicas en las cuales las víctimas chocoanas alzaron la voz para denunciar su situación real, frente a la negligencia de todas las autoridades. Acudimos, entonces, a los estamentos gubernamentales para exigir la protección de la comunidad chocoana, especialmente de las víctimas de las Farc.

Tras varios meses de insistencia, la respuesta del Estado sigue siendo nula. El continuo replanteamiento de las estrategias de atención y los altos niveles de improvisación de la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional, sólo han acrecentado la crisis humanitaria. Así lo demuestran los informes de gestión territorial del 2014, el 2015 y el 2016 de la Unidad de Víctimas, según los cuales la situación de los sujetos de reparación colectiva no ha gozado de evolución alguna. Esto se nota especialmente en Bojayá, donde, aunque 10.202 personas (casi la totalidad de los habitantes del municipio) han sido registrados como víctimas la población sigue desatendida en los aspectos básicos del desarrollo social y económico.

La lentitud y la escasez en la restitución contrasta con el concepto de la Reparación Integral consignado en la Ley de Víctimas, que consigna “la rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución y garantías de no repetición”. Con la sabia compañía de líderes chocoanos tan avezados como el senador indígena Luis Evelis Andrade, hemos constatado, por ejemplo, como la situación de la salud en el departamento es cada vez más crítica. Se liquidó el hospital principal, San Francisco de Asís, y se creó uno nuevo, que todavía no está prestando los servicios necesarios. No se han construido los urgentes cinco hospitales de mediana complejidad en regiones estratégicas del departamento, ni se ha implementado el prometido modelo de intervención intercultural en salud, mientras la corrupción sigue carcomiendo la contratación.

En cuanto a reparación mediante infraestructura, la respuesta del Gobierno no se ve y lo poco que se ha hecho no funciona. Valga mencionar el caso del acueducto entregado en Quibdó, que dejó de funcionar a los pocos días “por escasez de agua” (¡en una de las regiones más pluviosas del planeta!) y el de Nuquí, donde, tras menos de dos meses de entregado el acueducto, la comunidad estaba sometida a racionamiento.

El “ambicioso” plan de vías de este gobierno también dejó olvidado al Chocó: no ha cumplido con ninguno de los principales proyectos viales con los que se ha comprometido.

Paralelamente, en este, uno de los pulmones del mundo, se está generando una preocupante crisis ambiental, a causa de la minería ilegal, desarrollada por los grupos armados ilegales. Esta ha conducido a la mayor contaminación que haya vivido el río Atrato en su historia, hasta el punto de que este ha dejado de ser el reservorio de seguridad alimentaria que fue desde siempre, pues la población no puede consumir el poco pescado que aún queda, porque está altamente contaminado por mercurio.

Como si fuera poco, las comunidades de estos municipios, en vez de gozar de mayor calma, tras el “desarme” de las Farc, están siendo azotadas por un recrudecimiento de la violencia. Las zonas anteriormente victimizadas por las Farc, ahora, cuando se supone que estas se han desmovilizado, están sufriendo una nueva ola de secuestros, homicidios, amenazas y desplazamiento forzado (en lo que va corrido del año, se han registrado más de 4.000 casos). En regiones que no habían padecido el flagelo de las minas antipersona, ha comenzado a verse este crimen atroz.

Se suma a esto el incremento sustancial del fenómeno del confinamiento, que apenas ahora está siendo reconocido como hecho victimizante. Ante la amenaza terrorista en los cascos urbanos, familias y comunidades enteras prefieren resguardarse en sus territorios, donde dicen sentirse más seguros, con la consecuencia de que no pueden proveerse de alimentos, ni de medicinas, ni de casi ningún bien comercial. Tampoco pueden salir a pescar o a cazar, por lo cual son abatidos por el hambre.

Se dice que esta crisis está siendo generada por el eln, pero muchos han expuesto argumentos que llevan a pensar que este es el fruto del contubernio entre las bases del eln y las de las Farc, que, ahora con distinto uniforme, se niegan a dejar de manejar las rutas del narcotráfico, Atrato arriba, hacia el mar Caribe.

Esta avalancha de violencia se está produciendo casi en todo el departamento, pero con mayor impacto en las zonas del Baudó, del Bajo San Juan y del Bajo Atrato. Informes de la Defensoría del Pueblo establecen que, de los 32 municipios del Chocó, hay aproximadamente 20 en situación de riesgo.

Es increíble que este sea el panorama en una zona de tanta riqueza ambiental, hídrica y geológica. El mayor deseo de las víctimas es la terminación del conflicto, pero la escasez de reparación y el recrudecimiento de la violencia guerrillera hacen que se estén sintiendo utilizadas y engañadas, frente al proceso.

*Presidenta Honoraria Federación Colombiana de Víctimas de las Farc

Codirectora del Partido Liberal Colombiano