El Gobierno británico empieza a negociar este lunes, casi un año después del referéndum europeo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en una posición débil tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio, pero con el objetivo final de alcanzar un acuerdo comercial con el bloque europeo.

El ministro británico para la salida de la UE, el conservador David Davis, será el negociador de su país en Bruselas, donde se sentará este lunes cara a cara con su colega comunitario, Michel Barnier, para iniciar un complicado y tenso proceso de salida que dejará al bloque, en marzo de 2019, sin una de las grandes economías europeas.

Estas conversaciones, que fueron postergadas por los comicios británicos, empiezan casi tres meses después de que la primera ministra, Theresa May, invocara el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activa la cuenta atrás para el "Brexit", la salida del Reino Unido de la UE.

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Una de las metas de Londres es sellar un acuerdo comercial entre ambas partes, que el Gobierno británico confiaba en negociar de forma paralela a las conversaciones de salida, sin embargo se trata de un punto no recibido con buenos ojos por Bruselas.

Muy debilitada al perder la mayoría absoluta en las elecciones generales anticipadas, May puede verse obligada a replantear sus objetivos de negociación y decantarse por un llamado "Brexit suave", la retirada, pero con acceso al mercado único y la unión aduanera.

Hasta ahora, la primera ministra se había planteado un "Brexit duro", la retirada del mercado único para poder controlar la inmigración, una posición que ha despertado la inquietud del Gobierno nacionalista escocés y de la colonia británica de Gibraltar, partidarios de seguir teniendo acceso al mercado comunitario.

El portavoz laborista del "Brexit", Keir Starmer, admitió este domingo que su país deberá aceptar el fin del libre movimiento de personas, pero dijo que la unión aduanera debería estar "sobre la mesa".

Al mismo tiempo, Starmer criticó a May, en declaraciones a la BBC, por la crisis que ha provocado al no obtener, como quería al adelantar los comicios generales, un mandato fuerte y estable.

"Creo que la primera ministra nos ha metido en un lío. No tiene mandato aquí y no tiene autoridad en el extranjero, y las negociaciones empiezan mañana", subrayó Starmer.

Al notificar por carta a Bruselas la intención británica de salir de la UE el 29 de marzo, May develó los objetivos de negociación, que incluye resolver la situación de los 3,2 millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos que residen en otros países de la Unión.

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A pesar de las presiones de la oposición laborista de que May debería reconocer de forma unilateral los derechos de los comunitarios, la jefa de Gobierno condicionó esa medida a un gesto recíproco para los británicos que viven en la UE.

Además de la situación de los comunitarios, el Reino Unido espera resolver tan pronto como sea posible el "billete de la retirada", un punto de tensión entre ambas partes pero que los expertos sitúan entre 60.000 y 100.000 millones de euros, a fin de que Londres cumpla con sus obligaciones en materia de presupuestos ya fijados.

Otro de los puntos importantes para el Gobierno británico es la frontera entre las dos Irlandas, pues Londres quiere alguna fórmula que evite volver al control fronterizo e impedir perjudicar el proceso de paz sellado con el Acuerdo del Viernes Santo de 1998.

En su carta de notificación del Artículo 50, May se mostró a favor de entablar un diálogo constructivo y respetuoso, con el que reconoció la posición de la UE "de que las cuatro libertades del mercado único son indivisibles".

Entre los asuntos importantes a negociar será la cooperación en materia de seguridad y el intercambio de información entre las agencias de inteligencias para combatir la amenaza terrorista.

En el ámbito económico, May está a favor de dar certeza y garantías a las empresas a ambos lados, en el Reino Unido y la UE, pues considera que se beneficiarían de un periodo de  implementación que permita un ajuste suave y ordenado a las nuevas disposiciones.