La unión de seis líderes políticos bolivianos para acusar de persecución al Gobierno de Evo Morales, rechazar su intento de nueva postulación y manifestar "su defensa de la democracia" ha reavivado de forma prematura la polémica sobre las candidaturas para los comicios de 2019.

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Los protagonistas de la denuncia de persecución son los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
Además de acusar al Ejecutivo boliviano de usar la Justicia para perseguir a sus adversarios, los seis también reclaman que el oficialismo respete los resultados del referendo constitucional de 2016 que negó a Morales la posibilidad de buscar un cuarto mandato.
Esta inusual unión entre políticos de oposición fue interpretada por las autoridades y partidarios del mandatario como una coalición de “derecha” para enfrentar al oficialismo de “izquierda” en las elecciones en Bolivia previstas para dentro de dos años y medio.
La primera reacción vino del ministro de la Presidencia, René Martínez, quien, además de tildar a los opositores de “golpistas”, “vendepatrias” y “separatistas”, opinó que se unieron por “miedo” a Morales porque saben que no podrán enfrentar solos al mandatario.
El vicepresidente Álvaro García Linera, tras calificarlos de juntucha, saludó la “unificación” de la “derecha” boliviana y expresó su deseo de que sean capaces de hacer frente a la “revolución” liderada por Morales.
Respuesta de los opositores
Los aludidos salieron al paso asegurando que la causa que les une es la defensa de la democracia. Ninguno ha querido hablar de una posible alianza, menos de una candidatura única para las elecciones de 2019, al considerar que aún es muy pronto para hacerlo.
No obstante, es la primera vez en muchos años que los dirigentes de la oposición escenifican juntos un bloque contra Morales, al margen de sus cálculos y expectativas políticas personales.
Evo Morales ganó por primera vez la Presidencia boliviana en 2005 con un 54 % de la votación; en 2009 revalidó el cargo con el 64 % y en 2014 se impuso con un 61 %.
La Constitución permite sólo dos mandatos consecutivos, pero Morales pudo volver a postular en 2014 con aval del Tribunal Constitucional que validó la tesis oficialista de que el gobernante no había concluido su primer mandato (2006-2010) y que el país se refundó en 2009.
Ahora el oficialismo busca la forma de que el mandatario pueda ser candidato nuevamente en 2019, para gobernar hasta el 2025.

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El Movimiento al Socialismo (MAS) ha reconocido que la única forma de asegurarse la victoria es con Morales como candidato, tras considerar que no existe en ese partido otra figura con la misma gravitación.
Y si el problema del oficialismo es esa alta dependencia hacia su caudillo, impedido por ahora de ser candidato en 2019, la oposición sabe por experiencia que con la fragmentación sólo ha cosechado derrotas consecutivas en los comicios generales.
Doria Medina se ha postulado a la Presidencia sin éxito tres veces, la última en 2014, cuando concurrió a las elecciones en alianza con el partido de Rubén Costas.
El liderazgo de Costas es tan local como el de Luis Revilla, ya que la popularidad del primero se circunscribe al oriente del país y el feudo del segundo es La Paz, aunque ellos aseguran ahora que están en proceso de construcción de alternativas nacionales.
Jorge Quiroga fue candidato en 2005 y 2014, y en ambas ocasiones perdió ante Morales.
En las encuestas sobre preferencias electorales publicadas en los medios, Carlos Mesa siempre aparece con los apoyos más altos entre las opciones de oposición para hacer frente a una eventual candidatura de Evo Morales, pese a que el expresidente ha aclarado varias veces que no es candidato ni está en carrera política.
La posición crítica que Mesa mantiene sobre varios aspectos del Gobierno de Morales le ha valido ser blanco de ataques del oficialismo, a la vez que ha ganado notoriedad por su rol como portavoz de la centenaria reclamación marítima a Chile.
Además, al margen de unirse o no para las elecciones de 2019, los seis opositores saben que primero deben asegurarse de no quedar inhabilitados por orden Judicial para ocupar cargos públicos, como ocurrió con el exgobernador de Tarija, Mario Cossio.
Mientras los opositores acusan al Gobierno de “judicializar la política”, las autoridades defienden que la mayoría de ellos sí cometieron delitos y ahora hacen reclamos para buscar impunidad.