Urgente. La medida judicial busca proteger los derechos fundamentales de la población de los cuatro corregimientos de Urabá, involucrados en el diferendo entre Antioquia y el vecino departamento.
Mediante la presentación de una acción de tutela en un juzgado de Turbo, se registró la primera decisión judicial en contra la publicación del mapa oficial del departamento del Chocó, que provocó una grave crisis limítrofe con Antioquia, región que ha venido defendiendo su integridad territorial y su soberanía sobre cuatro corregimientos de la subregión de Urabá, que hoy le están siendo arrebatados por una determinación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.
Según conoció ELMUNDO.com, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo conoció la tutela que fue instaurada por un profesor del corregimiento de Blanquicet, Franklin Córdoba Villalobos, ante las gravísimas consecuencias y afectaciones a los derechos de salud, educación, en servicios públicos y contra la vida en condiciones dignas de los pobladores de los corregimientos de Belén de Bajirá, en Mutatá; y Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet, de Turbo.
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El citado juzgado dispuso la suspensión provisional de dicho acto administrativo del Igac, mientras el mismo despacho procede a decidir de fondo sobre este delicado asunto.
El despacho judicial consideró un riesgo inminente y una vulneración flagrante contra los derechos fundamentales de los habitantes de esos poblados rurales, para el momento en que Antioquia deje de prestar esos servicios esenciales.
La tutela fue conocida por el juez Mario Alberto Vargas Cadavid, al declarar una medida cautelar de suspensión del procedimiento del acto de publicación del mapa oficial del Chocó previsto para el 12 de junio, en el cual se incluye a ese cuarteto de corregimientos dentro del territorio del Chocó.
Según el juez, en caso de haberse producido ese acto, ordenó la suspensión de los efectos de dicha publicación hasta tanto su despacho emita la sentencia correspondiente a la presente acción constitucional.
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“La medida decretada deberá ser cumplida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, dice el fallo.
La decisión judicial está fechada el martes 20 de junio de este año.
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