El presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango, acierta al núcleo exacto del cual se originó en diciembre pasado una de las causas principales para la grave crisis limítrofe entre Antioquia y Chocó y en lo cual tiene mucha culpa el Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.

Y apunta al meollo del problema cuando afirmó que no ha podido entender de dónde el director de Igac sacó la teoría que el Congreso renunció a resolver el tema limítrofe y que por eso ese instituto es el competente para tomar tamaña decisión.

Según Lizcano A., lo que le informaron a él las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso es que en diciembre pasado lo que hicieron fue devolverle al Igac el informe que había presentado por estar mal hecho y que lo que debía  hacer es corregirlo y enviarlo de nuevo para que el Congreso, con base en ese nuevo informe técnico, tomara la decisión por ser el órgano competente.

“El Congreso no ha perdido la competencia sobre el tema limítrofe y me parece que el director del Igac ha sacado una hipótesis que no considero cierta y que se ha saltado la función del Congreso, que es la de resolver esos diferendos limítrofes”, enfatizó el presidente del Senado.

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La vehemente postura de Mauricio Lizcano coincidió con los argumentos que esgrimió la gran mayoría de integrantes de la bancada de representantes a la Cámara por Antioquia en el debate que, sobre Belén de Bajirá, se cumplió en la plenaria de la Cámara en la tarde y noche del pasado miércoles y que fue citado por el congresista conservador Nicolás Albeiro Echeverri.

Antioquia tiene 17 representantes y la gran mayoría intervinieron y se fueron en bloque contra el director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, a quien tildaron de prevaricador al usurpar competencias del Congreso.

Todos sustentaron la tesis de que hay límite dudoso, lo que implica que el Congreso es el órgano legal y constitucional para resolverlo, al tiempo que dejaron constancia para que la actuación de ese funcionario sea investigada por la Procuraduría.

Los parlamentarios antioqueños también exigieron respeto del gobernador del Chocó, quien ha tildado a la región de invasora y expansionista. Igualmente, exhibieron un video de este mandatario con el cual se comprueba que la publicación del mapa a favor del Chocó fue requisito para levantar el paro cívico en la vecina región.

En ningún momento los congresistas antioqueños emplearon términos desobligantes contra el pueblo chocoano, pero fueron durísimos contra el titular del Igac.

El origen
La gestación de este litigio no arrancó en diciembre pasado, sino que se remonta al año 2000.

El diputado antioqueño Braulio Espinosa explicó que en ese año, con la aprobación de la Ordenanza 11 de la Asamblea del Chocó, que “creó” el municipio de Belén de Bajirá, se dio el primer diferendo respecto a los límites de ambas regiones, “cuando durante más de un siglo el territorio de Belén de Bajirá hizo parte del departamento antioqueño, sin pretensión, objeción o perturbación alguna del departamento del Chocó”.

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Pero esa Ordenanza 11/2000 fue demandada. El Tribunal Administrativo del Chocó no declaró la nulidad de la misma, por lo que el Departamento de Antioquia presentó apelación y el Consejo de Estado declaró la nulidad de ese acto administrativo por incompetencia (Sentencia 2001458 de 2007).

Entre tanto, el alcalde que venía ejerciendo funciones en Belén de Bajirá interpuso una tutela, que llegó a la Corte Constitucional, contra el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. No obstante las pretensiones de esta tutela fueron negadas.

Pero el diferendo comenzó a agudizarse en el 2014, cuando de oficio comenzó el procedimiento administrativo especial de deslinde por parte del Igac.

Este proceso culminó con una propuesta o informe técnico en el que se perderían alrededor de 99.690 hectáreas del territorio antioqueño, desconociendo los antecedentes históricos y jurídicos que han mantenido unido a Belén de Bajirá con Antioquia. Pero la comisión de Antioquia que participó en esa delimitación de campo no impugnó el informe que favorecía a los chocoanos. 

El exsecretario de Planeación de Antioquia, Francisco Zapata Builes, comentó que le parece muy raro que el Igac venga a decir ahora que los límites entre Antioquia y Chocó están claros, pues recordó que en su época se estableció que la acción de la explotación maderera en la región destruyó las pruebas geográficas que servían de delimitación.

Se prenden las alarmas
Fue hasta el año pasado, luego que varios dirigentes políticos antioqueños llamaron la atención sobre que se podría enredar para Antioquia el caso de Bajirá y de los tres corregimientos de Turbo, que este asunto se volvió prioritario en la agenda del nuevo gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

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A partir del segundo semestre del 2016 se escucharon alertas y se registró tensión porque a  Antioquia se le estaba acabando o acortando el tiempo para que el Senado adoptara una decisión antes del 17 de febrero del año entrante (2017).

Pero como en esa fecha el Congreso estaría en receso, se advirtió con urgencia que si el Senado no tomaba una decisión antes del 20 de diciembre del 2016, cuando termina la legislatura, Antioquia podría perder ese territorio de Mutatá y los tres corregimientos de Turbo. 

Recalquemos que la Ley 1447 dispone que el Senado es la instancia que se encarga de dirimir las diferencias de límites entre los departamentos colombianos, en gran parte, con base en un concepto previo del Igac, entidad, que como ya se dijo, emitió un concepto favorable a los intereses chocoanos, que Antioquia no controvirtió en la gobernación de Sergio Fajardo, pero que en la Administración de Luis Pérez comenzó a ser cuestionado y rebatido.

El problema latente a finales del 2016 era que de acuerdo con esa misma legislación y tras el concepto del Igac, el Senado tenía un plazo de un año para tomar una decisión, la cual se vencía el 17 de febrero del 2017.

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Fue así como se citó a la sesión conjunta de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara para abordar el diferendo, la cual se realizó el pasado 14 de diciembre, seis días antes del cierre de la legislatura.

Tras esa sesión, Antioquia cantó victoria porque esas comisiones negaron y devolvieron el concepto técnico del Igac en favor del Chocó. 

Ese día se aprobó la siguiente proposición: “proponemos a los miembros de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes devolver al Igac el expediente de límite dudoso entre Antioquia y Chocó (sector Belén de Bajirá), por no cumplir con los elementos esenciales de límite dudoso establecidos en el Artículo 8 de la Ley 1447 de 2011 y solicitarle al Ministerio del Interior que emita concepto sobre la obligatoriedad de llevar a cabo procedimiento de consulta previa en el territorio de Belén de Bajirá, con el fin de tener en cuenta la posición de la comunidad en este territorio, de conformidad con la Constitución y la ley”.

Pero todo parece de indicar que faltó análisis y fondo en la redacción de esa proposición, que es de lo que se está aprovechando el Igac.

¿Error en la proposición?
Aunque el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Felipe Lemos Uribe, consideró que la posición del Igac no corresponde a la realidad y defiende que es el Congreso el que mantiene la potestad de resolver el diferendo, advirtió que la proposición del 14 de diciembre en las comisiones conjuntas de Ordenamiento Territorial del Congreso, no recogió fielmente el verdadero espíritu de lo que se decidió en esa sesión.

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Dijo que la mayoría de sus integrantes expresaron que no estaban de acuerdo con el informe técnico  presentado por el Igac de ubicar a los cuatro corregimientos de Antioquia en el Chocó, cambiando más de 70 años de tradición, incluso planteada por ese mismo instituto en mapas anteriores.

“La proposición que fue aprobada tiene un sentido contrario o diferente al de todas las posiciones planteadas por los congresistas en la discusión en esas comisiones”.

Y recalcó que el lío es que la comisión de deslinde de Antioquia en el Gobierno de Fajardo no expresó por escrito la inconformidad por el informe técnico del Igac que favorecía al Chocó. Esto generó dudas y es de lo que se está pegando hoy el Igac.

Pero Lemos Uribe cuestionó duramente la actitud soterrada del director del Igac, porque él estuvo presente en la sesión del 14 de diciembre y escuchó el sentir de la mayoría de los congresistas, para luego prestarse a la redacción y conciliación de una proposición sin explicar el fondo de la misma a los congresistas de las comisiones, a quienes les metieron un golazo.
Y concluyó que ahora lo que queda es la vía jurídica, instaurando una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la publicación  del nuevo mapa.

Los fajardistas
Por fin, el exgobernador Sergio Fajardo se pronunció sobre el tema y en un comunicado dijo que “no me cabe duda que Belén de Bajirá y los corregimientos de Turbo son antioqueños”.

Sostiene que tras el proceso de deslinde que se inició en el 2014, el Igac aceptó que existía límite dudoso, por el cual debía intervenir el Congreso.

En desarrollo del proceso de deslinde se realizaron cuatro reuniones, en cada una de las cuales se expusieron argumentos y pruebas sobre el diferendo limítrofe, y como consta en actas, se concluyó que no había acuerdo y que por lo tanto, y según la norma, debía adelantarse una visita de campo.

El fajardismo aseguró que la Gobernación de Antioquia solicitó en varias oportunidades el acompañamiento de la Procuraduría.

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La visita a terreno se cumplió en marzo de 2015 y se inspeccionaron los accidentes geográficos que habían solicitado las comisiones como pruebas.

La Gobernación del Chocó y el municipio de Riosucio, Chocó, decidieron no asistir a la visita aduciendo razones de falta de objetividad por parte del Igac, dijo Fajardo, al tiempo que la Procuraduría canceló también su presencia.

El acta de la visita al terreno concluyó lo siguiente: “El delegado de Antioquia manifiesta (...), por lo que es imposible identificar en el terreno los límites descritos en la Ley 13 de 1947, ya que la realidad geográfica es contraria a lo descrito en la Ley”.

Según el pasado Gobierno Departamental, demostraron que entre los Departamentos de Antioquia y Chocó existen límites dudosos, “por lo tanto el Igac no puede, sin violar la ley, decidir un proceso en el cual se prueba que los límites descritos en los textos legales presentan diferencias, discrepancias y cambios con lo encontrado en el terreno. El límite dudoso es incontrovertible y le corresponde al Congreso de la República asumir el proceso y tomar una decisión final fundamentada en los argumentos y pruebas presentadas, las cuales, desde nuestra argumentación, ratifican la pertenencia del corregimiento de Belén de Bajirá al municipio de Mutatá y de los corregimientos de Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente al municipio de Turbo”.