El Gobierno de Estados Unidos afirmó que la liberación de alias náder va en contravía del proceso de paz y que su crimen fue cruel y vil.
Como un acto que va en contravía al proceso de paz calificó la Embajada de Estados Unidos en Colombia la decisión de la Corte Suprema de liberar a Julio Enrique Lemos, alias náder, guerrillero que había secuestrado a un ciudadano estadounidense y fue pedido en extradicción.
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A través de una carta enviada el siete de junio a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y con una copia al presidente Santos, el embajador Kevin Whitaker criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que realizarán seguimiento a este caso “para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia de Estado Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.
El embajador Whitaker expresó que son respetuosos de la independencia de la justicia colombiana, pero que consideran que no se reconoció la “gravedad” de dicho secuestro.
A la par, el representante del Gobierno norteamericano señaló que “este fue un delito despiadado e inhumano contra una víctima, ciudadano americano, quien actualmente reside en los Estados Unidos”.
Por lo tanto, exigieron respetar este crimen y solicitaron que el Gobierno colombiano y la Corte Suprema recordaran que la justicia es uno de los principios centrales para alcanzar "una paz estable y duradera".
“El Acuerdo de Paz explícitamente establece que individuos que cometieron delitos para beneficio personal están excluidos de cualquier trato especial, y particularmente relevante en el caso de Lemos, cualquier exención de la extradición”, agregó la misiva.
Este miembro de las Farc fue capturado el pasado 25 de febrero por fuera de una Zona Veredal Transitoria de Normalización y fue pedido por la justicia estadounidense por dicho crimen.
Posteriormente, el 31 de mayo, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad de este guerrillero, ya que según el presidente de ese alto tribunal, el magistrado Eugenio Fernández Carlier, este hombre (quien se sometió a la Justicia Especial para la Paz -JEP-), debe liberarse y trasladarse la Zvtn donde se encontraba, en coherencia con el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc.