De las 11.418 víctimas de las minas antipersonales en Colombia, el 60% pertenece a la fuerza pública y el 40% restante son civiles, según un informe presentado en la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

El estudio "La guerra escondida. Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia", publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y la Fundación Prolongar, abarca el periodo comprendido entre 1990 y marzo de 2017. La investigadora del Cnmh, María Elisa Pinto dijo que el informe muestra que los niños están entre los más afectados por estos explosivos. "De las víctimas de civiles hay cifras alarmantes como la de que los niños conforman el 30% de los afectados", detalló Pinto. La investigadora añade que este tipo de explosivos son utilizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Por su parte, el Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda, aseguró al comienzo de este mes que la meta del país consiste en "despejar (de minas) en los próximos dos años 23 millones de metros cuadrados" que, calculó, corresponden al "47% del total de la contaminación estimada en 52 millones de metros cuadrados".

Según el estudio del Cnmh, el 85% de los afectados son hombres, pero indirectamente la situación termina "por involucrar también a muchas mujeres porque madres, esposas, hijas y compañeras tienen que cambiar sus roles dentro de la familia porque se vuelven cuidadoras o tienen que convertirse en fuente de sustento para el núcleo familiar".

Pinto dijo que el informe lleva ese título justo porque "las minas antipersonales son una guerra escondida que queda en los territorios, incluso cuando le hemos dado una oportunidad a la paz". A su vez, la funcionaria destacó que el documento, que se elaboró con "perspectiva de memoria histórica", recoge por primera vez "las voces de los miembros de la fuerza pública que han sobrevivido a los atentados".

También valora que el estudio cambia la forma de referirse a lo que ocurre con las minas antipersonales (MAP) y remanentes explosivos de guerra (REG). "No se les llama accidente por minas antipersonales, sino atentado por minas antipersonales. Sentimos que el accidente oculta la naturaleza del evento, oculta que hubo una acción encaminada a hacer daño", dice la investigadora.

Asimismo comentó que lo que se trata es "interpelar a los responsables de esta violación al Derecho Internacional Humanitario, que son las guerrillas, que hay una responsabilidad en ellos y que es importante que se reconozca".

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Igualmente advierte que los afectados por las minas antipersonales se les "llama sobrevivientes y no víctimas, porque muchos de ellos así se reconocen en los relatos" que hacen de su situación.

En opinión de la investigadora "el informe le da rostro a las cifras" porque en la mayoría de los casos no se avanza más allá de los fríos datos que a veces no dicen ni transmiten nada. El informe concluyó con una serie de proposiciones y recomendaciones al Gobierno colombiano, entre ellas que el 22 de abril será la conmemoración para dignificar la memoria de los sobrevivientes de las minas antipersonales en el país. "Se seleccionó esa fecha porque ese día, el 22 de abril de 2010, fue en la que se registró el pico de victimización. Ese día hubo 85 víctimas" entre muertos y heridos, dijo Pinto.

Entre las recomendaciones de política pública, la investigadora señaló que se deben trazar lineamientos para priorizar el desminado humanitario porque "encontramos que en 25 municipios de Colombia se concentra ese problema".

También da pautas para mejorar la ruta de atención a los afectados, sobre todo porque el 98% de los casos ocurren en zonas alejadas de los grandes centros urbanos en donde no hay hospitales lo suficientemente dotados.