No solo la falta de garantías políticas para el líder opositor sino también las violentas acciones de las Fuerzas Armadas Venezolanas en las marchas ciudadanas de esta semana, han causado preocupación por parte de los gobiernos de la región y organismos internacionales.
El Gobierno colombiano manifestó este sábado su preocupación por la inhabilitación por 15 años para el ejercicio de funciones públicas al dos veces candidato opositor a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, y rechazó la violencia que se ha generado en los últimos días en el vecino país.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, manifiesta su preocupación por la reciente medida adoptada por la Contraloría General de Venezuela de inhabilitar por 15 años al excandidato presidencial, y actual Gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky", indicó ese despacho en un comunicado. Dicha medida, agregó, "aumenta la polarización y dificulta la búsqueda de la consolidación política que con urgencia necesita Venezuela".
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La Contraloría venezolana declaró la "responsabilidad administrativa" de Capriles luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido, que el gobernador registró como donaciones.
Asimismo, lo señaló de "haber actuado de manera negligente" al no presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 y se le cuestionan dos contrataciones en las que omitió, de acuerdo con ese organismo, el procedimiento legal de licitaciones.
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Esta inhabilitación le impide ejercer "funciones públicas" y, a su vez, supone una "ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública", en este caso con la gobernación del céntrico estado Miranda.
En el comunicado el Gobierno de Colombia rechazó también "los actos de violencia registrados en los últimos días" e hizo "un llamado al Gobierno y a la oposición a retomar el camino de un
diálogo que lleve a un acuerdo político que dé la estabilidad necesaria en el país".
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó a la Cancilleria colombiana por su insistencia en el diálogo interno en Venezuela, pues considera que esta postura ayuda a perpetuar la dictadura. Además, indicó en su cuenta de twitter que "alguien debe avisarle a Holguín que inhabilitación de Capriles no es una mera medida inconveniente, es una violación dictatorial de DDHH".