El Consejo de Seguridad de la ONU había respaldado públicamente esta semana el curso del proceso de paz en Colombia pero también hizo una llamado al Gobierno colombiano para poner la lupa sobre los ataques que están sufriendo líderes sociales a lo largo del país.
Veinte defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer trimestre de este año, uno más en comparación con el mismo período de 2016, según un informe del programa privado Somos Defensores.
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) de Somos Defensores reveló que los fallecidos eran líderes campesinos, comunales, ambientales, indígenas, afrodescendientes y defensores de víctimas.
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"De los 20 asesinatos registrados en el primer trimestre de 2017, 16 correspondieron a hombres y cuatro mujeres", dice el informe, y agrega que en el departamento de Antioquia ocurrieron seis crímenes, cuatro en Cesar, tres en Cauca y dos en el Valle del Cauca; mientras que Córdoba, Risaralda, Casanare, Putumayo y Bogotá registran una muerte cada uno.
Somos Defensores detalló que en Colombia se registraron entre enero y marzo de 2017 "un total de 193 agresiones individuales contra defensores discriminados en 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de judicialización".
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"En comparación con el mismo periodo en el año 2016, denotamos un incremento en el número de casos registrados, pasando de 113 casos de agresión entre enero y marzo de 2016 a 193 en 2017", puntualiza el documento.
Dentro de los presuntos responsables de las 193 agresiones contabilizadas por el Siaddhh en el primer trimestre de este año, la investigación señala a los paramilitares en 129 casos (67 %), la Fuerza Pública en 14 (7 %), las guerrillas en dos casos (0,1 %) y actores desconocidos en 43 (22 %).
El programa Somos Defensores advirtió que se mantiene la tendencia identificada en el informe anual de 2016, denominado "Contra las Cuerdas", que dio cuenta del incremento de agresiones contra la vida e integridad física de los defensores, manifiesta en homicidios y atentados. Para el documento, el Gobierno colombiano "no da con una fórmula efectiva para detener la oleada de violencia selectiva contra líderes sociales y defensores".
Mientras que la Fiscalía colombiana "tampoco da muestras de dar con los responsables de estos crímenes, a pesar de tener varias capturas de autores materiales pero ni una sola de autores
intelectuales de estos asesinatos y agresiones".