El Juzgado de Santa Fe de Antioquia consideró que no existió vulneración de ningún derecho fundamental. Ahora esta autoridad ambiental cuenta con 90 días para emitir una decisión sobre si se modifica o no la licencia de este proyecto.
Una tutela interpuesta por miembros del Movimiento Ríos Vivos para reprogramar por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) una nueva audiencia pública sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental sobre el proyecto Central Hidroeléctrica “Pescadero - Ituango”, fue negada por el Tribunal Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia.
Según el despacho judicial, la denegación de tutela obedece al hecho de no existir vulneración de ningún derecho fundamental por parte de la Anla ni de Corantioquia, y porque además existen otros mecanismos o medios de defensa judicial como la presentación de nuevos escritos, memoriales o sugerencias relacionadas con la modificación de la licencia ambiental objeto del debate.
La situación se remonta al 25 de enero pasado cuando se desarrollaba la audiencia pública sobre la modificación de la licencia ambiental otorgada a Hidroituango, que se inició hacia las 9:00 de la mañana y fue terminada a las 0:40 del día 26, "luego de que la Anla insistía en continuar con la audiencia hasta tanto participaran todos los inscritos, y líderes de la organización Ríos Vivos pedían, primero el aplazamiento de la misma por dos o tres semanas, y luego la suspensión temporal hasta el día siguiente, argumentando cansancio y problemas de alimentación", informó la autoridad ambiental.
Según la sentencia de tutela, la 016 del 9 de febrero de 2018, los accionantes -pese a tener otro medio de defensa judicial-, tampoco “allegaron prueba siquiera sumaria que acredite la existencia de tal, es decir, no demostraron las circunstancias de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad que se requieren para la procedencia excepcional de la acción de tutela…”.
"Igualmente, precisa, que durante el tiempo de la audiencia pública, realizada en el coliseo municipal del municipio de Santa Fe de Antioquia, intervinieron más de 170 personas. Inicialmente estaban inscritas 122, pero hacia el mediodía, cuando ya se habían programado los tiempos, surgió un nuevo listado de 557", enfatizó la Anla.
“La audiencia pública ambiental celebrada el 25 de enero de 2018 en el coliseo municipal de Santa Fe de Antioquia, se desarrolló de manera programada, aunque se presentaron algunos contratiempos en cuanto a la atención de niños y adultos mayores, además no fue posible oír a todas las personas, ello no significa una vulneración del debido proceso, toda vez que fueron oídas más de 170 personas, según material probatorio allegado al expediente…”, señala el juzgado.
La audiencia pública, señala el juzgado, se inició el día señalado y se cumplieron todos los requisitos, como las reuniones informativas (se hicieron tres en los municipios de Toledo, Liborina y Peque, los días 11, 13 y 15 de diciembre, respectivamente).
En trámite
La decisión sobre la modificación o no de la licencia, solicitada por la compañía operadora, aún no se ha tomado, y en este momento la Anla se encuentra analizando y evaluando todas las ponencias y escritos presentados durante la audiencia pública.
“Los mecanismos de participación no se agotan con esta sentencia de tutela y, por el contrario, seguimos atendiendo las inquietudes y requerimientos de la comunidad”, afirmó la directora de la entidad, Claudia Victoria González Hernández.
Sobre este mismo tema el juzgado precisa: “El derecho a la participación ciudadana en materia ambiental continúa vigente. El proceso administrativo de modificación de licencia ambiental, aún no terminado, concluye en primera instancia cuando se profiera una resolución o acto administrativo por el cual se acepta o se deniegue la modificación pretendida. Obviamente dicho acto administrativo será susceptible de los recursos de ley ante las autoridades competentes”.
Continuando con el curso del proceso, la autoridad ambiental tendrá 90 días para emitir su decisión de si se modifica o no la licencia, tal y como lo solicitó EPM, con lo que se deja de remover vegetación durante la adecuación del vaso del embalse, pasando de 2.329,80 hectáreas pactadas previamente a 1.129,92 hectáreas, lo que significa que en las zonas en las que no se removerá al 100%, el embalse las inundará habiendo debajo especies de plantas que se descompondrán. Al ser estos espacios el hábitat de diversas especies, estas también se verían afectadas.