El inicio de la “construcción de la verdadera paz” que sigue al “silenciamiento de los fusiles”, como ha dicho el presidente Santos, ocurre en las Zonas veredales transitorias de normalización y en los Puestos transitorios de normalización donde habrían llegado unos seis mil farianos. En esta etapa, que tiene especial importancia para construir confianzas y vincular el acuerdo del Gobierno y las Farc a los territorios, es vital cuidar el cumplimiento de los compromisos de las partes con el acuerdo y, principalmente, con la sociedad.

En la primera etapa de implementación, las Farc han sido particularmente quisquillosas para exigir al Gobierno que cumpla obligaciones con la logística de los campamentos (ver infográfico). Su exigencia ha encontrado eco en medios de comunicación atentos a vacíos de responsabilidad de las autoridades. La situación, sin embargo, no tiene correspondencia en la vigilancia al cumplimiento de las Farc a obligaciones con la desmovilización de sus miembros, información sobre ellos, la dejación de armas y el fin de su participación en crímenes como reclutamiento forzoso, secuestro y los de carácter económico. La dejación de armas y la liberación de menores de edad víctimas de reclutamiento han sido cubiertas por velos que tapan la verdad del conflicto, como desean las Farc.

En desarrollo del proceso iniciado en enero y concertado con el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia intentó reiniciar sus visitas de acompañamiento y vigilancia a las Zvtn. Para tal fin, y tras anuncio al Gobierno, envió una delegación a la vereda Llanogrande, de Dabeiba, el pasado jueves 9 de marzo. Este esfuerzo de construcción de paz derivó en un desafortunado episodio cargado de atropellos a la soberanía ejercida por las autoridades legítimas y legales, la institucionalidad, la paz y la seguridad. Según le comunicó el gobernador Luis Pérez al presidente de la República (ver en: www.goo.gl/k0ZsjX ) la delegación departamental tuvo “una conversación destemplada con segundos de las Farc” que “ordenaron” no dejarla ingresar, no al campamento, sino a la Zvtn. El irregular “mandato” fue ejecutado por el burócrata de la ONU encargado del puesto local, individuo que se prestó para, contraviniendo la naturaleza de sus funciones de coordinador del MM&V, servir de mandadero a las Farc u ocultar irregularidades o violaciones a los compromisos de las Farc en las zonas. El bloqueo contradice lo claramente estipulado en el punto 3.1.4.1 del acuerdo final en el sentido de que “las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las Zvtn sin ninguna limitacio?n”. Indolente frente a la suma de irregularidades, el comisionado Sergio Jaramillo pretendió excusar lo ocurrido aduciendo que “los puestos locales están en transición”, declaración que se convierte en una especie de confesión de parte según la cual el Gobierno Nacional ha privilegiado atender los requerimientos de las Farc a las acciones de protección del perímetro, vigilancia de que las Farc no estén armadas en las Zvtn (sólo pueden estarlo en los campamentos) e instalación de los puntos de ingreso y control alas Zvtn, medidas estas que son de protección de la ciudadanía, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

La Gobernación de Antioquia merece el respaldo de la ciudadanía, y el respeto de las autoridades nacionales, en su determinación de hacer presencia y dar acompañamiento a los habitantes en las veredas escogidas para acoger el proceso de desmovilización y desarme de las Farc. Su actuación ratifica sus convicciones en torno al acuerdo de paz así como el ejercicio de su mandato constitucional. Con ella, indica que “trabaja con esfuerzo”, como pide el doctor Santos, para realizar en los propósitos del acuerdo que las partes suscribieron pero que se va a realizar, o dejar de hacerlo, en los departamentos y municipios de este país descentralizado, cuyos gobernantes elegidos popularmente tienen corresponsabilidades con la seguridad, la garantía de los derechos de los ciudadanos y la construcción de la paz. La seriedad de las autoridades antioqueñas merece una respuesta igualmente responsable y serena con la que el presidente de la República ofrecería explicaciones a todas las gobernaciones del país. Mientras, el serísimo conflicto aquí surgido interroga a otras autoridades departamentales sobre si ellas han asumido con rigor equiparable su responsabilidad frente a las Zvtn o si, por el contrario, han vuelto su mirada, dejando a los habitantes y vecinos al albur de la voluntad que pudiere quedarle al Mecanismo de monitoreo y verificación para cuidar la seguridad y garantizar el orden público en esos territorios.