El pasado 5 de octubre fueron asesinador siete campesinos en la vereda El Tandil, en Tumaco, Nariño, cuando protestaban en contra de la erradicación de cultivos ilícitos.
A los siete campesinos asesinados en la vereda El Tandil, en Tumaco, Nariño, el pasado 5 de octubre, se sumó la muerte de Iván Darío Muñoz Echeverría, quien se encontraba en una Unidad de cuidados Intensivos desde el ataque, con lo que la cifra ascendió a ocho muertos. La responsabilidad de esta masacre aún es materia de investigación, por las inconsistencias de las versiones de la Policía Nacional y la comunidad.
El día del ataque, fueron confirmados seis muertos y el séptimo fue anunciado por el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, tras una semana, pues este había sido trasladado a Pasto por su grave estado de salud, ciudad donde falleció. Otras 20 personas también resultaron heridas en dicho ataque.
Según el Ejército y la Policía Nacional, disidentes de las Farc lanzaron explosivos y dispararon contra miembros de la fuerza pública que escoltaban a erradicadores de matas de coca en una zona rural de Tumaco, y contra una multitud congregada en el lugar para protestar contra esa labor.
El tema generó controversia debido a que el movimiento Marcha Patriótica culpó a la Policía del ataque y dijo que miembros de esa institución "amenazaron y dispararon de forma indiscriminada sus armas de dotación en contra de la multitud que se encontraba en el lugar".
Por otra parte, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Miranilpe y Mataje (Asominuma) se declaró testigo de los hechos y apuntó que esto "nos muestra la auténtica realidad del proceder desmedido de la Fuerza Pública frente a los campesinos indefensos que se encontraban manifestando pacíficamente exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana con respecto al punto cuatro (erradicación de cultivos ilícitos)".
Entre tanto, varios uniformados han sido destituidos y otros 102 han sido relevados, mientras se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, que prometió no dejar en la impunidad esta masacre.