Ya es suficiente. El golpe de estado en marcha consolida las medidas para romper nuestras instituciones democráticas de una manera definitiva.

Ponen en marcha el mecanismo de verificación con funciones de cogobierno, para reemplazar nuestro entramado institucional por un comité de Santos y a las Farc

La Justicia Especial para la Paz, JEP, está a punto de ser aprobada por el Congreso con el procedimiento Fast Track. Y no es sólo la impunidad rampante para terroristas y narcotraficantes. Es también el instrumento de venganza que hemos venido denunciando, que juzgará con jueces proclives a las Farc, colombianos unos, proclives a ciertas ONG y colectivos, de obscura trayectoria en el país, y extranjeros, algunos de ellos, conocidos de autos por ocultar los crímenes de la extrema izquierda, negar justicia a las víctimas de ésta y perseguir a los dirigentes democráticos de América Latina. Y la creación de una Fiscalía paralela de bolsillo, que funcionará con el modelo del servicio de inteligencia cubano y de la Sebin venezolana, para encarcelar a quienes consideren enemigos de la “paz”.

Y como si fuera poco, el procedimiento abreviado, el Fast Track, que incluso en el acuerdo “aprobado” en el Congreso sólo puede aplicarse a temas relativos a lo firmado con las Farc, Santos lo quiere usar como mecanismo expedito para legislar sobre sobre tópicos que nada tiene que ver con aquel. ¡Qué dictador resultó el presidente!

Y lo peor, ahora resulta que, para “blindar” los acuerdos, Santos y las Farc, a través de sus agentes, intentan aprobar una norma que obliga a respetar lo pactado durante los próximos tres períodos presidenciales, es decir doce años, a partir del 7 de agosto del 2018, o quince, si les sale la jugada de alargar a cinco años la duración de dichos mandatos. Cómo si los colombianos no hubiesen decidido rechazar el acuerdo, en el plebiscito que la dictadura burló, y como si la sociedad no fuese dinámica y las circunstancias del país no exigieran la acomodación de la política a ellas.

Todo en medio de un escándalo de corrupción, que apenas asoma sus orejas, pero que ya ha revelado la información suficiente para mostrar el no rebatido ingreso de dineros del narcotráfico y de Odebrecht a la campaña de Santos, así como de la información tampoco rebatida, de dineros para sus ministros y ministras y que ya se está llevando por delante a otros funcionarios y organismos del gobierno. El expresidente Pastrana dijo esta semana que este era un gobierno corrupto que había firmado un acuerdo corrupto con unos individuos corruptos. ¡Cuenta razón tiene!, firmó el más ventajoso de los compromisos con personas que no sólo han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que todavía mantienen secuestrados a los niños secuestrados (y dañó la vida de muchos que llegaron a cortas edades y ya son adultos), que no va a reparar a las víctimas, sino que se burla y se burlará de ellas, con falsas peticiones de perdón, pero absoluciones colectivas, sino que narcotrafican y practican la minería ilegal.

Afortunadamente, las fuerzas políticas que se oponen al golpe de estado están entiendo que sólo la unión de todos quienes estén contra este, garantizará que Colombia salve su democracia. El expresidente Uribe propuso en días pasados una alianza de todos los sectores de oposición con el fin de derrotar la ofensiva contra las instituciones democráticas por parte de Santos y las Farc. Y, además, convocó la recolección de firmas para “1. Revocar atropello de llevar el Acuerdo con Farc al Bloque de Constitucionalidad; 2. Revocar atropello próximo de Justicia de la Farc -JEP-3. Respaldar nuestro proyecto anticorrupción", propuesta que ha sido ignorada por el gobierno y los grandes medios, que los lectores pueden consultar en www.centrodemocratico.com, con medidas eficaces para combatir ese flagelo, y se está convocando una gran marcha para defender la democracia y la soberanía popular, el sábado 1 de marzo, según informa la senadora Paola Holguín.

La movilización nacional pacífica para resistir la dictadura es el único camino que les queda a los colombianos. La calle, la desobediencia civil, los paros legítimos y pacíficos, la unidad en las urnas, la recolección de firmas para utilizar los mecanismos de participación todavía vigentes en la Constitución son nuestros instrumentos.