Wells Fargo no escapa a las malas prácticas bancarias con nuevas denuncias que ponen en entredicho los valores y la cultura de esa organización. Hace unos meses esa entidad financiera fue obligada a despedir 5.300 empleados que mediante engaños y falsedades abrieron más de 2 millones de cuentas y expidieron tarjetas de crédito para cumplir las inalcanzables metas. La Agencia de Protección al Consumidor sancionó con una multa de 185 millones de dólares al banco lo que provocó la salida del presidente, el encargado de las operaciones bancarias y la exigencia de devolver 75 millones de dólares que habían recibido como bonificaciones.
En esta oportunidad el blanco fue la comunidad inmigrante. Cajeros y gerentes de sucursales desplegaron una agresiva campaña visitando fábricas, construcciones y sitios de trabajo para que los recién llegados abrieran cuentas con la promesa de no cobrarles por el cambio de cheques. Algunos fueron más allá ofreciendo dinero por la apertura de una cuenta. El esquema siguió las mismas estrategias impartidas desde la alta dirección: a mayor número de cuentas corrientes y de ahorro, mayores incentivos. Un modelo de ventas insostenible que llevó a muchos a perder su trabajo y a los abogados de las víctimas a reclamar por los excesos.
La excusa de los mandos medios siempre ha sido la misma: estábamos expuestos a una gran presión y terminamos siendo los chivos expiatorias de las prácticas exigidas por nuestros jefes. La disyuntiva era muy clara. Cumplir con unas cuotas establecidas o de lo contrario enfrentar el despido. Resulta imposible creer que durante 15 años los entes de control le permitieran a Wells Fargo burlar las normas. La ley federal le exige a los bancos obtener la información de sus clientes verificando las fechas de nacimiento, dirección y los documentos que identifican al cuentahabiente. En muchos casos estos últimos eran ficticios.
La vida continua para los directivos involucrados que disfrutan de sus generosas bonificaciones a la espera de que el asunto sea historia pasada y luego ser contratados por algún competidor. El poder del sistema financiero es inmenso y aunque la anterior administración intentó reglamentar al sector, no hay a la fecha ningún banquero procesado o en prisión por los desafueros cometidos que llevaron a la Gran Recesión.
Mientras tanto, el equipo económico de Trump ha anunciado modificaciones sustanciales a la Ley Financiera en detrimento de los consumidores y debilitando los controles al sector bancario que podrían conducir a un nuevo descalabro. El recién posesionado secretario del Tesoro, Steve Mnuchin,  un engendro de Wall Street. tiene como tarea acabar con las principales regulaciones y eliminar el ente que vigila a los bancos.
Lo anterior va a convertir a Wall Street en un casino permitiéndole a los bancos involucrarse en operaciones altamente riesgosas, dándole poder a los Hedge Funds que con sus miles de millones de dólares en activos pondrían en juego los intereses de los inversionistas. Por otro lado, la imposibilidad de ejercer un control sobre los movimientos financieros de alto riesgo, con el único fin de remunerar a los banqueros, daría al traste con la estabilidad del sistema financiero que como un dominó afectaría la economía y el empleo. 
Trump sigue sorprendiendo por la improvisación e incertidumbre. Todas sus acciones van dirigidas a acabar con el legado de la administración Obama en todos los frentes: salud, cambio climático y ahora la desregulación del sistema financiero. Una vergüenza ver al presidente y los republicanos celebrar la aprobación del esperpento que acaba con el Obamacare.