Desgarradora la noticia del asesinato de la niña Yuliana Samboni, quién se ha convertido en la “insignia” nefasta de los cientos de niños y niñas que son violentados en nuestra, dizque sociedad civilizada. 
Tal vez el caso de Yuliana ha despertado la conciencia ciudadana, porque su posible agresor, Rafael Uribe Noguera, pertenece a un estrato socioeconómico alto de la sociedad bogotana, se formó en uno de los mejores colegios de la capital y una de las mejores universidades del país, dejando como hito que no solo en los estratos sociales bajos se comenten este tipo de vejámenes. Muchos casos se mantienen tapados o circulan como leyendas urbanas, como el de un personaje de la alta alcurnia que anda medio eunuco (solo le quitaron un testículo) por haber violado a una mujer por allá en los años 70 del siglo pasado. 
El caso de Yuliana no debe convertirse en la mecha que dispare el polvorín de la demagogia de algunos que creen que la cárcel a perpetuidad o la castración química es la solución. Eso solo resuelve el problema individual, mas no el colectivo.
El país está lleno de normas, las cárceles abarrotadas de delincuentes, que demuestran que la política criminal del país es un fracaso, los delitos no disminuyen porque la justicia no es efectiva y esta no lo es porque carece de recursos suficientes en las bases para investigar y acusar. (Les invito a leer el artículo “La otra realidad, la de la justicia”, publicado en este espacio el día 25 de marzo del año pasado), en el que trato el tema de la Fiscalía y la carencia de talento humano.
Están inoperante el endurecimiento de las penas, ya la Ley 1236 de 2008, que modificó la Ley 599 de 2000, en sus artículos 208 y 209, relacionados con actos sexuales en menores de 14 años, lo hizo, pero, no ha disminuido el número de delitos cometidos en contra de este segmento poblacional. 
El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país, en un informe titulado: “exámenes médicos por presunto delito sexual. Colombia, 2015” que se puede consultar en el sitio web de la institución, dice que en el año en mención se realizaron 22.155 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, con una tasa de 46 casos por 100 mil habitantes, un incremento del 1.040 casos frente al año anterior, lo que significa, que en el país se presentan diariamente 61 eventos (2.5/hora) posibles de violencia sexual. Reporta Medicina Legal que entre 2009 y 2014 realizó 127.703 exámenes, de ellos 84.3% en mujeres.
En las cárceles del país, a diciembre 31 de 2015, habitaban en ellas 5.321 sindicados y 9.045 condenados por delitos sexuales en menores de 14 años, es decir 6.677 personas (0.019%) de la población colombiana implicada en estos actos.
Podemos concluir que el incremento de las penas son un paño de agua tibia frente a este “cáncer en la sociedad” y que atacar el problema debe partir de otras acciones, principalmente desde la educación y formación desde la primera infancia, para enseñarles desde esa temprana edad a identificar presuntos actos abusivos y lo más importante generar confianza y creerles a ellos cuando cuenten cualquier eventualidad.