La tensión cocalera en Tumaco con muertos de campesinos supuestamente por miembros de la fuerza pública, tiene ad portas del colapso el reto de erradicar 100.000 hectáreas de cultivos de coca durante este año, y con ello la paciencia de EEUU con su visión militarista de un problema con ribetes sociales.

El Gobierno Nacional está contra la pared. El gobierno norteamericano no se va a inmutar ante el reclamo de porqué mira hacia afuera mientras adentro el consumo o la demanda de cocaína supera los esfuerzos de la policía gringa. La descertificación es una espada de Damocles. Un chantaje. Y de otro lado, los campesinos cultivadores, el eslabón más débil de la cadena productiva, sienten que es un salto al vacío aceptar la erradicación forzada, mientras la sustitución de los cultivos no deja de ser un simple canto a la bandera.

El gran aporte de los acuerdos gobierno-Farc fue el de revertir las prioridades en la lucha contra los cultivos ilegales de coca. Durante muchos años se privilegió la fumigación con glifosato, con unos costos astronómicos, y sin resultados consistentes. La Corte Constitucional tomó cartas en el asunto y por consideraciones de salud pública prohibió la utilización del veneno. Se convino por las partes dialogantes que era la hora de la sustitución de los cultivos, la opción menos viabilizada hasta ahora. Se diseñó un plan y arrancó el programa. En Antioquia se consideró como un piloto al municipio de Briceño; hubo fotos de matas arrancadas por los cultivadores esperanzados o haciendo cola en un banco para reclamar un deposito millonario oficial. Entusiasmo por todos lados.

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Ahora, esos mismos cultivadores en vías de sustituir sus productos, anuncian un paro general en protesta por los incumplimientos del gobierno. Parece que terminó la luna de miel al aterrizar de nuevo a la realidad. No basta cambiar un sembrado de coca por un sembrado de yuca, por ejemplo, mientras el entorno sigue igual de áspero para demostrar las bondades del costo beneficio de la sustitución. Sigue pesando en la mentalidad de un cultivador de coca la ventaja de vender su producto en la puerta de la parcela, en efectivo, a alguien que cotidianamente pasa por allí recogiendo las cosechas, mientras la yuca hay que trasladarla durante varias horas o días a lomo de mula o carro, con un oneroso costo acrecentado por el mal estado o la inexistencia de las vías veredales.

Sin infraestructura terciaria cualquier programa agropecuario dirigido a la sustitución de cultivos ilegales por legales, no pelechará. Ahí está el cuello de botella que el Gobierno Nacional se resiste a entender. O se demora en entender.

Andrés Botero en la columna de opinión Vías terciarias, un limbo para el país en la revista de logística Logo, cita un estudio reciente realizado junto con Carlos Ignacio Lozano (El papel de la infraestructura rural en el desarrollo agrícola de Colombia, Banco de la República, borradores de economía No. 904, septiembre 15 del 2015), se constató que “del total del área rural del país, 65,3 millones de hectáreas (56%) se encuentran a más de tres horas de desplazamiento terrestre de sus cabeceras municipales, y 28 millones de hectáreas (25%), a menos de una hora”. Esta distribución, dice Botero, implica que el tiempo promedio de desplazamiento desde cualquier finca situada en las zonas rurales del país sea de 5,37 horas. Reducir la duración del transporte de la producción agrícola hasta las cabeceras municipales, donde están situados los centros de acopio, es, pues, requisito fundamental para mejorar la productividad agrícola del país.

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Sin vías terciarias será solo un sueño acabar la coca generadora de violencia. Sin vías terciarias no habrá paz.