La gestión de estas empresas sociales impulsadas y sostenidas por la industria bananera ha paliado, en forma trascendental, por cierto, la ausencia del Estado en todos sus niveles, generando legalidad, construyendo ciudadanía participante y liderando las respuestas territoriales a las necesidades básicas
En 1987, en plena época de tormento para la vida de Urabá, los empresarios bananeros agremiados en Augura se autoimpusieron un tributo inamovible, por cuanto se paga por cada caja de fruta exportada, que utilizarían en atender el apremiante problema de vivienda de la región, que era consecuencia del arribo de miles de trabajadores atraídos por las buenas condiciones laborales de la industria bananera. Los fundadores dieron el primer paso de las ONG del sector bananero, especialmente de la Fundación Unibán, que ha transformado la vida de miles de personas en Urabá y el departamento del Magdalena (Ver infográfico)
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Ahora que Fundación Unibán se apresta a celebrar su trigésimo aniversario es razonable medir la huella de la responsabilidad de los bananeros con su actividad, la región y el país, buscando las verdades sobre su incidencia y cumplimiento de sus obligaciones legales, algunas, y éticas, la mayoría, con las que estas intervenciones han generado calidad de vida en regiones desoladas, construido tejido social, a pesar de las constantes amenazas y presiones de la violencia y la ilegalidad, e impulsado la formación de instituciones legales, legítimas y responsables con las regiones y sus habitantes.
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La primera responsabilidad asumida con gran éxito por la que inicialmente se llamó FundaUrabá fue construir viviendas para los trabajadores que se hacinaban en las fincas; para realizarla los empresarios aportaron tierras y recursos económicos con los que empezaron a cambiar la cara de Urabá. La diligencia en la respuesta a ese reto fue soplo de aire fresco en una región en la que la riqueza y los tributos generadores por la industria bananera no se estaban traduciendo en la creación de calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Las condiciones de la región condujeron entonces a que en 1989 se determinara transformar la Fundación, llamándola FundaUnibán, para ampliar su campo impulsándola a pasar de las acciones benéficas en materia de vivienda a la inversión social para formar comunidades mediante la entrega de capacidades para el desarrollo socioeconómico y el impulso a la participación organizada para la gestión comunitaria y el desarrollo integral de las regiones de Urabá y el Magdalena, a donde llegó en 1990. A lo largo de estos 30 años, la Fundación Unibán ha destinado $353.898 millones a crear calidad de vida, en acciones que han abrazado a la región dándole el impulso para encontrar un norte alrededor de su industria bananera y el desarrollo que ella ha creado. En virtud de su trabajo se ha convertido, además, en importante aliada de cooperantes internacionales que buscan aportar al desarrollo de esta zona y en interlocutora respetada por el principal sindicato del sector privado del país, Sintrainagro.
La gestión de estas empresas sociales impulsadas y sostenidas por la industria bananera ha paliado, en forma trascendental, por cierto, la ausencia del Estado en todos sus niveles, generando legalidad, construyendo ciudadanía participante y liderando las respuestas territoriales a las necesidades básicas de los 561.000 habitantes de Urabá y de 1,2 millones de habitantes del Magdalena. Aunque las gestiones han involucrado grandes esfuerzos de los bananeros y las comunidades e impactado amplias zonas del territorio, persisten en las regiones problemas de legalidad e inequidad que demuestran la necesidad de una presencia integral del estado.
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El gremio bananero llega a esta celebración de la Fundación Unibán cargando un Inri absurdo que le ha querido imponer el señor gobernador de Antioquia, coreado por espontáneos advenedizos, al exigirle hacerse responsable de evitar que sus cargamentos de fruta sean contaminados con alijos de drogas. Quienes realmente están obligados a contener ese contrabando son los gobiernos Nacional, en tanto es el responsable de políticas que han fortalecido los cultivos ilícitos y hasta premiado el narcotráfico, y el Departamental, como responsable directo de ejecutar la política de orden público y seguridad, al tiempo que ineficiente en acciones contra los grupos criminales que amenaza a Urabá. En este tema del contrabando de drogas, si algo tiene el gremio bananero es la calidad de víctima de los bandidos que asaltan sus despachos.
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Las regiones de Urabá y el Magdalena necesitan romper las amarras de la miseria y la desigualdad, que imponen pesadas cargas a quienes las padecen, pero también al entorno. La continuidad de las acciones del Gobierno Departamental en seguridad nutricional, desarrollo de infraestructura y apoyo a la educación, que deben ser complementarias de la gestión de las alcaldías municipales, se convierten en alternativas para la construcción de una región que logre responder a la gran expectativa de sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y planificar su acción con integralidad.