Insistir en lograr la suspensión, pese a que el gobierno de Venezuela comenzó en abril de 2017 su proceso de salida de la OEA, tiene como profundo significado mostrar la unidad de la mayoría de los países del hemisferio en defensa de la democracia.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionó en Washington durante el lunes y el martes pasados, dejó abierta la posibilidad de suspender a Venezuela del organismo al aprobar por primera vez en esta instancia una resolución que rechaza las elecciones del pasado 20 de mayo. Si bien la idea inicial impulsada por el gobierno de los Estados Unidos y apoyada por el Grupo de Lima, que era la de obtener la suspensión del vecino país, no se obtuvo al no contar con los 24 votos necesarios, la mayoría alcanzada para aprobar la citada resolución pone en evidencia la creciente soledad en que se hunde el régimen de Nicolás Maduro en tanto muchos de sus aliados del pasado reciente esta vez se abstuvieron de votar.
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Queda claro la enorme dificultad que constituye construir un consenso en un foro como el de la OEA, no solo por la diversidad cultural y política de sus 34 miembros activos sino por la paridad del peso de sus votos, que no consulta el tamaño de la población ni su peso económico dentro del hemisferio. Aun así, se empieza a notar un cambio en la tendencia de las votaciones, que en el lapso de un año, desde la pasada Asamblea General celebrada en México, ha logrado sumar valiosos apoyos a la idea del organismo de condenar al régimen de Maduro y reconocer la necesidad de un canal humanitario para atender la grave crisis social.
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República Dominicana, habitual aliado de Venezuela, Bahamas, Jamaica y Barbados dieron su voto esta vez para que, junto a los 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos, se alcanzaran los 19 votos con los cuales se aprobó la resolución, que no solo condenó las ilegítimas elecciones en las que confirmó la dictadura sino que solicita que se autorice el ingreso de ayuda humanitaria y se exige que se restablezca la plena autoridad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, cesada de sus funciones por el Tribunal Supremo de Justicia y reemplazada de manera ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente.
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Quisiéramos pensar que los once países que se abstuvieron de votar esta resolución lo hicieron porque están empezando a incomodarse por la grave situación que enfrenta Venezuela y no porque, de alguna manera, estén esperando obtener algún beneficio con miras a la votación sobre la suspensión del país, que tendrá que hacerse en una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres en fecha por definir. Lo de sentarse a esperar prebendas de un lado u otro es totalmente contrario al sentido democrático que es la columna vertebral de la organización y un acto de mezquindad con el pueblo que está sufriendo las consecuencias de la crisis. En este sentido, encontramos coherente con sus actuaciones recientes la abstención de Uruguay; nos sorprende el silencio de Ecuador, que tras la salida del poder de Rafael Correa se pensaba que asumiría una postura crítica con el régimen de Caracas y todavía más nos extraña la abstención de Nicaragua, cuyo régimen ha sido un incondicional defensor del chavismo. Tal vez la grave crisis política que atraviesa el país centroamericano haya incidido en la determinación. La abstención de otros socios regionales de Venezuela como Belice, Surinam, Trinidad y Tobago, Haití, Antigua y Barbuda, El Salvador, San Cristóbal y Nieves y Granada son la muestra del creciente aislamiento del régimen, a quien solo apoyaron algunos integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) como Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica.
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Poco a poco, pues, la OEA se encamina hacia su objetivo de lograr los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática al régimen venezolano, lo que debe conllevar acciones individuales por parte de los distintos países que voten a favor de la suspensión, tales como sanciones económicas o políticas, que aceleren la caída de Nicolás Maduro, el restablecimiento de la democracia y el proceso de reconstrucción de la nación. Insistir en lograr tal suspensión, pese a que el gobierno de Venezuela comenzó en abril de 2017 su proceso de salida de la OEA, la cual se materializaría en 2019, más allá de no darle a Maduro el gusto de decir que se fue por su cuenta a fungir como juez de la eficiencia y la utilidad de la organización, tiene como profundo significado mostrar la unidad de la mayoría de los países del hemisferio en defensa de la democracia. De lo contrario, no solo Maduro se saldrá con la suya y se irá haciendo mofa de la utilidad del mecanismo, sino que dejará a un grupo de países en evidencia por su incapacidad de poner en práctica medidas de presión contra un régimen autoritario, lo que sería un duro golpe a la credibilidad de la OEA como la estructura legítima para establecer el criterio de legalidad y legitimidad de los gobiernos del continente. Confiamos en que, ahora que ha llegado la hora, la OEA demuestre su capacidad.