El Gobierno venezolano rechazó este jueves “de manera firme y categórica” la apertura de un examen preliminar de la oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones durante 2017, y en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.

“Durante los meses de abril a julio del año 2017 el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el Gobierno”, dice un comunicado de la Cancillería venezolana.

Caracas asegura que las protestas se registraron en menos del 10% del territorio venezolano y dejaron daños al patrimonio nacional, así como más de 120 muertos, “civiles y uniformados”.

“Sorprende la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte”, reza la nota oficial en la que se señala que a pesar de ello Venezuela dará “su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados”.

“Al tiempo que está en la disposición de suministrar a la Corte información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional, de conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país y de la legislación internacional”, prosigue el escrito.

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El Ejecutivo de Nicolás Maduro señala que el Examen Preliminar no existe en el Estatuto de Roma sino que se trata de “un proceso al estilo de la inquisición, implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados”.

“La efectiva labor de nuestros organismos de seguridad ciudadana logró, aun a costa de la vida de no pocos de sus integrantes, preservar el Estado de Derecho, defender la paz y la tranquilidad del país”, remarca Venezuela en su respuesta.

La llamada revolución bolivariana agrega que la Justicia del país desarrolla actualmente varios procesos legales para atender los casos donde se pudo haber violado los derechos de los ciudadanos, incluso aquellos que ocurrieron “por la actuación individual realizada en contravención de los instrucciones impartidas”.

Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron “con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y detuvieron y encarcelaron a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”.

Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.