El Gobierno de Nicolás Maduro se ocupó esta jornada de preparar los ejercicios cívicos militares con los que quiere demostrar que puede responder a las “amenazas” de Estados Unidos, una jornada en la que también respondió a las nuevas sanciones que desde Washington se anunciaron para Venezuela.
Las nuevas sanciones anunciadas este viernes por la Casa Blanca prohíben “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, unas medidas que dan fuerza al discurso belicista de la llamada revolución bolivariana y sus ejercicios militares pautados para este fin de semana.
“Estamos en condiciones de enfrentar, superar esta circunstancia y salir más fortalecidos, más libres, más independientes, de esta agresión de Donald Trump contra el noble pueblo de Venezuela”, dijo Maduro.
Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, difundió un video en el que aseguró que los ejercicios militares en el país tendrán continuidad y llamó a toda la nación a ir preparándose “para la defensa integral de la nación”.
Indicó que este ejercicio llamado Soberanía Bolivariana 2017 “llegó para instalarse y quedarse” lo que implica “continuidad” aunque tendrán mayor fuerza durante este sábado y domingo.
De acuerdo con el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos, más de 900.000 “combatientes” de la milicia y el pueblo, de los cuales 200.000 son militares, participarán en el ejercicio cívico militar de este fin de semana en Venezuela con la idea de exhibir este escenario ante Trump.

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Maduro, por su parte, se concentró esta jornada en condenar las “medidas ilegales” financieras de Estados Unidos que, aseguró, “violan la legalidad internacional, la carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela”.
Señaló que con la firma de este decreto la “élite” que gobierna Estados Unidos supuestamente pretende “imponer a Venezuela un bloqueo en mecanismos de persecución económica y financiera para ahogar económica y financieramente” al país que está siendo “objeto del odio, desprecio y racismo”.
Dijo que su Gobierno ya venía preparándose para este escenario y reiteró que esta “agresión financiera y económica brutal” ha sido “pedida y promovida por la derecha venezolana” por lo que pidió “un juicio histórico” contra quienes desde la oposición o el extranjero hayan pedido las sanciones económicas” contra Venezuela.
Maduro indicó que pidió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno -señalado de servir al Gobierno- y a la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que se inicie un “juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas”.

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Reiteró que es el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, el responsable del supuesto cabildeo para que al país se le impongan sanciones que le causan “un gran daño financiero, económico y energético”.
La plenipotenciaria Asamblea Constituyente ya abrió una investigación contra Borges por las cartas enviadas por este a bancos de inversión y otros actores económicos internacionales pidiéndoles que no hicieran negocios con el Gobierno del país petrolero.
La instalación de una Constituyente que Washington considera “ilegítima” y antidemocrática está en el origen de las medidas dictadas este viernes por la Administración del presidente Donald Trump, que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (Pdvsa)”.
El presidente aseguró que “Venezuela no se mete con nadie para recibir estas agresiones, estas amenazas promovidas por una derecha apátrida” y pidió imaginar qué pasaría si un ciudadano estadounidense reclamara a otros países sanciones similares a las aplicadas el viernes por Trump contra Venezuela.
Maduro afirmó el pasado jueves que sabía que estas sanciones estaban preparadas y pidió a los responsables de la industria petrolera nacional -vital para la diezmada economía del país- aumentar la participación accionarial de los socios chinos y rusos.