La convocatoria a una Asamblea Constituyente el pasado 1 de mayo por Nicolás Maduro, provocó la sorpresa de todo el mundo. El oficialismo había prometido un anuncio de alta importancia, cumplió con su promesa. No obstante, este nuevo suceso en la crisis venezolana no da esperanza de un final próximo del problema. 

¿Qué dicen los decretos?
Más allá de la lista de los motivos que, según Maduro, lo urgen a tomar esta iniciativa, enuncia también los puntos que deberán ser discutidos por la Asamblea Constituyente. Ampliación de poderes, reforma estatal, y acentuación de valores y derechos componen básicamente este listado. Justificó su decisión en virtud de los artículos 347 y 348 que se concentran únicamente en el tema de la Constituyente.

También alude a los artículos 70 y 236-1 que definen los diferentes modos de participación popular y la obligación del Presidente de “cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.” El segundo decreto estructura la creación de una Comisión Presidencial, artesana de la elección de los constituyentes. Esta nueva entidad está compuesta por el hermano de Chávez, la esposa de Maduro, el actual ministro de las Comunas y otros representantes chavistas. No hay pluralidad de voces en la composición de dicha comisión. 

La voz del pueblo
En un análisis de la Constitución actual, el abogado Ricardo Combellas explicó los diferentes métodos para modificar la Carta Magna previstos en el texto de 1999. Hay “tres procedimientos de reforma: la enmienda, la reforma constitucional y la asamblea nacional constituyente. Su diferencia es de grado, dependiendo de la magnitud de la revisión. Independientemente del procedimiento adoptado, toda revisión constitucional debía someterse a referendo popular. La motivación está en la jerarquía de las normas constitucionales por una parte, y en el valor de la democracia participativa por la otra. Si la Constitución tiene un fuerte contenido participativo en muchas de sus disposiciones, resulta coherente que la modificación de normas de tanta jerarquía fuera consultada con el pueblo.”

Ahora bien, aunque el documento actual deje un espacio grande a la interpretación y la aplicación de una Asamblea Nacional Constituyente, los precedentes históricos sugieren respetar la lógica de la consulta popular. Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, insistió igualmente en que “sí hace falta convocar a un referéndum para que los venezolanos decidan a través de un voto universal, secreto y directo, si quieren modificar la Constitución. Claro está que el problema en la Constitución del 1999 es que no es suficientemente clara.

Pero, cuando se redactó esta en el 99, este fue el procedimiento. El primer referéndum que hubo fue para saber si los venezolanos querían o no redactar una nueva Constitución. Ahí ganó la opción del sí, entonces fue a otra elección que decidió quienes la redactarían y después hubo otro referéndum para saber si sí se aprobaba el texto”. Éste es el argumento principal de la oposición ya que en 1999 varias consultas se habían organizado a lo largo del proceso.  

Este vacío legal es el que puede llevar a abusos de poder por parte del oficialismo. De Alba agregó que “hasta ahora, lo que se conoce sobre lo que está proponiendo el Gobierno, no es exactamente lo mismo. Pareciera que lo que está proponiendo es que no se haga ese primer referéndum y que los representantes que las personas elijan sean electos de dos maneras: mediante una votación universal, directa y secreta, pero también otro segundo grupo a través de las Comunas y los Consejos Comunales pero esas figuras no están en la Constitución, por lo tanto son totalmente ilegales.”

¿Qué es lo que sigue?
Ricardo Ríos, presidente de la consultora venezolana Poder y Estrategia, explicó que al Consejo Nacional Electoral (CNE) le corresponde analizar el decreto y poner las bases comiciales. Esto se hará conjuntamente con la Comisión Presidencial que igualmente se encargará de organizar el proceso constituyente. Se trata ahora iniciar la “coordinación del chavismo y la coordinación de los diferentes sectores para hacer proselitismo electoral”, subrayó Ríos. Según las primeras declaraciones del Gobierno, la organización de estas elecciones tomará unas semanas. 

La Asamblea Nacional no podrá tener un papel importante en esta situación. “Prácticamente no tiene ninguna facultad, está prácticamente disuelta”, explicó Ríos. Efectivamente, en las últimas semanas se notó la poca consideración que tiene el oficialismo hacia la legitimidad del Parlamento, de mayoría opositora. Hay que recordar el intento, hace un mes, de robar los poderes de la Cámara por parte del Tribunal Supremo antes de retractarse.  

No es una ruptura con el chavismo
Nicolás Maduro, heredero del chavismo, tuvo la iniciativa de iniciar un proceso de reforma de la Constitución actual, implementada en 1999 por Hugo Chávez. Esto planteó dudas sobre la posición del presidente con respecto al pasado político. Maduro negó cualquier acusación de ruptura con la medida principal de su predecesor. En uno de los decretos que entregó al CNE, afirmó que se trataba de “preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez”. Pero ¿por qué querer cambiarla? Según el Gobierno, se trataría de perfeccionar el texto actual y no inscribir mayores cambios.

No obstante, Ricardo Ríos, destacó que la iniciativa del líder chavista no faltó en provocar divisiones en su propio partido: “un sector del chavismo está descontento porque considera que Maduro está matando la Constitución”. También recordó las declaraciones de la Fiscal general de la nación, Luisa Ortega, quien declaró que la Carta Magna actual es “invencible. Es la Constitución de Chávez”. De modo que el propio oficialismo está dividido en este asunto. La iniciativa del presidente lo desacredita parcialmente en su bando. Incluso, el diputado chavista Eustoquio Contreras, co-redactor de la Constitución de Venezuela de 1999, se unió al oficialismo disidente y expresó sus preocupaciones: “Una vez que está instalado el cuerpo de la Constituyente no tiene límite. El poder de una Asamblea Constituyente bien instalado es ilimitado (...) eso no es cualquier cosa para convocarlo en un ambiente como este”, dijo el parlamentario en una entrevista con la emisora privada Unión Radio. Agregó en sus declaraciones que se procede a redactar una nueva Constitución “Cuando la que tenemos en manos es ineficaz, está desfasada, y no creo que ese sea el caso de la Constitución de 1999”.

Estrategia de poder
Maduro insistió en la no voluntad de hacer cambios profundos, sus intenciones están en otra parte. Oficialmente, el líder convocó esta medida “con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional”. Ahora que todos los esfuerzos de las instituciones estarán enfocados en la organización de una Asamblea Nacional Constituyente, se volverá a dejar de lado el calendario electoral.

La comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la misma oposición, han presionado al Gobierno para que se presente y se cumpla un calendario electoral. ¿El problema? Es que el oficialismo es consciente del poco apoyo que tiene en las masas, por lo que podría quedar aún más apartado. Para Ríos, esto representa una “jugada maestra, ya que tiene cierta legalidad. Además, la Asamblea Nacional Constituyente podría durar unos meses”. Agregó que “el fondo (de esta iniciativa) es evitar elecciones directas y secretas”. Todos aquellos ajenos al oficialismo consideran este suceso como una estrategia para ganar tiempo, que sin embargo, no solucionará la crisis.