No me refiero a la fraternidad de más de dos siglos. La frontera colombo venezolana ha sido una zona de permanente intercambio muy complejo y solo interrumpido recientemente por Nicolás Maduro, en una medida de corte populista; sucede con la fraternidad que no siempre son almíbares lo que la rodea. A lo que me refiero con el título de esta columna es a una situación delicada que algunos llaman crisis y otros arriesgan la dura expresión de genocidio en el hermano país.

El panorama es complejo y tiende a complicarse aún más. Una confrontación interna en la cual la oposición no se configura de manera unida; un gobierno que coarta y limita las formas democráticas de participación; la acción de grupos de paramilitares de izquierda, armados en parte por del propio régimen, sumado esto a las formas del desespero que genera una carencia de alimentos y medicinas; una protesta que lleva ya casi dos meses y la represión militar de la manifestación ciudadana no permiten tampoco repetir con ligereza la expresión de Francisco de Miranda en el siglo XIX de que aquello, al otro lado del Orinoco, es un mero bochinche. 

Tampoco la situación amerita tomar posiciones acaloradas y acríticas, hay que poner todo el entendimiento y la voluntad como vecinos fraternos en el entendimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo peor quizás, aquí en Colombia, es el intento de capitalizar políticamente esa situación para asustar o ganar adeptos para los bandos en disputa por la presidencia. Es el momento de entender con claridad y coordinar acciones. El propio Gobierno Nacional da bandazos en la definición de políticas de inmigración que les permitan a las autoridades municipales orientar sus propias acciones y sus limitados recursos.

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Algunos venezolanos insisten en hablar de un genocidio y la dificultad para usar con propiedad el término radica en que en el pasado la propia Unión Soviética se opuso a denominar genocidio a una situación que incluyera a grupos políticos como objeto de exterminio. Se definen como genocidio a los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, "político" o religioso, es decir, matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los ciudadanos, sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial.

Los expertos en derechos humanos podrán ayudar a esclarecer esta situación, conocimiento que en parte está coartado por el régimen venezolano que impide la libre información, hace años que no ofrece cifras confiables sobre criminalidad y sí tiene una dura política de tergiversación, propia de regímenes dictatoriales y en particular del estalinismo como política de estado. En una situación como la venezolana la primera víctima es la verdad.

Pero, independiente de ese complejo problema de las definiciones, el hecho es que a Colombia han llegado en menos de dos años más de un millón de venezolanos en dispares condiciones económicas pero necesitados de atención urgente. No es problema menor para los alcaldes el ingreso de miles de seres humanos en pocos meses, muchos de ellos indocumentados y en situación de riesgo. Dos cosas se me presentan como urgentes para afrontar el hecho con una objetividad básica. Lo primero es tratar de obtener una visión lo más clara posible de la situación de ese país y lo segundo es invitar a la propia colonia de venezolanos a organizarse y liderar las medidas que permitan atender de manera coordinada este problema.