Que les sean entregadas las ayudas económicas humanitarias sin fraccionar, que se ofrezcan nuevos programas de vivienda con enfoque diferencial mediante subisidio y que se elimine el Paari, un cuestionario de caracterización que viene implementando la Unidad para las Víctimas para determinar el grado de vulnerabilidad de los ciudadanos que se encuentran en el Registro Nacional de Víctimas, son algunas de las exigencias que varias organizaciones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado, formularán al Estado mediante una marcha pacífica programada para el próximo 25 de enero en Medellín.

Así lo manifestó William Henao Cardona, líder y vocero de la Mesa Nacional Permanente de Víctimas. Henao Cardona expresó que “el Paari es una resolución arbitraria con la que nosotros no hemos estado de acuerdo, porque es para dilatar el proceso en cuanto a la entrega de las ayudas humanitarias, de las indemnizaciones”.

El líder también señaló que “otro de los problemas ha sido que las ayudas humanitarias anteriormente llegaban, si era para un núcleo familiar de una o dos personas, de $540.000 completa; si era para un núcleo de tres a cinco personas, $975.000; y de seis personas en adelante, de $1’475.000; y ahora no. Ahora hay gente que está recibiendo hasta $5.000 y eso es una injusticia”.

Henao Cardona aseveró que la Unidad para las Víctimas viene haciendo entrega de las ayudas económicas en fracciones desde $5.000 hasta $30.000: “Hay gente que viene a cobrar desde Urabá o desde otras regiones acá a Medellín, cuando hacen entregas masivas, y les salen con eso”.

Sin embargo, en conversación con EL MUNDO, el director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad Para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, ofreció varias claridades al respecto.

Y es que la finalidad de las ayudas humanitarias, cuyo foco general es la población en situación de desplazamiento forzado, tiene como única finalidad cubrir las necesidades de alimentación y alojamiento de dichas personas, durante el primer año en que se presenta el hecho victimizante. “Hay familias que declaran el hecho del desplazamiento tres años después, lo que significa que la ayuda humanitaria no se requiere. Nosotros hacemos una evaluación con los registros administrativos, que se tienen de todas las entidades”, indicó Rodríguez Andrade.

Este, de acuerdo con el funcionario, sería un primer filtro en el que ayuda el Paari: “Se ha malinterpretado el tema del Paari. Se sigue haciendo, pero no es una condición. No hay que hacer el Paari para poder entregar la ayuda humanitaria. Lo estamos haciendo sólo para los casos en los que no tenemos información para medir a la víctima”, de manera que la ayuda llegue a quien realmente la necesita, señaló.

Sobre la entrega fraccionada, el funcionario concluyó que “no hay ningún caso en que se hayan entregado $5.000. Nosotros en el esquema de medición, que es un estudio hecho con expertos en el tema y avalado por Planeación Nacional, el sistema nos arroja un monto mínimo de $200.000 y lo que hacemos es medir las necesidades que tienen las víctimas y les programamos tres giros en el año, cada cuatro meses”.