Un ultimátum al Gobierno Nacional dieron los diputados antioqueños mediante la sanción de la ordenanza No. 35, el pasado 21 de septiembre. La ordenanza “promueve el aseguramiento en materia de salud en el departamento de Antioquia” y es el mecanismo de la diputación departamental a la acción mediante la cual el Gobierno Nancional disminuyó el presupuesto para esta cartera años atrás, por lo que cada administración debió asumir los costos restantes.

La disposición final de la ordenanza resume la razón de ser de la misma, puesto que en su texto expresó que “la Gobernación de Antioquia -Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia- pagará los servicios de atención en salud de acuerdo con la cantidad de recursos del Sistema General de Participaciones trasladados para este fin y lo establecido por la ley”. Palabras más, el departamento no aportará más recursos de sus fondos para suplir las necesidades salubres en el territorio antioqueño.

El pago de servicios no incluidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) y los que tienen que ver con Régimen Subsidiado se cubría con el monto que giraba al departamento el Gobierno Nacional para ello, entre 100.000 y 140.000 millones de pesos, dinero que la nación ha dejado de aportar desde hace dos años, según Rogelio Zapata Alzate, diputado ponente del proyecto de ordenanza.  

El corporado explicó que entre el 7 y el 8 % de la población no está afiliada a ningún sistema, contributivo o subsidiado, y son ellos quienes generan costos. Actualmente los cobros generados por estos en servicios de salud son asumidos por la Gobernación, por lo que según Zapata Alzate con esta ordenanza se busca que el 100 % de la población esté afiliada. “Si la Gobernación  no tiene con qué pagar porque los recursos no alcanzan, ahí se van acumulando deudas hacia esas entidades prestadoras de servicio (IPS), lo que obliga a que el hospital vaya generando cartera por cobrar y se le crea una deuda al departamento”, expuso el diputado. 

¿Qué opina el sector?
En contraste, para el presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), seccional Antioquia, Germán Reyes, esta decisión dejaría desprotegida a la población más vulnerable, que en la actualidad enfrenta la crisis de Savia Salud. 

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“Ya el gobernador anunció entre líneas una posible liquidación (de Savia Salud) y acaban de aprobar una ordenanza donde prácticamente dicen que ellos no se van a encargar de las actividades más costosas del sistema, o sea de los pobres, las atenciones que se les da a los del régimen subsidiado, que son por cuenta del departamento de Antioquia. Esa ordenanza  desde nuestro punto de vista es inconstitucional y es ilegal”, explicó Reyes. 

Por el contrario,  Zapata Alzate indicó que esta ordenanza lo que se busca es no afectar las finanzas de los hospitales, porque estos están obligados a facturarle al que obtenga el servicio, sea una EPS o si no está afiliado a la Gobernación, que no tiene recursos ilimitados. “Actualmente se dan recursos como si fueran solo 50.000 que no pertenecen a algún régimen, mientras que creemos que hay unos 300.000 usuarios en Antioquia que no están asegurados”, sostuvo. 

Por su parte, Luis Alberto Martínez, director de Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, concordó en que “los departamentos están planteando que ya ponen unos recursos importantes que vienen de las transferencias, creamos una EPS aquí en Antioquia, pagamos los no POS y no nos dan los recursos suficientes y ahora nos dicen recapitalicemos otra EPS, ya no aguantamos más”.

Posibles soluciones
No obstante, la solución, según Reyes, debe ser más inversión para los afiliados al régimen subsidiado, quienes no disponen de recursos para pertenecer al contributivo. “Lo que tuvo que haber hecho el departamento era destinar una partida presupuestal distinta a la que hoy hay en la fuente de recursos que existe, para solventar la crisis de Savia Salud”, propuso el presidente de Asmedas.

Es por esto que se pone en entredicho que haya voluntad de recuperar esta EPS mixta, en la que son socios la Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín y la caja de compensación Comfama.  “Ahí no vemos posibilidades  (de recuperar financieramente Savia Salud) a no ser que los diputados pongan el tema sobre la mesa y de recursos propios del departamento quieran inyectarle”, sustentó el director de Aesa. 

El diputado Rogelio Zapata Alzate defendió que con la ordenanza se libera al departamento de estos costos, se incentiva la afiliación de todos los habitantes (a uno de los dos regímenes) y se puede destinar los recursos existentes al pago de las IPS, teniendo en cuenta que se lea adeudan unos 600.000 millones de pesos a la red de hospitales pública y privada. 

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Hasta ahora tampoco ha habido una respuesta del Gobierno Nacional a los Bocas (Bonos Convertibles en Acciones), con los que se solventará la crisis de la EPS Savia Salud, que solo en Medellín cuenta con 500.000 afiliados y que divide las posiciones: Luis Pérez Gutiérrez insinúa liquidarla, mientras Federico Gutiérrez apuesta por mantener esta organización, según interpretó el  presidente de Asmedas.  

¿Y la legislación?
Tanto el director de Aesa como el presidente de Asmedas, seccional Antioquia, concordaron en que la Asamblea departamental no tiene competencia para reglamentar el aseguramiento, teniendo en cuenta que los recursos se redujeron en la Nación desde 2007 para la cartera de salud. Sin duda,  “todo lo que es la reglamentación de la ley 100 y la ley estatutaria en salud  corresponde es al Congreso de la República. El recinto de los corporados no es competente para reforzar la ley 715  ni la ley estatutaria en salud ni ninguna ley”, sentenció Reyes.