Una política migratoria restrictiva como la que se ha puesto en marcha va tomando forma peligrosamente. El número de visas de turismo expedidas en 2017 cayó un 13 por ciento durante el último año, confirmando las intenciones del jefe de estado y varios miembros de su gabinete cercano de cerrar fronteras. La línea dura se refuerza con nuevas exigencias para quienes no solo soliciten una visa de turismo, sino también para aquellos quienes aspiran a una residencia permanente. En adelante los solicitantes deberán aportar los números de teléfonos y las redes sociales utilizadas. Un precio muy alto y un abuso inaceptable que atenta contra la privacidad.

Lea también: Cero tolerancia contra la inmigración ilegal, postura del gobierno Trump

Ante la imposibilidad de construir la prometida barda en la frontera, se ha creado un muro virtual agregando nuevos procedimientos y exigencias para que haya menos visitantes. Esa caída en la expedición de visas de turismo y estudiantiles comienza a afectar a la industria hotelera, las actividades relacionadas con los viajes, vacaciones y los servicios turísticos. Las universidades norteamericanas que reciben a cientos de miles de estudiantes extranjeros, también se van a ver privadas del talento que aportan los de afuera, además de ver una disminución de sus ingresos.

De acuerdo con el Departamento de Comercio por información suministrada por la Asociación de Viajes, los visitantes a los Estados Unidos gastaron un 3.3 por ciento menos de enero a noviembre de 2017, lo que equivale a una pérdida de 4.600 millones de dólares y 40.000 empleos.

“Bienvenido a los Estados Unidos”, la expresión utilizada por los funcionarios consulares cada vez que alguien es admitido al país como visitante o le es otorgada la residencia permanente, ya no resuena con la misma fuerza pues los inmigrantes son considerados una amenaza a la seguridad nacional. La lista es larga y sigue en aumento. Primero fue el veto al ingreso de musulmanes de varios países de África y el Medio Oriente. Luego vino la orden de restringir la cantidad de refugiados y lo más reciente, terminar el programa de protección temporal a haitianos, salvadoreños, hondureños y liberianos. Varios cientos de miles de familias que tendrán que salir del país con sus hijos, muchos sino todos, nacidos en los Estados Unidos o entrar al sombrío mundo de la ilegalidad.

Vea también: Los soñadores en el limbo

La situación de los cerca de 800.000 jóvenes amparados por el programa Daca que los protege temporalmente de una deportación es un limbo incierto. Los políticos de ambos partidos quieren sacar provecho de su status y ahora Trump descarta cualquier posible regularización. Su círculo cercano integrado por nativistas y personajes abiertamente xenofóbicos, recomienda adoptar medidas radicales dirigidas en su mayoría a expulsar extranjeros indocumentados.

Despachar un contingente de soldados a la frontera es la miope visión para controlar el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos. El fiscal general Sessions conocido por su antipatía en contra de la población indocumentada, ahora les exige una cuota anual a los jueces migratorios para que resuelvan no menos de 768 casos durante el año fiscal. Son más de medio millón de procesos pendientes de fallo sin que la planta de jueces haya sido incrementada. La paranoia antiinmigrante los obliga a tomar acciones desesperadas para complacer a la base anglo que culpa a los extranjeros por su deterioro social y económico.

Los Estados Unidos han pasado de ser una nación de inmigrantes para convertirse en un territorio cerrado que deja por fuera el talento de quienes quieren ser parte del hasta poco un país dinámico. Diversidad y reunificación familiar van camino a desaparecer de la radiografía estadinense.