El expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, compartió con la opinión pública la lista de argumentos con los que rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el ya citado caso de soborno y fraude procesal.

En un extenso vídeo compartido a través de su cuenta en Twitter, el senador acusó al exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve como partícipe de un montaje con el ánimo de desprestigiarlo a él y a otro grupo de personalidades cercanas, entre ellas, el abogado Jaime Lombana y los congresistas del Centro Democrático Ernesto Macías, Paloma Valencia y Álvaro Hernán Prada, así como un diputado del Huila.

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Además, el exmandatario desmintió su supuesto intento de cambiar el testimonio del exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el tuso, Aduciendo que “el diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme”.

También hizo alusión al acercamiento que tuvo con un desmovilizado, al que se refirió como Hamilton Mosquera, quien le mencionó unas propuestas que había recibido para lanzarle acusaciones.

Uribe reiteró su desconcierto con el hecho de que los magistrados “no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión”, y que procedan a llamarlo a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal.

Comentarios:

oswalldo
2018-07-30 14:40:38

"""la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non valet. El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme. En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una conducta estatal, entendida ésta en términos más amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción."""

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