Pareciera como si el afán de la Unión Europea, seguramente presionada por el Gobierno de Colombia y este, a su vez, por las Farc, fuera contribuir con la estrategia de éstas para lavar su nombre.
Sin debate alguno, puesto que la decisión estaba tomada de antemano, y con el precedente de la suspensión que regía desde septiembre de 2016, los embajadores del Consejo de la Unión Europea protocolizaron ayer el retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) de su lista de organizaciones terroristas, 16 años después de que fueran incluidas, con lo que los bienes que esa organización pueda tener en ese continente quedan descongelados y, además, la misma puede ser objeto de financiación por parte de cualquiera de los veintiocho países que conforman la Unión.
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Resulta paradójico, por decir lo menos, que tal decisión se haya tomado el mismo día que dicho Consejo, con el voto favorable de 23 embajadores, haya decidido utilizar por primera vez la figura de Cooperación Estructurada Permanente (Pesco), contemplada en la legislación europea, para profundizar la cooperación en materia de defensa y mejorar la coordinación en el desarrollo de nueva tecnología militar, la mayor muestra de la radicalización de los europeos en la lucha contra el terrorismo que los ha venido golpeando en los últimos años.
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Desconocen los consejeros europeos que mientras haya alguien, sea una persona o un grupo disidente, que actúe a nombre de las Farc como “fuerzas armadas revolucionarias”, se está corroborando su subsistencia como organización al margen de la ley, lo que justificaría de sobra su permanencia en dicha lista.
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Flaco favor les presta la Unión Europea a los colombianos con su decisión, pues lo que se necesita aquí es que dejemos de ignorar los problemas o de esconderlos cambiándoles el nombre. Las disidencias de las Farc son las Farc hasta tanto no quede comprobado que no hay grupos al margen de la ley que actúan a su nombre o bajo el mismo, caso en el cual tampoco habría necesidad de sacar de la lista de terroristas a dicha organización, pues estaría extinta, al menos en el papel, y reemplazada por un movimiento político que apenas ahora empieza a construir su historia.
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Pareciera como si el afán de la Unión Europea, seguramente presionada por el Gobierno de Colombia y este, a su vez, por las Farc, fuera contribuir con la estrategia de éstas para lavar su nombre, pues el mismo, por historia, está vinculado al terrorismo. Pero las Farc no pueden pretender construir su nueva identidad a partir de destruir la historia o reconstruirla con falsedades. Si sus dirigentes optaron por mantener la misma sigla bajo el significado de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es porque ese es su interés principal y encontraron en el camino que el proceso de paz les abrió para participar en política la mejor manera de hacerlo, aunque no se puede olvidar que dicha participación no puede llevarse a cabo sin que se surtan los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.