Prevista para el 22-24 de enero próximo, en el marco de una visita oficial, tal proyecto no ha sido bien recibido por una parte de la opinión pública colombiana, mayoritariamente hostil a la banda narcoterrorista. Voces en el principal partido de opinión, el Centro Democrático, comienzan a levantarse contra esa visita.

El expresidente y actual senador Álvaro Uribe, en un mensaje twitter del 8 de enero, fue el primero en criticar esa asunto, en estos términos: “Hollande presidente francés que no ha sabido enfrentar al terrorismo yihadista, visita a Colombia entregada a las Farc”. Uribe hacía alusión probablemente al aumento de los atentados terroristas y de la violencia en general en Francia, contra lo que Hollande no ha sabido reaccionar debidamente. El jurista y experto en terrorismo Thibaud de Montbrial confirmaba esto al decir el 19 de octubre pasado, al diario Le Figaro, que fuera del terrorismo islámico que golpea ocasionalmente a Francia se suman otros elementos como la violencia contra la policía, los ataques contra las escuelas y los profesores en general. “El término ‘dislocación’ de la sociedad francesa me parece más apropiado”, concluyó de Montbrial.

Por su parte, la senadora Thania Vega, del CD, le hizo, el mismo día, estas preguntas el jefe de Estado francés: “Señor Hollande, tanto las Farc como el Estado Islámico (Isis) son asesinos y terroristas. ¿Usted visitaría un campamento de Isis? ¿O exigiría verlos en la cárcel?”. El publicista Alberto López Núñez escribió a su vez por twitter: “Denigrante visita de Hollande a campamento Farc, que vaya a visitar a la ETA”.

El encuentro del jefe de Estado francés con gente armada de las Farc es visto por muchos como un ejemplo de doble moral. Si bien Francia lucha contra el terrorismo islamista con medios militares, tanto en Francia como en Siria-Irak, y mediante el desmantelamiento policivo-judicial de las redes yihadistas durmientes en Francia y Europa, no se entiende por qué el líder socialista francés aceptó desde hace cinco años que el gobierno de Juan Manuel Santos negociara e hiciera graves concesiones institucionales al narcoterrorismo de las Farc.

Para un sector de la opinión, la visita del mandatario europeo constituye, de hecho, un respaldo irresponsable a los acuerdos Santos-Farc que los colombianos repudiaron en el plebiscito nacional del 2 de octubre pasado.

Ver a François Hollande en contacto personal con un destacamento armado de Farc en el campamento de La Elvira (Cauca), equivale a pasar por encima de la voluntad de las mayorías colombianas de obtener un acuerdo de paz diferente, menos peligroso para el sistema democrático, y asumir una posición de indiferencia relativa ante el dolor de las millones de víctimas de la agresión narco-comunista.

Otro elemento que enmarca mal la visita de Hollande es lo que está ocurriendo en esos campamentos donde las Farc, se supone, deberían únicamente estar para probar que han frenado su acción ilegal, que se están concentrando pacíficamente y disponiéndose a entregar las armas. En días pasados, la prensa colombiana reveló videos en los que, por el contrario, se ve a varios “observadores” y delegados oficiales de la ONU bailando con guerrilleros de las Farc, en ruidosas fiestas de fin de año, con alcohol, armas y menores de edad, en dos de esos campamentos, uno en la Guajira y otro en el Cauca.

Tal espectáculo grotesco desató una ola de indignación. Ello es visto por la ciudadanía como la prueba de que la ONU violó sus propios protocolos de neutralidad e imparcialidad, que prometía respetar en esa delicada misión de encuadre de las Farc en vías de “desmovilización”. Cuatro agentes de la ONU, identificados por las imágenes de prensa, fueron separados de esa misión, pero algunos dirigentes de la oposición han dicho que eso no es suficiente y piden que el jefe de esa misión sea destituido y se revise todo el dispositivo de la llamada “pre concentración” de guerrilleros. En 2016, hubo una fiesta similar en Conejo (Guajira) entre funcionarios de la ONU y las Farc.

Los jefes de las Farc calificaron con gran cinismo las recientes escenas de fiesta con armas y menores (sin que Unicef proteste) como un “evento histórico”.

Obviamente, las Farc aplauden la idea de Hollande de ir a visitarlos pues saben que eso ayudará a olvidar lo que ocurre en esos campamentos y le dará a la banda armada mayor visibilidad internacional. Un cabecilla de esa banda, Iván Márquez, saludó, en efecto, la decisión de Hollande de presentarse “en la zona veredal de La Elvira”. El mandatario francés había enviado a Jean-Marc Laforêt, embajador de Francia en Colombia, a inspeccionar días antes esa zona. El diplomático quedó muy satisfecho de lo que le mostraron y se declaró optimista sobre el resto del proceso de paz, a pesar de que es bien sabido que el trámite de la “dejación de armas” está embolatado: ha sido aplazado indefinidamente

por los jefes terroristas hasta que reciban garantías plenas del Estado colombiano y de la ONU de que los crímenes cometidos por ellos, crímenes y guerra y crímenes de lesa humanidad, no serán sancionados efectivamente, exigencia muy litigiosa en realidad pues va contra lo establecido por el derecho humanitario internacional.

Según el plan firmado en Cuba por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, los guerrilleros deberán haber entregado, a principios de marzo de 2017, el 30 % de su armamento. Se espera que en abril el 60 % de esas armas habrá sido entregado, y que el resto quedará en un contenedor bajo el control de la ONU, hacia principios de mayo de 2017. Empero, esos planes tienen un valor muy relativo.

Los círculos oficiales colombianos hablan de sólo “5.900 excombatientes” de las Farc que serían concentrados en las 26 zonas fijados en La Habana, de las cuales únicamente ocho están ya listas. Lo que quiere decir que queda en el limbo el paradero de cerca de la mitad de la gente armada de las Farc, pues las cifras de efectivos de esa organización, al comienzo del “proceso de paz”, hace seis años, era de diez o doce mil guerrilleros. Es posible que esa parte faltante no llegue a ser desmovilizada y que siga martirizando a la población rural y urbana bajo la forma de frentes “disidentes” de las Farc.

La paz, por otra parte, no ha sido establecida. El 7 de enero pasado, Juan Eliecer Ruiz, un dirigente local del partido Centro Democrático, de Entrerríos (Antioquia), fue abaleado a muerte en un centro comercial, luego de haber sido secuestrado una semana atrás. En Arauca, un soldado, Julián Monroy Mendoza, murió el 9 de enero durante un ataque del ELN. Los terroristas se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego contra los uniformados, detalló el general Vicente Pérez.

En el Huila, la situación de orden público también sigue empeorando. El 7 de enero pasado, el ganadero Fabio Durán Borrero y su hijo de 14 años fueron secuestrados en las afueras de Paicol, informó el portal web, Los Irreverentes. “Desde que se firmó el supuesto acuerdo de paz las extorsiones han aumentado de forma significativa”, agregó esa fuente. Un congresista del CD, Álvaro Hernán Prada, subrayó que “la gente es víctima de boleteo [chantaje], pero tiene miedo de denunciar” porque la columna Teófilo Forero y los frentes 13 y 63 de las Farc “tienen una suerte de licencia para delinquir otorgada por el gobierno de Santos”.

Esas bandas asesinaron hace unos años al hijo de Octavio Durán, pariente Fabio Durán, un dirigente uribista del Huila. De hecho, las Farc han declarado como “objetivo militar” a todos los militantes y simpatizantes del Centro Democrático de ese departamento, según el portal.

En ese contexto de falsa paz, la visita del presidente Hollande a un campamento no desarmado de las Farc en el Cauca, región especialmente afectada por el narcotráfico, podría ser interpretada por la organización terrorista como un aval a su estrategia y como un pretexto para acrecentar su agresividad contra el pueblo.