Aunque no se conoce un texto que precise el anuncio del presidente de la Corte Constitucional, y espante interpretaciones amañadas que asoman, nadie discute que la declaración de inexequibilidad de los incisos g y h del Artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 (ver infográfico) representa un paso trascendental en la defensa del equilibrio de poderes y la protección de la majestad del Congreso como el escenario privilegiado para la deliberación, la consolidación de los proyectos y la formación de acuerdos que dan legitimidad a las decisiones y los procesos que ellas forjan, incluyendo, por supuesto, los de terminación de conflictos armados y definición de reformas producto de ellos.

Esta Corte Constitucional que había sembrado inquietud, especialmente cuando en diciembre se aventuró a defender la refrendación por el Congreso del segundo acuerdo con las Farc como parte de un proceso, hace gestos de recuperación de su independencia como protectora de la Constitución. Porque todavía no se han elegido dos magistrados que contribuirán a darle su nuevo perfil y dado que, como es recurrente cuando de decisiones transformadoras se trata, la victoria de la tesis fue definida por un voto, persisten interrogantes por las posiciones de ese Tribunal ante otras demandas al Acto Legislativo 01 de 2016, las que se han presentado contra las normas tramitadas vía Fast Track y la revisión obligada a las actuaciones del Congreso. Significa, pues, que este fallo no garantiza que esa Corporación mantenga su norte, resistiendo la intensa presión del Gobierno, las Farc y aliados que pretenden reducirla a firmona, e ignorando insultos de los decepcionados porque defendió la Constitución, no una idea coyuntural que se ofrece como ilusión, más que en esperanza, de fin de la violencia y la inequidad.

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La actuación de la Corte Constitucional le devuelve a las instituciones el equilibrio de poderes y a la ciudadanía, la garantía de que sus derechos no serán subordinados al totalitarismo. Quienes votamos NO en el plebiscito porque no admitíamos que el Acto Legislativo 01 de 2016 prohibiera transformar los acuerdos, recibimos esta sentencia como tardío reconocimiento a la mayoría electoral y a razones que protegen las instituciones que forjan, y son las únicas que pueden consolidar, paz.

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Tan importantes como la sentencia, que el país espera, son las expectativas que ella ha creado en el Gobierno, los partidos con asiento en el Congreso, las Farc y sus aliados, mismas que revelan su talante de cara al país que los colombianos aspiramos forjar.

A pesar de que sabe que tiene el sol a las espaldas y de que miembros de su Gobierno han creado fuertes resistencias entre partidos o miembros destacados de la Unidad Nacional, el presidente Santos ha ofrecido confianza en que la decisión de la Corte no implicará grandes cambios en el proceso legislativo para la incorporación del Acuerdo de La Habana a la Constitución y el marco legal. Eso explica su declaración en el sentido de que “el Congreso de la República ha venido apoyando el proceso y yo estoy seguro de que seguirá apoyando”. Su optimismo no encuentra correspondencia en posturas de partidos y miembros relevantes del Congreso, que una vez conocida la decisión del tribunal constitucional proclamaron que harán uso de su legítimo derecho a intervenir las iniciativas que empiezan su trámite parlamentario. Esa posibilidad es, justamente, la que puede traer la transparencia que se ha extrañado en la discusión de proyectos que habían hecho tránsito sin que el país accediera a su contenido y pudiera discutir su benevolencia, o daño, a las instituciones y a la sociedad. 

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El anuncio de la Corte Constitucional ha mostrado de cuerpo entero a las Farc, sus asesores y aliados. La aparición no ha sido la de personas en tránsito a la ciudadanía y, por tanto, dispuestas a vivir las realidades de la democracia, en la que se impone negociar, aceptar muchos reveses y disfrutar algunas victorias. Las amenazas de volver a las armas, por algunos de los jefes, o el reclamo de los asesores por una constituyente en la que puedan imponer sus reglas, ofrecen a la ciudadanía nuevas razones para desconfiar de su voluntad por sumarse a una democracia que día a día se hace legítima porque construye sus instituciones y procesos en la deliberación que facilita consensos entre distintos que respetan las reglas de juego; aceptar el modelo es renunciar a arbitrarias imposiciones, fundadas en viles chantajes, de ideas totalizantes que arrasan la diferencia, y la democracia que la revela.