La declaración de insubsistencia de la directora del Sena, María Andrea Nieto, no resuelve las preguntas que ella planteó sobre contrataciones y manejo de personal por el exdirector de la entidad y actual secretario general de Palacio, hechos que investigan la Procuraduría y la Contraloría, ni le da estabilidad a una institución que en el gobierno del doctor Santos ya ha tenido seis directores, incluyendo el actual encargado.

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La ministra de Trabajo justificó la expulsión de la funcionaria en la ?pérdida de confianza?, que sustenta en que la doctora Nieto denunció ante los órganos de control, que ya las investigan, y los medios de comunicación, anomalías en el manejo de la institución que debía haber llevado primero al Gobierno. La exdirectora ha respondido denunciando que no pudo comunicar los hechos al presidente porque le fue bloqueado el acceso a él; este, pues, es uno de los tantos hechos por aclarar dentro de las oscuras acciones que hoy afectan al Sena.

Hasta ahora, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, no ha dado respuesta a las preguntas de la doctora Nieto por anormalidades en la contratación de obras de infraestructura, gestión de personal y manejo de alianzas con otras instituciones, hechos que involucran miles de millones de pesos y la estabilidad laboral dentro de la institución. Tales denuncias merecen pronta respuesta del Gobierno, y aclaraciones por los órganos de control, por ser esta la principal entidad nacional en educación para el trabajo. Han de dar respuesta a las dudas, también porque, como el Icbf, el Sena no es la institución de bolsillo que los gobiernos quieren mostrar, sino que es una entidad financiada directamente con aportes de empleadores y trabajadores, que delegan su administración en los gobiernos.

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Como si tratara de pasar la página, el Gobierno Nacional ha encargado de la Dirección del Sena a José Antonio Lizarazo, actual director en Norte de Santander, quien llegó a su cargo en 2003, en elección por meritrocracia, y en 2015 fue elegido el mejor director regional. A este funcionario le corresponderá lidiar con la censura que le impone la ministra de Trabajo y empeñarse en que la Procuraduría y la Contraloría avancen en sus investigaciones con prisa y objetividad, de manera que el país aclare los hechos y, de existir, determine las sanciones a los responsables por su ocurrencia.

Comentarios:

Edgar
2017-11-03 08:03:14

Así es, que se aclaren una buena cantidad de preguntas , sin respuesta por ahora. Y que los entes de control actúen con diligencia, imparcialmente. Será posible que Santos y los suyos se abstengan de meter la mano acá?

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