Al cierre de esta edición no se conocían novedades sobre la suerte del funcionario de Naciones Unidas que el frente primero de las Farc, que se había declarado en disidencia, secuestró en el municipio de Miraflores, Guaviare, donde se encontraba promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos, rechazada por ese grupo.

Sobre el crimen se pronunciaron, el jueves, funcionarios locales y miembros de la Fuerza Pública que denunciaron el hecho del que fueron testigos; dignatarios nacionales, que reclamaron la libertad del plagiado, y los integrantes del sistema ONU en Colombia que reclamaron “su liberación inmediata” y anunciaron estar trabajando por conseguirla en forma “segura”.

Este secuestro mina la debilitada confianza del país en el cumplimiento de la promesa de Gobierno y Farc sobre que el acuerdo firmado en el Teatro Colón, y los sacrificios que impuso al país, significaba el fin del conflicto armado, la garantía de no victimización de ciudadanos y territorios y la reconstrucción de la legalidad donde había sido arrasada por el conflicto.

Aunque se dice que fue cometido por una disidencia, el crimen compromete a las Farc, y exige pronunciamientos de los locuaces jefes del grupo, que hasta el jueves en la noche omitieron referirse a él.

Y, como es lógico, también demanda que respondan por compromisos que no han cumplido, cuando ya asoma la simbólica fecha D+180.

El país está pendiente de que se entreguen oficialmente al Gobierno y los verificadores las listas de guerrilleros, milicianos, menores de edad víctimas de reclutamiento forzado y desertores. Consolidarlas y cumplir con este compromiso no tendría que ser un problema para la que se ha mostrado como organización con unidad de mando y capacidad de dirección sobre cada hombre, cada frente, cada arma. Y, como se ha demostrado necesario con los hallazgos de caletas, la última en el departamento del Meta, con la efectiva entrega al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de la totalidad de las armas-hombre, de las que ayer se anunció que apenas habían dejado mil en los contenedores a cargo de Naciones Unidas, así como de las armas encaletas.

Con los funcionarios de la ONU y con la Federación de víctimas de las Farc, principalmente con esta, exigimos que el proceso en curso garantice la libertad de más de 700 secuestrados por las Farc, o sus disidentes, y la entrega de información sobre los desaparecidos.