A lo largo de esta semana, los ciudadanos con acceso a internet están eligiendo los proyectos que la Alcaldía realizará en su territorio usando los recursos del presupuesto participativo; el domingo votarán quienes no acceden a la red o no quieren votar virtualmente. Los proyectos que se escojan en 13 comunas de la ciudad y sus cinco corregimientos fueron preseleccionados por la Alcaldía de Medellín. Se trata, pues, de una gran transformación en el modelo de presupuesto participativo que la ciudad implantó en 2007 y fue perfeccionando desde entonces. Porque representa un nuevo modelo filosófico y el desarrollo de otra metodología, el cambio ha despertado interrogantes que merecen ser considerados.

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Entregar a la sociedad una mínima porción del presupuesto total de la ciudad (5%) ha sido una forma de contribuir a la formación de la ciudadanía participante y de impulsar la formación de nuevos liderazgos públicos, requeridos para el desarrollo y gobernabilidad de la ciudad. La adhesión a esa idea ha explicado que la Administración Municipal incentivara la votación por delegados, el desarrollo de asambleas en las que ellos priorizaban las inversiones en su territorio y procurara el seguimiento por la ciudadanía a la ejecución de esos recursos. En tanto conoció dificultades en el proceso, la propia Administración desarrolló iniciativas de formación y acompañamiento a los delegados y de control a los contratos que ejecutaban recursos de ese presupuesto. Aunque la experiencia dejaba grandes logros en la ciudad, justo es reconocer que todo proceso, mucho más si se trata de incentivar la participación y usar recursos públicos, siempre es perfectible.

El modelo que el gobierno actual de la ciudad ejecuta implica enormes transformaciones en la construcción de las prioridades y en el proceso participativo. Primero, porque deja en manos de la burocracia municipal la selección de proyectos ajustados al plan de desarrollo, más que a las necesidades puntuales locales. Segundo, porque regresa a la democracia representativa mediante el ejercicio del voto, minimizando procesos de análisis, argumentación, deliberación y decisión, como el que se realizaba en la democracia participativa. Finalmente, porque se pierde el enorme potencial de formación de nuevos liderazgos, que están personificados en delegados que emergen como nuevos voceros de la ciudadanía en proceso de vinculación con la ciudad y sus decisiones más importantes.

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Los objetivos que la Administración Municipal, avalada por el Concejo, se ha propuesto con el cambio de modelo podrían cumplirse, pero no totalmente. La garantía de mejor uso de los recursos obedece a la prevalencia del modelo autoritario que limita la formación de ciudadanías al cerrar los espacios en que ellas pueden aprender a escoger, pensar en el bien público y madurar su participación. Y el control a la corrupción o el desvío de recursos públicos al crimen, dependen más, en todos los casos, de la capacidad de vigilancia del Estado, que del modo como se defina el uso de los recursos públicos.

En su primera salida, el nuevo modelo ofrece ya una certeza, la del retroceso importante en los procesos de impulso a la participación ciudadana y de formación de liderazgos. Estaremos expectantes por sus resultados en la destinación de poco más de $600.000 millones.