La permanencia en el sistema no es una realidad para miles de niñas, niños y adolescentes de las familias más pobres.
Claudia Parrado Beltrán*
Garantizar la permanecía de los niños, niñas y adolescentes en Colombia trasciende las relaciones que se tejen entre el Estado y los actores que confluyen en las instituciones educativas. Asegurar la culminación de la educación inicial, básica, media y superior requiere de alianzas público privadas que generen puentes de equidad, especialmente a la población con menores ingresos y oportunidades, ubicada en las áreas rurales y que hace parte de las comunidades étnicas.
Mediante nuestra participación en las alianzas #NiñezYA, #LaEducaciónImporta, y la campaña #Educación: mi Elección, desde la Fundación Empresarios por la Educación venimos trabajando para lograr que sea incluida en la agenda de los candidatos presidenciales, y posteriormente en el Plan de Desarrollo 2019- 2022, la reducción de brechas en las condiciones en que los niños, niñas y adolescentes acceden a la escuela y permanecen en ella.
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Aunque hemos logrado importantes avances en materia de cobertura y asistencia escolar, y aunque en los últimos diez años la tasa total de la deserción nacional cedió pasando de 5,84% en 2006 a 3,72% en 2016, en Colombia estamos lejos de la universalización. La permanencia en el sistema no es una realidad para miles de niñas, niños y adolescentes de las familias más pobres, que viven en zonas rurales o que han sido desplazadas, ni para los niños y niñas de minorías étnicas ni para los que se ven forzados a trabajar. Además, las cifras son todavía menos alentadoras cuando se trata de las niñas y niños que, a pesar de frecuentar la escuela, no gozan de una enseñanza pertinente y donde persisten barreras geográficas.
Diferentes iniciativas y programas nacionales se han dirigido a promover acciones en diferentes zonas rurales y urbanas del país. Los planes de alimentación y transporte escolar, así como dotación de textos han jugado un papel clave para lograr mayor equidad. Es también crucial la apuesta de los últimos años a la ampliación de cobertura del grado cero de la educación básica en las zonas rurales y marginadas. Estos aspectos deben estar articulados y ser extensivos a todas las regiones, condición necesaria para hablar de una política educativa pertinente que garantice la permanencia de los estudiantes, partiendo de las particularidades geográficas y acorde con las necesidades del país.
En Colombia una educación inicial, básica y secundaria, sintonizada con la Constitución de 1991, deberá ser accesible a todos, con contenidos relevantes para el desarrollo humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos nacionalmente y capaz de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno escolar. Para garantizar este postulado, la implementación de modelos pedagógicos flexibles se ha constituido en una estrategia para llegar a más niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales del país. Por ello, en el marco de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Plan Especial de Educación Rural (PEER) busca responder a los retos de la educación rural para contribuir a la eliminación de las brechas existentes y promover una educación de calidad para todos. Al ser un reto para el próximo Plan de Desarrollo, se considera relevante preguntar sobre cómo implementarlo y sostenerlo.
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Por lo tanto, es esencial incluir en la conversación con candidatos presidenciales el tema de la permanencia, particularmente en los entornos rurales. Es imperativo que reconozcan los avances y el reto que tenemos como país, y que indaguen por qué tipo de políticas y programas resulta más pertinente implementar, ampliar, sostener y consolidar en materia de alimentación, transporte, subsidios y salud para garantizar la permanencia. Mínimamente, se requerirá ampliar la destinación de recursos financieros y, al mismo tiempo, mejorar en eficiencia y eficacia la gestión institucional pues, evidentemente, todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia tienen derecho a una educación equitativa, que les asegure oportunidades de aprendizaje permanentes a lo largo de toda la vida, sin retrasos ni obstáculos, que les permita desarrollar al máximo todo su potencial y alcanzar sus sueños.
*Asesora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.