La relación del presidente Juan Manuel Santos con el sector minero no fue más allá de las buenas intenciones y de los anuncios llamativos en los ocho años que está a punto de cumplir su administración. Esto resulta evidente después del IV Congreso Nacional de Minería, celebrado en Cartagena, a donde el mandatario no asistió pero sí envió un mensaje por escrito, totalmente desconectado de la situación actual de la industria y en el que no hizo mención alguna de las tareas con las que se comprometió personalmente, particularmente en 2017, las cuales no se ejecutaron y desde ya engrosan la larga lista de pendientes, tanto para el nuevo Congreso que se instala el 20 de julio, como para el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

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Es ampliamente conocida la tesis del mandatario durante su primer mandato, según la cual la minería sería una de sus “locomotoras para el desarrollo”. Las buenas cifras de la industria a comienzos de la década le permitieron a Santos trazarse ese objetivo, el cual quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, y dar unos primeros pasos que, hay que decirlo, apuntaban en esa dirección. Lo más destacado fue la organización de la institucionalidad mediante la creación de la Agencia Nacional de Minería. Los buenos precios de los minerales y la alta producción, especialmente de carbón, consolidaron la vocación exportadora del sector. Sin embargo fue otra decisión de este Gobierno, la reforma al Sistema General de Regalías, con el recordado argumento de “repartir equitativamente la mermelada sobre la tostada”, lo que empezó a cambiar las condiciones del sector, con unos municipios menos interesados en promover la actividad, dada la baja compensación recibida, y con movimientos sociales cada vez más empoderados, quienes encontraron eco en las altas Cortes, donde se quebró la jurisprudencia sobre la propiedad y el derecho sobre los recursos naturales del subsuelo, creando un marco de inseguridad jurídica que, al terminar su mandato, Santos no ha logrado resolver.

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Cuando iniciaba su segundo mandato, coincidiendo con la primera versión del Congreso Nacional de Minería, el discurso oficial estaba plenamente sintonizado con las expectativas del gremio, según el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola: Santos hacía énfasis en los planes de formalización, en la promoción de la minería legal y en el combate de la extracción ilícita de minerales. Y aunque hay evidencia amplia de los beneficios de los planes de formalización, como son los casos de Buriticá y de Segovia y Remedios en Antioquia, la cascada de decisiones judiciales y de consultas populares contra la minería, desplazaron la prioridad hacia la necesidad de normas para llenar los vacíos jurídicos creados.

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A estas expectativas Santos respondió, en su intervención de 2017, anunciando la formulación de un proyecto de ley de reforma a las Consultas Previas, otro proyecto de ley llamado “de concurrencia” que permitiera encontrar un equilibrio entre la actividad legal y la protección del medio ambiente y, por último, el proyecto de ley contra la minería ilegal que, en palabras del propio presidente, tipificaría los delitos relacionados con la extracción ilegal, la cual sería considerada como financiadora del terrorismo. Al día de hoy, el proyecto de ley de concurrencia nunca se presentó, el de reforma a la Consulta Previa, que paradójicamente debía ser sometido a consulta previa, quedó paralizado por la negativa de sectores indígenas y afrodescendientes a aceptarlo, y el de minería ilegal, que sí llegó al Congreso, apenas tuvo un debate y, según la ACM, no tiene ni ambiente ni tiempo para que reciba el segundo debate antes del 20 de junio próximo, cuando termina la actual legislatura.

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A la falta de acción estatal para corregir estas situaciones, la gran minería en Colombia suma hoy nuevos reclamos que, como se dijo antes, tendrá que gestionar con el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso. Se trata de la competitividad del país frente a sus vecinos, cuyas cargas tributarias son mucho más atractivas para la inversión extranjera, los trámites son menores, simultáneos y más expeditos y donde la percepción de certeza jurídica es mucho mayor que en Colombia. Según el gremio de los mineros, mientras Perú recibió inversión extranjera de 8.000 millones de dólares en 2017, a Colombia apenas llegaron 1.000 millones para el sector. La conjugación de todos estos factores ha ubicado a Colombia, según el ranking del Instituto Fraser, en el puesto 64 en términos de destino atractivo para la inversión minera, lo que quiere decir que el país, en los últimos seis años, ha retrocedido 32 escaños, pues llegó a ubicarse precisamente en el puesto 32 en 2012. Hoy, países como Argentina, que hace seis años figuraba 71 en el ranking, y Ecuador, que para 2012 estaba en el puesto 87, igualan o superan a Colombia como destinos atractivos porque sus Gobiernos, según el gremio, han adoptado políticas de Estado con respecto a esta industria, mientras en nuestro país el Ejecutivo y el Legislativo se muestran inmóviles, dejando el espacio abierto para que la rama Judicial no solo juzgue sino que legisle y dicte políticas mayormente en detrimento del sector formal.

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Se ha configurado, pues, a manera de balance, un abandono de la minería y un lánguido desvanecimiento de las iniciativas que tantas expectativas despertaron en el pasado. Empezar de cero parece ser el camino que les queda a los empresarios legales.