Registra El Tiempo del pasado martes, que con quince días de vigencia el nuevo Código de Policía ya tiene 35 demandas.
Registra El Tiempo del pasado martes, que con quince días de vigencia el nuevo Código de Policía ya tiene 35 demandas. Y agrega que en realidad se han recibido 55 demandas en la Corte Constitucional, pero que ya se han archivado 20, admitido 15 y en estudio preliminar están las 20 restantes. Es todo un alud de demandas, pero faltan por llegar muchísimas más. En Colombia, ya hay habituales demandantes de leyes completas, de artículos, de incisos y de parágrafos: El Polo Democrático (especialmente Jorge Robledo e Iván Cepeda), el Centro Democrático, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Dejusticia y la Red de Veedurías Ciudadanas (Pablo Bustos), son los más consuetudinarios impugnadores. Y por supuesto que muchos abogados aparecen también en escena, buscando tumbar normas.
Los demandantes, se clasifican en tres categorías: en la primera, están los militantes de partidos políticos que quieren mostrar como trofeos estas impugnaciones, para apuntalarse entre sus militantes como personajes activos que defienden causas nobles: en la segunda, se encuentran los abogados con afán de nombradía, que pretenden ganar puntos con apariciones televisivas y de prensa, que repercutan en obtener mayor clientela y, en la tercera, se hallan algunas personas más ignotas que hacen las cosas por convicción y porque en su jaez de rigor académico, sienten que es un triunfo del estudio y de muchas horas de examinar determinada situación legal. Salir avantes en esta materia, garantiza ser noticia en los más importantes medios del país, por lo que no hay nada qué perder y sí mucho por ganar.
En Medellín, existía un brillante abogado y contador (fallecido en al año 2013), que era especialista en tumbar leyes, incisos y parágrafos. Solo que éste, encarnaba una categoría especial: la de los impugnadores que lo hacen con exacerbado ánimo de lucro. ¿Qué significa ello? Que cuando con la lupa del saber, se descubre un vicio de trámite o una infracción constitucional o un quebrantamiento de fondo de una ley frente a la pirámide jurídica, los rutilantes hombres de nuestro cuento visitan empresas y les dicen a sus gerentes: ¿Cuánto me pagan si vuelvo pedazos una norma, que a ustedes les representa equis millonada en impuestos? Y los dirigentes, tentados por los impactantes ahorros que obtendrían, negocian con los tumbadores de normas y acuerdan una cifra exuberante, bajo tarifa de éxito. Es un gana-gana, entonces.
En este deporte nacional de impugnar y pulverizar normas –pues no hay ley, decreto, decretico, parágrafo o parrafito, inciso o incisito que no reciba demandas–, en muchas ocasiones se proclama victoria por los activos atacadores de la normatividad vigente. Desde luego, en la mayoría de veces no pasa todo de ser una embestida o un embeleco sin frutos. Hay casos también muy pintorescos, como cuando el Consejo de Estado tumbó la norma que limitaba el uso del bigote en la Policía Nacional a los grados de capitán, suboficiales y nivel ejecutivo a partir de sargento segundo o intendente, dejándolo en plano de igualdad para todos; o cuando la Corte Constitucional declaró inexequible una insólita norma que restringía el ingreso al país de ciudadanos foráneos enfermos, alcohólicos, “idiotas” o “cretinos”, en una demanda que se produjo 96 años después (databa de 1920) y que fue tildada de inaceptable discriminación contra los extranjeros.
El plebiscito del 2 de octubre concitó la atención de los frecuentes impugnadores, lo que alternó demandas en búsqueda de anular los resultados por una pretensa manipulación de los promotores del no y de repetir las votaciones en zonas afectadas por el paso del huracán Matthew. No menos atractiva ha sido la reforma tributaria y también sedujo la reforma de equilibrio de poderes. En general, siempre habrá sustrato para los habituales personajes que se hacen sentir en estas demandas. Desde luego, han abundado las que pretenden la declaratoria como inconstitucional del Iva del 19% y las que quieren volver añicos el impuesto a la telefonía celular. Todo un deporte nacional, que tiende a tener cada vez más adeptos en acción.