Acosta ha sido ya el primer Fiscal General adjunto hispano del país y un procurador federal que ha llevado a juicio a líderes de carteles del narcotráfico de Colombia y a reconocidos políticos estadounidenses en sonados casos de corrupción en el sur de Florida.
El nominado de padres cubanos, de ser confirmado por el Congreso, ampliaría además la lista de los hispanos a cargo del Departamento de Trabajo, con Thomas Pérez e Hilda Solís como sus antecesores durante el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).
Graduado en leyes en la Universidad de Harvard trabajó de la mano con el juez del Supremo de EE.UU., Samuel Alito, en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito antes de vincularse a la firma legal Kirland & Ellis, en Washington.
Fue integrante de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (2002-2003) durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009), tras lo cual fue nombrado Fiscal General adjunto para la división de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia, puesto desde el cual defendió los derechos de los estadounidenses de religión musulmana.
Más adelante, en 2011, Acosta señaló que EE.UU. es una nación construida sobre el principio de la libertad y “en la lista de libertades están en un puesto alto la libertad de expresión religiosa” durante una audiencia en el Congreso sobre la importancia de proteger los derechos civiles de los musulmanes estadounidenses.
El nominado fue el primer hispano en llegar al puesto de Fiscal General adjunto, cargo al que renunció en 2005.

De ser aprobado por el Congreso, Acosta sería el latino de mayor rango en el Gobierno de Trump, una posición que reclamaban grupos civiles nacionales como la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO).
El director de NALEO, Arturo Vargas, había cuestionado en enero pasado que el presidente Trump debería contar con latinos en “altos cargos federales” en su Gobierno para representar la “diversidad” nacional.
En Florida, Acosta, de 48 años, sirvió entre 2005 y 2009 como Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur, y entre otros casos de resonancia tuvo el del cabildero republicano Jack Abramoff por fraude.
De igual forma, el de José Padilla por terrorismo, el del hijo del expresidente de Liberia Charles Taylor, acusado de tortura en su país y el primero de su tipo en Estados Unidos y varios casos de corrupción en el condado Palm Beach.
Además procesó a los líderes del Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríquez-Orejuela, por el tráfico de unas 200 toneladas de cocaína.
Después de su cargo como fiscal del Distrito Sur del estado de Florida, su puesto mas importante dentro de la carrera judicial, renunció en 2009 para ser decano en FIU.
Además de su puesto en FIU, Acosta es presidente de U.S. Century Bank, el mayor banco de la comunidad hispana de Florida y es presidente de la Junta de Fideicomisarios de las Escuelas Gulliver.
Acosta ha sido reconocido también por organizaciones hispanas, como uno de los 50 Hispanos más influyentes del país por Hispanic Business Magazine.
De igual forma, en 2013, la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida resaltó sus “logros sobresalientes, liderazgo y determinación durante toda una vida de cuidado y devolución a la comunidad”.
El primer designado por Trump para la cartera de Trabajo, el empresario Andrew Puzder, retiró ayer su candidatura a raíz de las numerosas críticas recibidas por parte de senadores republicanos y demócratas por su historial empresarial y personal.