Entre la “lluvia” de decretos que firmó el presidente Juan Manuel Santos el fin de semana pasado para la implementación de los acuerdos de paz, uno de ellos reitera lo que el Gobierno había anunciado desde febrero de este año: que $1,3 billones de regalías que estaban destinados para financiar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) ahora irán a la construcción de vías terciarias.

El dinero, que equivale a más de cuatro veces el presupuesto anual de Colciencias, son saldos sin ejecutar del Sistema General de Regalías, dispuestos para financiar los proyectos de ciencia y tecnología que presentaran en las regiones. Ahora, según el anuncio del presidente Santos, “por una sola vez” esas regalías se usarán para la construcción de más de 3.000 kilómetros de vías terciarias en todo el país.

El cambio de la destinación de los recursos fue mal recibido en la comunidad científica, que reclama compromiso institucional con la ciencia y una política clara que asegure recursos para investigación.

Para Moisés Wasserman, investigador y exrector de la Universidad Nacional, “la decisión lo que muestra es la ausencia, no solo de una política de ciencia, sino de una preocupación por ella. Es claro que se considera algo que se puede dejar para después, cuando ya no tengamos urgencias, sin considerar, primero, que siempre hay urgencias y, segundo, que es precisamente la ciencia la que provee instrumentos para resolverlas”.

No obstante, para otros sectores la inversión en vías está relacionada con el desarrollo de los territorios y con la tecnología, por lo cual el dinero no estará dejando de cumplir su misión.

Carlos Montoya, coordinador de la corporación Municipios que avanzan y exdirector de innovación industrial de Colciencias, aseguró que si esta inversión es para aplicar nuevas tecnologías de estabilización de vías, “se puede garantizar hasta cinco años de calidad en esas carreteras. Entonces no es solamente una inversión en infraestructura sostenible, es una innovación frente a lo que el país ha venido haciendo por más de medio siglo, que es echarle gravilla a las vías. Es una inversión que va a desatar muchos procesos de investigación y desarrollo”.

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Descentralización de la ciencia

Cuando en 2011 Juan Manuel Santos anunció que 10% de los recursos del Sistema General de Regalías (SGP) se destinarían para financiar la ciencia y la tecnología, los científicos del país recibieron con ilusión los recursos que ayudarían a frenar la desfinanciación de la ciencia en el país. No obstante, el nuevo modelo de financiación no logró lo esperado. 

La financiación con el SGP está concebida para que lleguen recursos para ciencia y tecnología a todas las regiones del país, para que desde esos territorios se consoliden proyectos innovadores. No obstante, la academia critica que la aprobación de estos proyectos está expuesta a los intereses de las gobernaciones, que no en todos los casos ven en la ciencia y en la tecnología un medio de desarrollo.

María Patricia Arbeláez, vicerrectora de investigación de la Universidad de Antioquia, explicó que “en las regalías la comunidad científica encontró la esperanza de financiamiento más sólido, pero no hay una lógica adecuada de los ritmos de la ciencia con los ritmos de los entes territoriales para asimilar el conocimiento científico en las labores. Entonces ese desfase no es porque falte capacidad investigativa en el país, sino que las prioridades territoriales no siempre son las mismas de la agenda del conocimiento y no siempre dan respuesta en los tiempos que los territorios lo requieren”.

Este nuevo modelo que descentraliza la ciencia ya ha acarreado problemas. A finales de octubre de 2016, la entonces directora de Colciencias, Yaneth Giha, aseguró que $1,5 billones de los fondos de regalías para ciencia y tecnología estaban represados por falta de proyectos suficientemente buenos. Afirmación que fue rechazada por la comunidad científica. 

Además, en marzo de este año la Contraloría evidenció que hay recursos por más de $600.000 millones gerenciados por contratistas sin experiencia; además, en algunos de esos proyectos no es clara su pertinencia o su alcance fue modificado de manera sustancial. Entre estos casos denunciados por la Contraloría, el más absurdo fue la destinación de recursos para un spa y un asadero de pollos.

A pesar de estos tropiezos, Jaime Restrepo Cuartas, rector de la Universidad de Santander, aseguró que es importante descentralizar la ciencia para incluir proyectos regionales de CTi que pueden contribuir al desarrollo del país, “pero no se está utilizando un modelo adecuado, porque estas regiones no tenían las capacidades para hacer un manejo apropiado”.

Cuartas señaló que un segundo inconveniente es que “se le permite a los gobernadores que a través de las secretarías de planeación departamental, puedan definir si los proyectos cumplen o no los requisitos. Ahí se produce una tergiversación, porque muchas veces los gobiernos departamentales están interesados es en generar obras de infraestructura, en regar redes de fibra óptica o construir edificios”.

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Política pública que trastabilla

En 2016 el Gobierno Nacional anunció la elaboración de un documento Conpes que definiría la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo el Conpes se quedó en borrador.

El documento planteó metas como invertir $6,1 billones en los próximos 10 años, incrementar la inversión en CTi al 1% del PIB en 2018 y al 1,5% en el 2025. También, graduar 3.218 doctores, es decir 60 doctores por millón de habitantes. Esto con el fin de ser el tercer país más innovador de América Latina en 2025.

Según Pablo Patiño, director de la Corporación para las Investigaciones Biológicas (CIB), los borradores de ese Conpes fueron mal recibidos por la comunidad académica y por distintos sectores, “tanto así que el Gobierno termina por retirar ese proyecto y genera uno diferente, el Conpes de la política de desarrollo productivo con enfoque territorial, que le da un espacio a la innovación, pero sin que realmente esté sustentado en el conocimiento, sin que detrás haya investigación y ciencia”.

Para Wasserman, la política de CTi se desgasta en lemas sin contenido: “hay periódicamente compromisos de aumentar la inversión, y seguimos con los peores indicadores de inversión de la región. Los últimos informes de Observatorio de Ciencia y Tecnología muestran que empiezan a disminuir el número de investigadores y grupos activos. La poca conmoción que han producido esos reportes muestran la ausencia de política y de preocupación.”

Por su parte, Andrés Amell Arrita, coordinador del grupo de investigación Gasure de la Universidad de Antioquia y exconsejero del programa nacional de investigación en energía y minería de Colciencias, consideró que el borrador Conpes se hizo porque el gobierno tenía una presión por mejorar indicadores científicos y tecnológicos por el interés de ingresar en la Ocde, "pero una vez el panorama para ingresar se aclaró, el Gobierno de Santos mostró un desinterés absoluto por desarrollo instrumentos de política como un Conpes nacional que oriente la política científica y tecnológica, y que queden claramente establecidas las fuentes de financiación”, señaló.

Asimismo, el coordinador de Gasure, puntualizó que “la ley de Ciencia y Tecnología de 2009, que fue para modernizar a Colciencias, no dejó claro de dónde iban a salir los recursos para financiar CTi y no podemos depender solo de las regalías por que son fondos variables. Una política de financiación tiene que tener rubros claramente establecidos en el presupuesto nacional. En otros países se han establecido tasas impositivas que van a fondos para  investigación y ciencia”.

Patiño, director de la CIB, concluyó que “desde que está Santos en la presidencia no ha habido ningún cambio sustancial a lo que ha sido la historia del país. El Gobierno Santos se termina comportando como los demás gobiernos que lo antecedieron, en el sentido de que nunca ha habido una decisión política para apoyar de manera sustancial a la ciencia y la tecnología”.

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CTi para la competitividad

Mientras que en promedio los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), invierten un 2,4% de su PIB en desarrollo de ciencia y tecnología, Colombia invierte un 0,27%, es decir, casi diez veces menos.

Julián de Zubiría, consultor en educación de la ONU, sostuvo que “no seremos competitivos invirtiendo tan menguados recursos en ciencia e investigación. Un país que invierte el 0,2% del PIB en investigación y ciencia no tiene futuro, ya que seguirá dependiendo de exportar productos agrícolas y minerales con bajo valor agregado. Para este año hemos pasado en competitividad del puesto 51 al 54 entre 63 naciones evaluadas a nivel mundial. Esto pasa porque en corrupción ocupamos el puesto 61 y porque el apoyo a las investigaciones es en extremo bajo”.

En la perspectiva del científico Andrés Amell Arrita, la baja inversión obedece a una visión gubernamental que sugiere que no es necesaria la generación de ciencia y tecnología en el país porque la globalización permite una oferta amplia para importar.

El investigador de la Universidad de Antioquia aseguró que, por el contrario, es fundamental tener capacidad científica generada desde Colombia, porque “permiten resolver problemas que externamente no nos la van a resolver, además está correlacionada con la calidad de la educación y también permite agregar valor, por la vía del conocimiento, a los recursos naturales para superar el patrón de desarrollo que hemos tenido que ha sido fundamentalmente en exportación de bienes primarios”.

Como ejemplo, el profesor citó el problema de contaminación relacionado con el transporte, pues los motores son creados para otros pisos térmicos en donde la combustión se da de forma diferente. “Al no ajustar las tecnologías importadas, pueden surgir problemas de eficiencia energética o de emisiones contaminantes críticas como pasa en Medellín”, dijo.

En este sentido, Pablo Patiño afirmó que el conocimiento da un valor agregado alto a la producción del sector industrial y de servicios. Además, “el conocimiento se convierte en un elemento necesario para que la sociedad, al hacer apropiación del conocimiento, genera nuevas formas de convivencia. Por ejemplo, para el posconflicto el conocimiento es fundamental y puede ayudar a los procesos de reinserción y de recuperación de la capacidad productiva de las comunidades desplazadas”.