Normalmente la expresión “corrupción” es asociada a la realización de conductas ilícitas de funcionarios púbicos o de particulares que administran recursos del Estado, que en razón de sus actuaciones se hace acreedores a la imposición de sanciones disciplinarias y penales, pero lo más grave de la corrupción es que como consecuencia directa de esos actos, los recursos públicos no son destinados a los fines propios del Estado, afectando a la comunidad, en especial a los sectores más pobres que demandan una mayor intervención del Estado.

Dentro de los instrumentos anticorrupción de que dispone el Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sin duda alguna el último es de los que tienen mayor valor social, pues su finalidad no es exclusivamente vigilar para castigar, pues, debe concentrarse en vigilar para que los recursos públicos se destinen al cumplimiento de los fines propios del Estado y para lograr su indemnidad en los casos en que resulte afectada.

Aunque es deplorable, que los organismos de control no actúen eficaz y oportunamente, la frustración es mayor si quien no hace es el encargado del control fiscal, pues su inactividad afecta en forma directa en la calidad de vida de los ciudadanos, esto explica, que ante la crisis innegable que vivimos los colombianos, los organismos encargados de realizar el control fiscal a la administración, sean los primeros llamados a transformarse.

La transformación integral del control fiscal en Colombia no da espera, ni puede limitarse a la eliminación de las Contralorías Territoriales, para concentrar, centralizar y alejar del ciudadano esta modalidad de control, todo lo contrario, la base la transformación debe ser el fortalecimiento de la descentralización, la democracia de participación y la vinculación de los ciudadanos al proceso de control.

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Para el cumplimiento de los fines del control fiscal, el mismo debe basarse en tres hitos esenciales, ellos son: la publicidad en las actuaciones de la administración, la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública y la utilización de los diferentes medios que proporcionan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Solo un control fiscal soportado en este tipo de instrumentos podrá producir los efectos esperados en eliminación de la corrupción y la adecuada protección de los derechos ciudadanos.

En el actual contexto las Contralorías tanto nacional, como las territoriales, son las llamadas a provocar que se inicie un gran dialogo nacional sobre el futuro de la actividad que adelantan los diferentes organismos de control, en especial las propias contra contralorías, pero ese dialogo no puede partir de ignorar a las comunidades locales y mucho menos partir de la eliminación de organismos de control, que por el contrario, ellos deben tecnificarse, fortalecerse y ponerse al servicio ciudadano.

Las objetivos más importantes que deben servir como base al reorientar el ejercicio del control fiscal deben ser: (i) vincularlo con el control ciudadano, para que exista una articulación imperativa entre las veedurías cívicas y la deducción de responsabilidades fiscales; (ii) reestablecer la competencia sancionatoria del contralor, para que pueda imponer multas o solicitar que sean retirados del servicio los gestores fiscales, que no cumplen de manera adecuada con los fines propios del Estado, y (iii) debe establecerse que la decisión final en los procesos de responsabilidad fiscal, producen efectos de cosa juzgada y por lo tanto no deben ser susceptibles de nuevas revisiones judiciales, por esto, el proceso de responsabilidad fiscal debe ser objeto de transformaciones sustanciales.

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Aunque la reforma del control fiscal, tiene varios componentes todos ellos de la mayor importancia, el primero tiene que ver el fortalecimiento técnico del ejercicio de esta modalidad de control, lo que implica que la selección de los servidores se someta estrictamente al sistema de carrera fiscal y que la elección de los contralores deba hacerse mediante un sistema riguroso de concurso público, a través del cual se pueda examinar la hoja de vida de los aspirantes, sus conocimientos específicos y su vocación al ejercicio de una de funciones más complejas que debe ejercer el Estado.