En la guerra contra el narcotráfico esta medida es inútil y responde más a criterios moralistas y políticos que a un propósito genuino por acabar con el negocio de la droga.
Melissa Pérez Peláez
Al gobierno actual se le olvidó, o prefiere ignorar, en qué país estamos. Desde la campaña presidencial, al gobierno de Iván Duque se le volvió casi en una obsesión el asunto de la guerra contra el narcotráfico; sin embargo, a pesar de tanto maquinar en contra de este cáncer no se le ha ocurrido más que ideas torpes y desesperadas que no aportan realmente a la solución problema, sino que, por el contrario, parecen fortalecerlo aún más.
Por un lado, al presidente Iván Duque se le ocurrió proponer un proyecto de decreto que autoriza a la Policía Nacional a decomisar la droga que los consumidores porten. En primera instancia, parece que hay que recordarle al actual presidente, a sus consejeros y seguidores que esta medida ya había sido declarada inconstitucional en virtud de la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que dicha medida sólo significa un retroceso en asuntos de protección de la libertad individual.
En segundo lugar, es racional considerar que esta facultad que le pretende conceder el gobierno a la Policía Nacional atenta directamente contra la libertad de los ciudadanos, ya no por decomisarle su droga, sino además, por perseguir a todo el que se crea sospechoso de portarla. Y ¿quiénes son sospechosos de portarla? Esta medida parece ser diseñada para una población específica: jóvenes pobres; pues no es noticia que las clases altas también son grandes consumidores, la diferencia es que, primero, cuentan con lugares privados en donde la droga puede ser consumida sin ningún inconveniente, y segundo, cuentan también con el exclusivo servicio a domicilio.
En la guerra contra el narcotráfico esta medida es inútil y responde más a criterios moralistas y políticos que a un propósito genuino por acabar con el negocio de la droga. Primero, porque en lugar que debilitarlo lo fortalece, pues lo que logrará es que el precio de esta suba, en la medida en que su comercio de hace más difícil. Y segundo, porque toca apenas uno de los aspectos de la droga: el consumo, y deja de lado la violencia que genera la comercialización clandestina y las grandes mafias alrededor de esta.
Por otro lado, en medio del debate del aumento del 11% de las hectáreas de cultivos ilícitos, al gobierno actual se le ocurrió otra medida igualmente inútil y extremadamente dañina para la salud de la población en donde se encuentran estos cultivos, además del daño medio ambiental: la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, luego de estar suspendidas desde el 2015.
Las indicaciones de este producto son claras y específicas: (i) El producto no puede usarse si se cree que va a llover en las siguiente seis horas o si está cerca de fuentes de agua, (ii) tanto humanos como mascotas deben estar alejados de la zona fumigada hasta que el producto seque por completo, (iii) los animales que pastan deben estar alejados hasta por dos semanas de la zona fumigada, (iv) los frutos de las plantas que han sido rociadas no pueden ser consumidos sino hasta después de 21 días de la aspersión, (v) el producto sólo debe de tener contacto con la base del tronco de la planta que se quiere fumigar y (vi) siempre se debe utilizar protección facial, botas, guantes y ropa protectora para su uso.
Sin embargo, el gobierno actual insiste en la idea de que con la aspersión aérea se cumplen a cabalidad las instrucciones de uso del glifosato y que como ministro de defensa Guillermo Botero lo usa en su finca ya es seguro ¡como si el país se manejara como una finca!, porque “el mundo no nos va a aceptar nosotros nadando en coca” y porque, según Alejandro Ordóñez: “no se puede pretender desmontar una política pública fundada en una información científica que no es definitiva”, sin embargo, ya se hicieron pruebas en animales ¿se tiene que hacer pruebas en personas para que a Ordóñez le parezca que sí es definitiva?, lo que no es definitivo son estudios que prueben que el glifosato no causa cáncer.
A pesar de que por muchos años se utilizó la fumigación con glifosato como plan de lucha antidroga, Colombia sigue siendo el principal cultivador de coca en el mundo. La medida es un total fracaso porque no atiende al real problema detrás de la producción de droga, problema que el gobierno ha preferido ignorar para mostrar a organizaciones internacionales que sí está haciendo algo: los campesinos cultivadores de droga no hacen parte de la mafia del narcotráfico, sólo buscan la satisfacción de sus necesidades básicas, necesidades que el gobierno durante años no ha cubierto.
En definitiva, tanto el proyecto que pretende concederle la facultad a la Policía Nacional de decomisar droga para su consumo y la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato son medidas que más que solucionar el problema, evidencian el precario acercamiento al asunto del narcotráfico, y cómo el gobierno le ha dado la espalda a toda la complejidad del problema.
La oferta en el cultivo siempre responde a la demanda del mercado de la droga.
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