Una imagen, carátula de la revista Time, resumió las últimas semanas de horror vividas por quienes intentan ingresar a Estados Unidos sin contar con visa: a la derecha Donald Trump alto y fornido simbolizando su política de tolerancia cero en materia migratoria y, a la izquierda, una aterrorizada niña de dos años cuya madre, cuando se tomó la foto, estaba siendo cateada por una agente fronteriza, dando testimonio de la condición precaria e indefensa de quienes son considerados delincuentes por querer cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo menores de edad.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar la Convención sobre los derechos del niño hace casi 30 años, definió un nuevo estándar ético y moral para la niñez al reconocerla como portadora de derechos. Hasta hoy sólo Estados Unidos y Sudán del Sur permanecen fuera del tratado y no han querido ratificarlo. Los estadounidenses que firmaron la Convención en 1995 se limitan, según el Departamento de Estado a “apoyar las metas de este importante tratado de derechos humanos” y al no haber sido avalado por el Congreso, el país no tiene obligación formal ni legal de cumplir su contenido.

La noticia de la separación de padres e hijos en la frontera sur tocó la fibra a buena parte de la sociedad estadounidense, sensible cuando se trata de la familia, y se hizo más sonora cuando se divulgaron imágenes de niños en jaulas y el llanto de bebes indefensos reclamando a sus papás.

La administración Trump desafió el espíritu compasivo del que se precia buena parte de la población estadounidense al afectar severamente a los niños, en su avidez por cortar el flujo migratorio informal, aprobar una implacable ley migratoria y presionar al Congreso para que apruebe 25 mil millones de dólares destinados el famoso muro fronterizo.

La sonoridad de voces de rechazo a la ruptura de las familias provino de diversas latitudes y desde luego desde dentro de los Estados Unidos. Sin dar demasiadas vueltas y haciendo referencia a lo desgarrador de las imágenes que el mundo presenció, la directora ejecutiva de Unicef le recordó al gobierno de Estados Unidos que “la detención y la separación familiar son experiencias traumáticas que pueden exponer a los niños más vulnerables a la explotación y el abuso” que a la larga puede afectar su adecuado desarrollo.  Le dice también que tienen “derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias”.  Y, para que no quede duda, le recuerda que en múltiples oportunidades el Gobierno y sus ciudadanos “han apoyado a niños refugiados, solicitantes de apoyo y migrantes afectados por las crisis en todo el mundo”.

A los niños, en esas circunstancias, debe tratárseles como víctimas que requieren de comprensión y cuidado, sin dar cabida a la ruptura de su más poderoso hilo afectivo, la relación con sus familias. Esta operación tolerancia cero con los niños ha sido tan inhumana desde el inicio que ahora, pese a haberse suprimido, requiere del uso de pruebas ADN para hacer posible la reunificación familiar.

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Esta realidad no es nueva.  En un año (octubre 2012 a septiembre 2013), 24,493 niños fueron interceptados en la frontera y la cifra llegó a casi 60,000 niños en octubre de 2014, el 75% procedente de Honduras, El Salvador y Guatemala. 

Para la administración Trump, la solución al problema está en cerrar la frontera sur y castigar a quienes intenten franquearlas sin visa, incluyendo a los niños; omitiendo toda consideración sobre la precariedad de condiciones de vida en los países centroamericanos de donde procede la mayor parte de los viajeros.  

Cuando Andrés Manuel López Obrador asuma el gobierno de su país el próximo 1 de diciembre, tendrá que abogar por el buen trato a adultos y niños en su larga frontera con los Estados Unidos y sumar sus energías a las fuerzas estadounidenses interesadas en una política migratoria más humana que, para comenzar, erradique el maltrato a la infancia.